A nadie se le escapa que la brecha salarial, además de una desigualdad manifiesta, es violencia machista. Después de 10 años de ratificar el convenio de Estambul, por fin la violencia económica contra las mujeres alcanza el rango de violencia de género. Privar a las mujeres, a sus hijos y a sus hijas de sus legítimos recursos económicos es violencia.
El convenio de Estambul establece normas para la prevención de la violencia de género, la protección de las víctimas, el enjuiciamiento de los agresores y la prestación adecuada de servicios a las víctimas y víctimas potenciales. La violencia de género abarca delitos que afectan de manera desmesurada a las mujeres, como la violación, el acecho y la violencia doméstica. Define y tipifica como delito diversas formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, sexual y psicológica, el acoso sexual, la mutilación genital femenina y el matrimonio, el aborto y la esterilización forzosos. Asimismo, se centra en la prevención, obligando a las partes a invertir en educación, formación de especialistas y programas de tratamiento para los agresores.
Los elementos que perduran de la división sexual del trabajo, junto con los estereotipos sexistas que la caracterizan, impiden la erradicación de muchas situaciones de desigualdad. Ello parte tanto de referencias simbólicas (que desvalorizan a las mujeres en su relación con el dinero) como de hechos sociales (brecha salarial, segregación sectorial, elección de estudios, etc.). A los efectos de la violencia económica esta desigualdad suele materializarse en las mujeres en una menor emancipación, una escasa autonomía económica temprana, una cultura económico-financiera pobre, y el hecho de que los hombres asuman la toma de decisiones económicas en el marco de la violencia contra las mujeres, hace que tengamos menos poder en las relaciones económicas dentro de la pareja. Las relaciones de dominación y abuso económico se producen bajo las mismas premisas que el resto de las manifestaciones de la violencia en el ámbito de la pareja/expareja.
Las formas que adopta la violencia económica son diversas, y van desde el control económico al sabotaje laboral, la explotación económica y también el impago de pensiones. Pero en cualquiera de ellas, el maltratador trama elaboradamente toda clase de artimañas en su propio beneficio.
El grado de dependencia económica que la mujer arrastre de su convivencia con el maltratador actuará como barrera en sí misma para impedir o limitar la salida de la violencia.
Pero también afloran como obstáculos la falta de jurisprudencia clara al respecto, junto a las características mismas del funcionamiento del sistema judicial, el miedo a las amenazas del agresor, la reticencia a denunciar y/o el desgaste de las víctimas, el desconocimiento de las y los profesionales que las pueden atender y la ausencia de mecanismos de alerta en determinados agentes. Pero, sobre todo y desde el lado de las consecuencias, genera graves daños en las mujeres víctimas y en sus hijas e hijos, daños que perduran durante mucho tiempo.
La violencia económica en el ámbito de la pareja o expareja es una forma de violencia machista invisibilizada, normalizada y muy extendida en su alcance y duración, y tiende a producirse junto a otras manifestaciones como la violencia psicológica o la física.
Es ejercida contra la mujer de forma intencionada para controlar o limitar su acceso libre a recursos económicos (rentas, bienes, propiedades) propios o de la unidad familiar. De esta forma se menoscaba o anula su capacidad económica presente y/o futura, ya sea para mantenerse a sí misma o a sus hijas e hijos. Con ello el agresor perpetúa o dificulta la salida de la mujer del círculo de la violencia machista.
El maltratador puede ejercer la violencia a través de múltiples conductas y actitudes abusivas. Puede abarcar el control agresivo de los gastos de la víctima, el boicot a la empleabilidad, o la explotación económica mediante la privación del resultado de su propio trabajo, así como de sus ahorros o bienes, o la generación de deudas o impagos. Se considera una dimensión específica de explotación económica el impago reiterado e injustificado de las prestaciones acordadas tras la separación o divorcio de la pareja.
Para los hombres y mujeres de UGT la lucha contra las desigualdades y las violencias machistas es una prioridad en nuestro trabajo diario.
BASTA YA DE VIOLENCIAS MACHISTAS
LA VIOLENCIA MACHISTA LA PARAMOS UNIDAS
TODAS Y TODOS
