Son necesarias más inversiones y políticas centradas en la infancia, avanzando en la protección social, jurídica y económica de los niños y niñas y sus familias.

Este año, la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil se enmarca en los compromisos adquiridos en la 5ª Conferencia Mundial que se recogen en el documento: “Llamamiento a la Acción de Durban para la Eliminación del Trabajo Infantil”. Unos compromisos que deben ser una prioridad para todos los países, ya que sólo quedan tres años, para alcanzar el objetivo de la Agenda 2030 de erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso; y, lejos de conseguirse, la situación se ha agravado por los efectos nocivos de la crisis originada por la COVID-19, o por la provocada ahora por la guerra en Ucrania. Precisamente la ONU dedica este día a los niños y niñas de ese país. 

El trabajo infantil prevalece en los países y zonas más pobres, donde las niñas y niños se ven obligados a contribuir en la renta familiar para garantizar su supervivencia. Por eso, urge actuar, con especial atención, en los países y comunidades más pobres y sin acceso a sistemas de protección social, ni atención médica, debiendo intensificarse las medidas de protección a la infancia. 

Los sectores de actividad más proclives a la aparición de casos de trabajo infantil, son aquellos donde hay una menor representación sindical (en la agricultura y la ganadería, donde la mayoría de las empresas son muy pequeñas, en negocios familiares o en trabajos informales, donde las relaciones laborales apenas están reguladas). Estos escenarios son incompatibles con el bienestar de las niñas y los niños, conlleva riesgos para la salud, lesiones y puede ocasionar secuelas para toda su vida. 

Las formas peores de trabajo infantil: esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía, y otras actividades ilícitas.

Trabajos realizados por niños que no alcanzan la edad mínima especificada para ese tipo de trabajo según la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas, que impida la educación y el pleno desarrollo del niño.

Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, denominado trabajo peligroso.

Es fundamental aumentar la inversión pública, a través de dotaciones presupuestarias, formalizar la economía informal e impulsar medidas centradas en la infancia. Hay que avanzar en la protección social, jurídica y económica que se brinda a las niñas y niños y a sus familias.

El trabajo infantil es una consecuencia inevitable de la pobreza, por lo que urge garantizar a las familias, sin ingresos y en riesgo de exclusión social, el acceso a prestaciones sociales. Un adecuado y potente sistema de protección social, previene y reduce la pobreza y la vulnerabilidad de las familias, disminuyendo así los principales factores que impulsan el trabajo infantil.

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