Tenemos presente todos los días que la conquista de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres implica conseguir que los espacios de trabajo estén libres de discriminaciones y violencias hacia las mujeres, y a ese fin dedicamos la lucha sindical.

Ahora, ante un nuevo 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, una jornada reivindicativa en la que todas las mujeres del mundo y todas las organizaciones que trabajamos por la igualdad real y efectiva
salimos a la calle con nuestras reclamaciones, con una sola voz, por los derechos de las mujeres del mundo, es una ocasión para hacer balance de los pasos adelante que vamos logrando, de los riesgos de retroceso (que en muchas partes del mundo no son solo amenazas sino realidades) y de las cuestiones pendientes que aún quedan para lograr, por fin, un mundo en que la igualdad sea ley y sea realidad.

Dejamos atrás un año, el 2023, de sabor agridulce. Ha sido un año complicado por las crisis que se han superpuesto (energética, inflacionista, migratoria, de cuidados…), por las guerras en aumento, por transiciones económicas en marcha (como la digitalización), por el agravamiento de la emergencia climática, etc.

Las transiciones pueden ser oportunidades, pero si no se actúa con decididas políticas con transversalidad de género, la inercia conduce a que tengan amplias y negativas repercusiones en las mujeres que pueden agravar situaciones de desigualdad estructural, impactando de forma muy profunda, especialmente en algunos grupos de mujeres en las que convergen diferentes factores de discriminación.

En el contexto político, en mayo de 2023 finalizó la XIV Legislatura, del primer gobierno de coalición progresista (PSOE y Unidas Podemos), que ha traído logros fundamentales en materia legislativa, muchos de ellos fruto del diálogo social, con un impacto muy positivo en las mujeres y en la reducción de las brechas de género, como, por ejemplo la reforma laboral, que ha multiplicado por cuatro la contratación
indefinida, incluida la de las mujeres, y ha reducido la temporalidad; los RD 901 y 902 que han reglamentado la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas y suponen avances para la igualdad retributiva.

El RDL de equiparación del empleo del hogar, que reconoce a las trabajadoras del hogar el derecho a las prestaciones de desempleo, tanto contributivas como asistenciales, entre otras mejoras, las reformas de pensiones de 2021 y 2023, que además de asegurar la sostenibilidad del sistema público y la capacidad adquisitiva de las personas pensionistas han incluido medidas dirigidas a reducir la de brecha de género; el aumento del SMI que, junto, con el aumento de los salarios en convenios pactado en el V AENC (con una media del 4,6%) ha tenido un impacto directo en los salarios de millones de mujeres, especialmente entre quienes reciben un menor salario.

Cabe resaltar que el Gobierno elevó el SMI desde los 735 euros en 2018 hasta los 1.080 en 2023, un incremento del 47%. Con el aumento del SMI aprobado para el 2024 (del 5%, el SMI se incrementa en un 54% desde 2018. Además, la pasada legislatura significó nuevas leyes que han consolidado nuevos derechos para las mujeres, entre ellas destacamos la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazó, junto a nuevos permisos de conciliación corresponsable y la puesta en marcha de programas como el Plan Corresponsables que suponen poner en la agenda pública la urgente necesidad de cambiar de modelo de cuidados.

Las elecciones autonómicas de mayo de 2023 trajeron un avance de la ultraderecha en gobiernos y entidades locales de la mano del pacto entre PP y Vox. Algunas de sus primeras medidas en donde consiguieron pactar gobiernos, fueron la eliminación de las estructuras de igualdad (concejalías, oficinas, etc.) y la reducción drástica, cuándo no eliminación, de partidas presupuestarias y programas de coeducación, educación para la igualdad y la diversidad, prevención de violencia de género, etc.

Este avance institucional de la ultraderecha negacionista conlleva consecuencias para las mujeres, las personas LGTBI, migrantes, para el sindicalismo de clase, para el Diálogo Social, el cambio climático, la Agenda 2030; para todo lo que significa avanzar en un mundo igualitario, inclusivo, tolerante y sostenible.
Pero nuestro diagnóstico revela todavía persistentes brechas de género.

Es verdad que hoy trabajan casi 21 millones de personas, más que nunca, y también trabajan más mujeres que nunca (9,8 millones), pero aún subsiste una intolerable brecha de género en la actividad de cerca de 10 puntos. Al igual que la brecha de género en el empleo; el trabajo a tiempo parcial sigue feminizado (7 de cada 10 empleos a tiempo parcial los desempeñan mujeres), al igual que el paro registrado (6 de cada 10 personas en paro son mujeres). A pesar de la reducción por el impacto de la subida del SMI y los salarios de convenios persiste una sustancial brecha salarial.

Según los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial (EES 2021, INE), las mujeres dejaron de cobrar en su ganancia anual más de 5.000 euros respecto a sus compañeros (5.212,74), y 1 de cada 4 trabajadoras cobraba un salario igual o menor al SMI.


La violencia contra las mujeres, avivada por la negacionista ideología ultra que ha hecho del rearme patriarcal una de sus señas de identidad, no ha cesado. En 2023 han sido asesinadas por su pareja o expareja 58 mujeres, una mujer asesinada cada 6 días, una intolerable y dramática cifra. Lo sería igualmente aunque se tratase solo de una mujer asesinada por el hecho de ser mujer, porque, como insistimos, son vidas truncadas de mujeres, no solo números.

Estas 58 mujeres han dejado 57 huérfanos/
huérfanas. También en 2023 nos horrorizamos con el asesinato por violencia vicaria de 2 menores. Desde 2003 han sido asesinadas 1.240 mujeres. Y desde 2013, lo han sido igualmente 50 menores. Además, no
olvidamos los otros feminicidios, que solo en el primer semestre de 2023 se cobraron 47 vidas de mujeres.


Desde nuestra dimensión internacionalista, no olvidamos a las mujeres del mundo que sufren cada día recortes en sus derechos y ven agigantadas sus discriminaciones y violencias. Ningún país ha logrado plenamente la paridad de género y menos del 1% de las mujeres y niñas viven en países con niveles altos de empoderamiento femenino y una reducida brecha de género, según un informe global de ONU Mujeres y el PNUD.


Especial preocupación por las mujeres afganas, las iraníes, las mujeres de Gaza (que son, junto a las y los menores, la mayoría de las víctimas mortales, a lo que sumamos el drama de las embarazadas y parturientas sin atención médica, etc.) y todas las que están en contextos bélicos porque sabemos que están enormemente expuestas a la violencia sexual.


También los derechos reproductivos de las mujeres están en peligro de retroceso. 4 de cada 10 mujeres viven en países que prohíben el aborto. La derogación por el Tribunal Supremo del derecho al aborto en EEUU en 2022, ha supuesto que, un año después, según refleja Amnistía internacional, 1 de cada 3 mujeres no puede abortar en su propio Estado.

En Argentina, Milei acaba de registrar una iniciativa para
acabar con el logrado derecho al aborto, encarcelar a las mujeres que aborten y al personal médico que las asista.


Hacemos un llamamiento especial al valor democrático para defender la igualdad ante unas posiciones políticas ultraderechistas parapetadas tras un rearme patriarcal y que hacen seña de identidad de su ataque a los derechos de las mujeres, de su antifeminismo, de su negacionismo de la violencia de género, junto a las campañas de degradación y hostilidad que dirigen hacia el sindicalismo de clase, contribuyendo a vulnerar principios esenciales de la democracia y la Constitución.

Proponemos la adopción de políticas con perspectiva de género en todos los ámbitos, especialmente en materia de cuidados y la dignificación del sector de cuidados, así como la plena equiparación en derechos de las trabajadoras del hogar.

Además, destacamos la importancia de invertir en educación en igualdad para lograr una cultura libre de violencias machistas y se propone garantizar unas condiciones de trabajo y empleo decentes para todo el profesorado y personas trabajadoras del ámbito educativo, siendo este sector uno de los más feminizados.

Por último, reivindicamos el derecho al aborto sin ningún tipo de coacción y se propone acabar con la violencia obstétrica y garantizar todos los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres como una prioridad en las políticas públicas del territorio nacional.

También destacamos la importancia de reforzar y garantizar los instrumentos y recursos de vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral para el cumplimiento efectivo del principio de igualdad en el ámbito laboral.

En definitiva, nos manifestamos el día 8 de marzo como gran oportunidad para visibilizar la necesidad de seguir avanzando en la lucha por la igualdad de género y la eliminación de la discriminación y la violencia machista, y se proponen diversas medidas concretas que podrían contribuir a lograr estos objetivos.

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