Alternativas para el sistema público de pensiones*

Por Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias

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La sostenibilidad de las pensiones es uno de los mayores retos que debe afrontar nuestro país en la nueva etapa que se abre con gobierno del PP en minoría tras un año en funciones y cuatro de una legislatura de recortes de derechos y libertades a golpe de Real Decreto.

Nuestro sistema de pensiones, basado en la solidaridad social, se ha deteriorado tanto en los últimos tiempos que el fondo de reserva actual ha pasado de 66.800 millones de euros en 2011 a 24.200 en 2016, con lo que apenas alcanza ya para tres pagas extra. Es decir, a este ritmo se agotará el próximo año si no se hace nada por remediarlo.

La complicada situación induce a temer que quien gobierna halle en este punto un sólido argumento para intentar la privatización o para intentar sanear las cuentas por la vía de imponer más recortes a los pensionistas. Recortes que serían inadmisibles, puesto que el 50% de las pensiones está por debajo del salario mínimo interprofesional, el 70% son inferiores a 1.000 euros mensuales y más de cuatro millones de pensionistas están por debajo del umbral de pobreza, gran parte subsistiendo con menos de 420 euros al mes.

Conviene también tener en cuenta que las pensiones son la principal fuente de ingresos para el 30% de los hogares españoles y que el poder adquisitivo de los pensionistas ha disminuido por la carestía de la vida y por la introducción del copago de los medicamentos (por cada euro de aumento de las pensiones se han detraído 4,5 en copago).

Además, es preciso saber que España gasta en pensiones por debajo de la media europea, un 11,4% del Producto Interior Bruto frente al 13,5% de promedio de la Unión. Esta diferencia también se presenta si hacemos la comparación con países concretos de nuestro entorno: Italia invierte el 16,1% de su PIB, Portugal el 14,8 y Francia y Grecia el 14,9. Por el contrario, la media de cotización en España, que es de 35 años, coincide con la europea, y la edad de jubilación en nuestro país se sitúa en 64 años, dos más, por ejemplo, que la de Alemania.

Parece claro que el problema de nuestro sistema público de pensiones no radica en el exceso de gasto, sino en la escasez de ingresos. Y ésta se explica por la elevada tasa de desempleo (20%) y porque los incrementos en la afiliación no están suponiendo más cotización, un fenómeno que tiene que ver con la salvaje precariedad que han instalado en España las reformas laborales.

En los últimos cuatro años ha disminuido el salario medio de los trabajadores y trabajadoras y ha aumentado el porcentaje de contratos temporales y a tiempo parcial, lo que ha dado lugar a la figura del trabajador pobre mientras, por otro lado, se duplicaba el número de personas incorporadas a la categoría de ricas.

Es obvio, pues, que garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones requiere actuar en el contexto amplio de nuestro mercado laboral, empezando por entablar un duro combate contra precariedad. Por eso es imprescindible la derogación de las reformas laborales, para que el empleo que se cree sea de calidad y con salarios dignos. También es importante una subida del salario mínimo interprofesional, que debería alcanzar los 800 euros mensuales.

Y, por supuesto, hay que recuperar el consenso en el marco del Pacto de Toledo para poner en marcha las alternativas que existen. Nosotros estamos planteando que se establezcan nuevas vías de financiación a través de impuestos que tengan que ver con el poder adquisitivo de las personas, que se ingresen en el fondo de reserva los excedentes de aquellos ejercicios anteriores que no fueron ingresados, que se imposibilite la libre disposición por el gobierno de cantidades procedentes de la conocida como “hucha”, que los incentivos a la contratación salgan de los presupuestos y no de las pensiones y que el Estado asuma los gastos de administración de la Seguridad Social. Es también fundamental la eliminación de los topes, de tal manera que cada persona cotice proporcionalmente a su salario. Solo con estas últimas tres medidas se hubieran ingresado en la Seguridad Social cerca de 15.500 millones anuales más, lo que hubiera evitado la crítica situación actual.

El problema es muy grave y nos afecta a todos -no sólo a los pensionistas actuales, sino a quienes estamos hoy en activo, también a nuestros hijos y a nuestros nietos-. Lo positivo es que existen soluciones como las que se acaban de apuntar y que aún estamos a tiempo. Por eso conviene que todos y todas nos impliquemos para exigir que se pongan en marcha, sobre todo los trabajadores y trabajadoras, porque lo que no luchemos nosotros, nadie nos lo va a venir a ofrecer voluntariamente.

*Artículo escrito para el diario La Nueva España, publicado el 15 de noviembre de 2016

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