El próximo 11 de febrero se cumplirán cinco años de vigencia de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP. Un triste aniversario para recordar cómo de forma unilateral y despreciando el dialogo social, el gobierno del PP impuso una reforma laboral sin precedentes ignorando los acuerdos que patronal y sindicatos habíamos alcanzado apenas un mes antes a través del II AENC del 25 de enero de 2012. Nunca hasta entonces y a lo largo de más de 35 años de Estatuto de los Trabajadores se había procedido a semejante regresión en los derechos laborales de los trabajadores de este país, lo que fue respondido con la huelga general del 29 de marzo de aquel año, una convocatoria con un alto seguimiento y apoyada mayoritariamente por la ciudadanía.
La reforma abrió las puertas, entre otras cuestiones, al despido libre y al poder discrecional del empresario, a la inaplicación del convenio colectivo, a la eliminación de la ultraactividad de los convenios, a la reducción de salarios y a la modificación de las condiciones laborales del trabajador en la empresa, debilitando la negociación y el consenso. Con ella, el entonces gobierno de España, haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta apostó por los despidos frente a la flexibilidad interna negociada como única respuesta ante las dificultades que atravesaban muchas empresas en los peores momentos de la crisis económica. Ni que decir tiene que los efectos no se hicieron esperar y los despidos se sucedieron de forma vertiginosa al tiempo que se desbocaron los desequilibrios en el mercado laboral y el deterioro que tanto dolor han causado a miles de ciudadanos por la precariedad, el paro y la pobreza.
También los trabajadores del sector público se vieron afectados por esta reforma al facilitar su despido, atentando con ello contra la calidad de los servicios prestados.
La crisis sirvió de pretexto para establecer una involución laboral de gran magnitud que con el paso del tiempo se ha revelado injusta e inútil; que ha propiciado destrucción de empleo en cantidad y calidad, sustituyendo empleos con derechos por empleos sin protección, precarios y de bajos salarios, debilitando la negociación colectiva y empobreciendo a la clase trabajadora y al conjunto de los ciudadanos; que ha incrementado la desigualdad, la brecha social y las tasas de pobreza; que ha originado la nueva figura del “trabajador pobre”, que aún con empleo está en riesgo de pobreza; que ha negado a los jóvenes una oportunidad laboral al condenarles a la infracontratación o al exilio forzoso, perdiendo así nuestro país a uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico: jóvenes con conocimiento y cualificación.
Lamentablemente, la realidad de los datos nos da la razón a quienes en su día advertíamos de todos estos efectos que ya son hechos constatados y, por lo tanto, nos da motivos para seguir exigiendo, con más contundencia aún, la retirada de la reforma laboral.
Estos cinco años de aplicación de la reforma dejan un panorama devastador. Bajo los falsos objetivos de creación del empleo y de estabilidad laboral con los que justificó el Gobierno de España su puesta en marcha, se escondía la intencionalidad de debilitar las relaciones laborales y los intereses y derechos de los trabajadores.
Asturias no ha estado al margen, y tras la aplicación de la reforma laboral en nuestra comunidad autónoma hay menos población activa, menos empleo y un mayor nivel de paro, a la vez que han crecido la temporalidad y el paro de larga duración. Cabe subrayar que el empleo es cada vez de peor calidad, de tal modo que los contratos celebrados con una duración inferior al mes suponen ya el 45%. Recordemos que España está a la cabeza de la Unión Europea en tasas de temporalidad -duplica su media- y que la contratación parcial en su mayoría es involuntaria (61%) y fraudulenta en muchos casos.
Un gran número de parados en Asturias tiene graves dificultades para acceder a un empleo y son excluidos del mercado laboral. Es lo que se conoce como cronificación. Así, los desempleados de muy larga duración (más de 2 años) prácticamente se han duplicado y suponen el 46% del total. Esto, unido al endurecimiento de las condiciones de acceso a la prestación por desempleo ha originado un desplome de la tasa de cobertura de 22 puntos frente a la existente en 2011. Actualmente más de la mitad de los parados está sin protección.
Lo ocurrido hasta ahora en el escenario laboral tiene su reflejo en el social. La tasa de pobreza en Asturias ha crecido 4 puntos, hasta situarse en el 24,2%, por debajo de la nacional (28,6%) aunque por encima, en ambos casos, de la media europea (23,7%). Cada vez son más las personas que se enfrentan a serias dificultades para llegar a fin de mes e incluso para cubrir necesidades tan básicas como mantener la vivienda a una temperatura adecuada o comer carne tres veces por semana.
Esta realidad social existe aún cuando el Gobierno del Partido Popular presume continuamente de que nuestro país es el motor del crecimiento de Europa y de cómo nuestra economía arroja tasas de crecimiento del PIB que mejoran las previsiones, mientras da la espalda a una realidad social que la crisis generó y que sus políticas de recorte agravaron e intensificaron, con el especial protagonismo de una reforma laboral que es necesario derogar.