Hemos tenido conocimiento en el día de hoy de la sentencia dictada por el Juzgado Penal nº 3 de Oviedo, por la que se condena a quienes fueron dirigentes de UGT-Asturias a duras penas de prisión y multa por sendos delitos de fraude de subvenciones.

Queremos hacer constar que la consideramos manifiestamente injusta, y contraria a Derecho, y que nuestros abogados defensores van a recurrirla. 

Sorprende que la sentencia diga que los costes de alquiler de las aulas y los equipos didácticos utilizados para la formación no eran a precios de mercado, algo radicalmente contrario a lo que resolvieron administrativamente y declararon expresamente en el juicio las sucesivas Directoras Generales del SEPEPA, declaración que fue también ratificada por el Director Gerente de la Fundae (anterior Fundación Tripartita) dependiente el Ministerio de Trabajo, que había llevado a cabo la liquidación de las justificaciones de las subvenciones. Y que fue también ratificado por tres peritos aportados por las defensas, entre ellos uno que había sido 15 años letrado del Tribunal de Cuentas liquidador de subvenciones.

Y sorprende igualmente que la sentencia considere que ninguno de los trabajadores de UGT Asturias tenía relación directa con la formación y cuyos costes fueron imputados a la justificación como costes asociados, tuvo participación en la misma y que dichos costes eran ilegales y fraudulentos; cuando la mayoría de ellos declararon en el juicio que sí habían  realizado funciones vinculadas con la formación subvencionada, cuando las Directoras Generales del SEPEPA los habían validado y afirmaron que sin la participación de personas, cuyos costes se imputan como costes asociados, no podría haberse ejecutado la formación. Tiene mayor trascendencia cuando la condena a UGT Asturias lo es por un hipotético fraude de 122.028,32 € por la subvención del año 2012, cuantía a la que si se considerara correctamente justificada la participación sólo de un trabajador bajaría de los 120.000 € que constituye el tope mínimo legal para el delito de fraude de subvenciones.

Por todo ello, y por más razones que los letrados argumentarán adecuadamente, vamos a recurrir ante la Audiencia Provincial, confiando que en esa instancia se reconozca la inocencia de los ahora condenados y de la UGT de Asturias como sindicato.

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