En estos últimos días estamos asistiendo atónitos a la polémica generada en torno al Salario Social Básico y convendría hacer un poco de memoria al respecto.

El Salario Social nace fruto del acuerdo en el ámbito de la concertación social, y se pone en marcha en el año 2005 como un instrumento de protección social con un doble objetivo. Por un lado, cubrir las necesidades más básicas de aquellas personas y familias que carecen de recursos económicos y, en segundo lugar, como medida de apoyo a la inclusión social.

¿Cuál parece ser el problema ahora? Que la situación de crisis en la que estamos ha llevado a miles y miles de familias a situaciones límite, de auténtica emergencia, lo que ha provocado que el presupuesto que se venía destinando a esta ayuda resulte insuficiente.

Deberíamos estar orgullosos como comunidad autónoma de que, ante este panorama desolador, nuestro gobierno se comprometa con un esfuerzo presupuestario para no dejar a nadie en la cuneta. En estos momentos se debe proteger más y mejor a quienes más sufren. La crisis económica no puede suponer la justificación, en ningún caso, de recortes en derechos sociolaborales y recursos destinados a la protección social. Más bien al contrario, debe de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a unos servicios de cobertura adecuados a sus necesidades emergentes que prevengan la marginación y consigan la inclusión social.

Resulta difícil comprender que alguien pueda llegar a decir lo que dijo estos días un diputado del Partido Popular, más o menos que hay que poner coto al salario social porque luego la gente no tiene interés en trabajar.

Es, sin duda, un discurso pronunciado desde el confort de quien tiene su vida bien resuelta y poco o nada le importa la de los demás.

Destila insolidaridad y egoísmo, desconocimiento y una absoluta insensibilidad hacia las grandísimas dificultades que están pasando miles y miles de familias en estos momentos, sin trabajo, sin posibilidades de tenerlo, sin recursos, sin nada.

El salario social en Asturias beneficia a más de 46.000 personas, y todas y cada una de ellas, tienen la obligación de participar en los itinerarios de inserción social y laboral como recoge su Ley.

Pero para que todos los mecanismos y las acciones conducentes a conseguir un empleo sean eficaces, es necesario que existan mecanismos de coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo y los Servicios Sociales, ya que las políticas de inclusión social deben complementar a las políticas activas de empleo.

No se puede ni se debe quitar a las personas derechos tan básicos y esenciales como éste, que es la última red de protección que ofrece nuestra sociedad antes de caer en la total y absoluta marginalidad, más bien al contrario, lo que hay que hacer es reforzar y acabar con las causas que lo generan.

Por eso pedimos a los responsables políticos y empresariales que no hagan demagogia ni se acerquen al tema con frivolidad. No cabe llamar a la confrontación por una cuestión sobre la que, al margen de las dificultades y problemas de gestión siempre mejorables, la inmensa mayoría de los asturianos y asturianas estamos de acuerdo.

 

Paula Trueba Sierra

Secretaria de Empleo e Igualdad de la Unión General de Trabajadores de Asturias

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