Después de diez días de caminata a Madrid desde distintos puntos de España, con cerca de 2.500 kilómetros en total recorridos, las marchas por las pensiones dignas confluyeron ayer en la capital en una gran manifestación en la que los andarines estuvieron acompañados por miles de compañeros y compañeras y ciudadanía en general, entre ellos el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que agradeció a los marchantes el esfuerzo y reafirmó el compromiso del sindicato “para conseguir cambiar la actual situación que padecen nuestros jubilados y nuestros pensionistas”.
En declaraciones a los medios, Álvarez señaló que las marchas «llegan con una voluntad clara de exigir al gobierno que no aplace por más tiempo el debate en relación con el acuerdo de pensiones» y con tres exigencias fundamentales. La primera «es que necesitamos que se revaloricen las pensiones de acuerdo con los precios» poniendo fin a las revalorizaciones del 0,25% anual que ha venido realizando el Gobierno en los últimos ejercicios. Para el Secretario General de UGT «es necesario derogar la reforma de las pensiones del año 2013», su índice de revalorización y el llamado factor de sostenibilidad, para poder empezar a negociar una nueva reforma.
La segunda exigencia se refiere a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, para lo que Pepe Álvarez considera «necesario que la recaudación mejore. ¿Cómo? Quitando algunas cosas que no corresponde pagar a la Seguridad Social, como por ejemplo pagar las subvenciones a los contratos, o que los gastos de la Seguridad Social sean a cargo del Estado» o destopando el actual tope máximo de las pensiones.
La tercera exigencia de las marchas por las pensiones dignas tiene que ver con nuestraequiparación al entorno europeo, ya que «estamos en un gasto del 10,4% del PIB, y en la mayoría de los países de la zona euro están por encima del 14%», según el Secretario General de UGT.
Las marchas por las pensiones dignas sus recorridos el pasado 30 de septiembre. La ruta 1 ha sido compartida por pensionistas de Galicia, Asturias y Castilla y León, la ruta 2 ha estado comprendida por pensionistas de Cantabria, Euskadi, Navarra, Aragón, Rioja y Castilla-La Mancha, y en la ruta tres han confluido marchadores de País Valenciano, Región de Murcia, Andalucía y Extremadura. Las islas no han estado al margen de las movilizaciones, y tanto en Baleares como en Canarias se han realizado marchas y concentraciones durante estos días. En total, en torno a 2.500 kilómetros recorriendo las carreteras y localidades nuestro país para reivindicar pensiones dignas.
Durante su recorrido las marchas han recabado el apoyo ciudadano e institucional de la práctica totalidad de las localidades por las que han transcurrido, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular, y con pocas excepciones, como fue el caso de Cáceres que puso dificultades al desarrollo de las marchas. En total, más de 2.500 firmas de apoyo al manifiesto e innumerables resoluciones municipales de respaldo a las marchas y a los pensionistas durante el trayecto.
Tal como figura en el manifiesto de la convocatoria realizada por las organizaciones sindicales UGT y CCOO, las principales reivindicaciones han sido denunciar la reforma de pensiones de 2013, implantada por el Gobierno del PP, que está condenando a la pobreza a los pensionistas actuales y futuros, y la exigencia de una revalorización de las pensiones por encima de la evolución de los precios y de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
La reforma de 2013, que se aprobó sin el consenso del Pacto de Toledo, y eliminó el acuerdo tripartito de Gobierno, sindicatos y empresarios de 2011, ha provocado que el 50% de los pensionistas se sitúen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, de ellos, el 4,8 millones de pensionistas está en riesgo de pobreza y exclusión social. La pensión media se sitúa en 918€ mensuales y la más frecuente en 650€.
El objetivo es derogar la reforma que hace que los pensionistas pierdan año tras año poder adquisitivo, ya que se revalorizan las pensiones el 0,25% este año frente a un incremento del IPC del 1,6%.
Además, también condena a los pensionistas futuros a ver recortada su pensión, ya que, si en 2011 la pensión de un trabajador equivalía al 80% de su último sueldo, en 2060 será el 48%, por lo que los jóvenes actuales también se van a ver afectados por esta reforma.
