Pacto de Estado, pacto de todos y todas

Artículo de Carmen Escandón, publicado el 5 de agosto en El Comercio.

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Comprobamos con tristeza que las medidas acordadas en el medio laboral no pasan de ser una declaración de intenciones, circunscritas además al ámbito de la Administración.
Carmen Escandón
Carmen Escandón

Cuando se aborda una misión sin convencimiento, sin vocación, sin grandeza de espíritu y por mero imperativo u obligación impuesta de “salvar los trastos”, se corre el riesgo de empezar mal y acabar peor.

Si además el asunto que nos ocupa es tan delicado y de enjundia como esta lacra social del terrorismo machista, la intención de cubrir el expediente no tiene un pase.

Y así, ocurre que el Pacto nace cojo porque desoye las recomendaciones de la CEDAW y el Convenio de Estambul, ya ratificado, para incluir cualquier forma de violencia sobre las mujeres. Y seguimos hablando de violencia de género cuando el mundo entero (al menos nuestro entorno) incluido Túnez, está pariendo leyes mucho más ambiciosas que contemplan todas las formas de violencia machista, de manera singular el acoso sexual y acoso por razón de sexo, y la violencia ejercida en el ámbito laboral sobre nuestras compañeras.

Comprobamos con tristeza que las medidas acordadas en el medio laboral no pasan de ser una declaración de intenciones, circunscritas además al ámbito de la Administración, y en algunos casos sólo la Administración General del Estado, dejando fuera al resto de Administraciones y empresas privadas. De las propuestas planteadas por UGT, en el ámbito laboral sólo se han recogido dos medidas:

Promover desde la representación de España en la OIT un acuerdo internacional contra la violencia género en el lugar de trabajo e impulsar campañas institucionales en colaboración con las organizaciones patronales, sindicales y empresas coordinadas desde la delegación de Gobierno para la violencia de género.

En el Pacto no se adopta ninguna medida que garantice por ley la protección de los derechos laborales de las trabajadoras víctimas de violencia. Por tanto, en el ámbito laboral las medidas son escasas, insuficientes e ineficaces, omitiéndose importantes aspectos que reivindicamos, como permisos retribuidos para víctimas similares a los reconocidos a empleadas públicas, recoger expresamente que las víctimas no sufrirán perjuicio laboral o económico, medidas de fomento de empleo y formación de las víctimas, derecho de reordenación del tiempo de trabajo o reducción jornada, mejora de la protección social, protocolos contra acoso sexual y acoso por razón de sexo con procedimientos ágiles y sencillos, fomento de programas de prevención y formación en igualdad, etc.

Y así, como suele ocurrir cuando faltan ganas y amplitud de miras, la insatisfacción se generaliza. Y se suceden las enmiendas y votos particulares de los distintos grupos políticos.

Y simultáneamente en la calle, asistimos en las últimas semanas a una oleada de violencia machista, de ataques contra las mujeres, ejercida con especial saña, con una crueldad y un salvajismo que no parecen tener límite.

Y por si todo esto fuera poco, no faltan algunos y algunas responsables políticos y hasta sindicales que vía actos oficiales o comunicados exprés, se apuran a obtener rédito de manera zafia de este asunto.

¿Acaso las aproximadamente 1.000 mujeres asesinadas o los más de 100 menores asesinados en los últimos 15 años, no merecen de nuestros responsables y dirigentes un compromiso claro y decidido, con amplitud de miras y sin intereses partidarios para acabar con este terrorismo machista, como se acabó en este país con el terrorismo etarra?

La desigualdad es el caldo perfecto donde pervive el machismo y el machismo engendra violencia, y si queremos acabar con ésta, tenemos que acabar con el machismo combatiendo la desigualdad.

El hecho de que según el barómetro del CIS anualmente se computen de media 60 feminicidios al año o que más de 600.000 mujeres sean maltratadas solo resulte un problema importante para el 1,7% de la población, hace pensar que esta sociedad tiene un problema: la indiferencia, la pasividad, el posmachismo que reviste con un velo de normalidad lo que no es normal. Y los feminicidios no lo son.

Lo que tenemos que interiorizar y normalizar es que, en definitiva, cualquier pacto de Estado no será otra cosa que un conjunto de medidas (212) más o menos afortunadas, cuya implementación con mayor o menor acierto permitirá paliar los efectos de la violencia machista. Pero si queremos realmente acabar con esta lacra, está sinrazón , el Pacto debe ser de todos y todas, con el compromiso y la concienciación de toda la sociedad, aislando a los maltratadores, apoyando incondicionalmente a las víctimas y a los menores maltratados, con todos los recursos sociales, psicológicos y económicos necesarios.

No desaprovechemos la oportunidad que se nos presenta, arremanguémonos todos y todas y pongamos fin a esta insoportable realidad. No hay tiempo que perder.

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