La figura de los CES está valorada, impulsada y extendida en el seno de la UE y de sus estados miembros

El art.131.2 de la Constitución española reconoce la participación, el asesoramiento y la colaboración de los sindicatos y organizaciones empresariales, profesionales y económicas en la planificación de la actividad económica para atender las necesidades colectivas, equilibrar el desarrollo y estimular el crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución.

Este principio queda perfectamente plasmado en el papel que vienen desarrollando los Consejos Económicos y Sociales a lo largo de la historia de nuestra democracia que se constituyen como plataformas institucionales de permanente diálogo y deliberación, donde están representadas las organizaciones socioeconómicas que se comunican y participan, a través de los CES, en la actividad parlamentaria y de Gobierno, haciendo llegar opiniones y planteamientos sobre las decisiones que éstos puedan adoptar y que afectan los intereses de una amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas allí representados.

Todo ello, hace sin duda de nuestra democracia, una democracia más participativa, más legítima, más rica y dinámica, más fuerte y por lo tanto más estable y duradera. La democracia no puede basarse en pedir la confianza a los ciudadanos cada cuatro años, sino en hacerles partícipes del modelo, en tomar el pulso de sus intereses y opiniones de forma continuada.

Cabe recordar además como la figura de los CES está valorada, impulsada y extendida en el seno de la UE y de sus estados miembros y reconocida en el propio Tratado Constitutivo.

Pero es que además, sus dictámenes o recomendaciones llevan incorporado el valor añadido de ser fruto del consenso y del acuerdo entre los grupos que componen el CES y que representando intereses, en ocasiones muy dispares, son capaces de dar una valoración unánime y encontrar puntos de encuentro comunes.

Este tipo de instrumentos y procedimientos a la hora de legislar vienen protagonizando un importante papel en nuestra historia democrática que en los momentos actuales resultan aún más significativos y fundamentales.

Por ello no podemos admitir ni permitir que con el pretexto de la crisis y bajo la excusa de la austeridad se proceda a dilapidar mecanismos de participación, que fortalecen nuestra democracia y son una vía de encuentro y conexión permanente, un vaso comunicante de los parlamentos con la sociedad.

De no ser así, de optar por disolver organismos e instrumentos de esta naturaleza estaremos, sin duda, comenzando a recorrer un sinuoso camino muy peligroso para el futuro de las libertades y de nuestro modelo democrático. Si la crisis ha conseguido dañar ya a los servicios públicos, a los derechos laborales y sociales, al estado de bienestar, a la igualdad de oportunidades, no podemos permitir que también dañe los pilares de nuestra democracia social y de derecho que supondría iniciar un viaje de muy difícil retorno.

Resulta cuanto menos paradójico que sean algunos grupos políticos los que pretendan guillotinar instrumentos de participación democrática y ciudadana, pues ellos son también pilares fundamentales del estado de derecho, tutores y guardianes de un modelo democrático que de comenzar a tambalearse terminará volviéndose contra ellos.

Desde la Unión General de Trabajadores les pedimos una seria, profunda y pausada reflexión sobre lo que a efectos prácticos sería la desaparición del Consejo Económico y Social y sobre lo que ello significa realmente en términos de salud y calidad democrática.

El Consejo Económico y Social de Asturias ha venido desarrollando una actividad dinámica a lo largo de su historia y sus dictámenes han sido utilizados en el parlamento asturiano a la hora de debatir normativas, incluso por aquellos grupos parlamentarios que hoy están pidiendo su disolución. Además, el Consejo ha sabido adaptarse a la coyuntura económica de estos últimos años y en un esfuerzo de austeridad ha ajustado su presupuesto a este nuevo escenario afrontando, al igual que muchos ciudadanos e instituciones, con menos recursos un mayor volumen de trabajo. Basta comprobar cómo el presupuesto con el que cuenta el organismo se ha reducido en más de un 23% desde el año 2010.

Con todo, resulta inaceptable el hecho de que esta crisis y la ortodoxia del déficit público nos pueda llevar a eliminar cauces de participación democrática y de vínculo entre la ciudadanía y los parlamentos, lo que no impide adaptarnos al escenario de crisis y dificultades financieras bajo el principio de que con menos recursos debemos hacer más, pero nunca dilapidando instituciones que garantizan el diálogo social formando parte esencial de nuestro entramado democrático.

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