Ayer tuvo lugar una huelga en la enseñanza pública en contra de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato de la LOMCE, convocada por el Sindicato de Estudiantes y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Miguel Virgós y apoyada por los sindicatos UGT, CCOO y SUATEA. A este paro, que se desarrolló con un amplio seguimiento, fueron convocados los cerca de 150.000 estudiantes no universitarios de Asturias (Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y otros).

La Unión General de Trabajadores participó en las concentraciones/manifestaciones programadas en todo el país, y en el caso de Asturias lo hizo en la nutrida manifestación que tuvo lugar en Oviedo, a las seis de la tarde, con salida de la estación de Renfe, a la que asistió el secretario general, Javier Fernández Lanero, así como otros compañeros y miembros de la dirección del sindicato.

El sindicato manifestó su apoyo a las reivindicaciones de padres/madres y estudiantes contra las reválidas por considerar que atentan contra la educación integral y la evaluación continua realizada a lo largo de la etapa. Asimismo, ha denunciado la irresponsabilidad ministerial, que ha introducido el RD de reválidas en contra de la comunidad educativa, generando incertidumbre e inseguridad tanto en el alumnado como en el profesorado y las familias. La norma impuesta, en estos momentos de curso escolar, sigue sin desarrollarse y no se conocen las características de una evaluación que impedirá la titulación de miles de alumnos/as.

Por ello, UGT llama a la responsabilidad de las fuerzas políticas para atender las demandas de la comunidad educativa y hacer posible la paralización de la LOMCE. Asimismo, reclamamos la retirada del RD de reválidas, la reversión de los recortes educativos y la recuperación de los derechos sociolaborales perdidos en los últimos años.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la manifestación en Oviedo, la responsable del sector de Enseñanza de UGT en Asturias, Maximina Fernández, reiteró el rechazo a una ley que “no considera la equidad y la igualdad de oportunidades y abre la puerta a la privatización del sistema educativo”.

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