Para promover la justicia social es necesario un compromiso colectivo, hay que lograr erradicar el trabajo forzoso, y especialmente el trabajo infantil, también implica que todas las personas que trabajan lo hagan con un empleo decente, con protección social y la garantía de sus derechos laborales. La justicia social también implica una distribución justa de los recursos, el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones, la inclusión social y, por supuesto, el disfrute de todos los derechos fundamentales de todas las personas sin importar su origen, género o situación socioeconómica.
Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de retrocesos preocupantes en materia de protección social. Aspectos como la precariedad laboral, el desempleo estructural y la pérdida de poder adquisitivo afectan con mayor dureza a los sectores más vulnerables de la sociedad, profundizando las desigualdades y limitando el acceso a oportunidades.
En este contexto, UGT sigue trabajando para garantizar que la justicia social no sea un concepto abstracto, sino una realidad palpable para toda la ciudadanía.
Uno de los ámbitos donde más se evidencian las desigualdades sociales es en el mundo del trabajo. En Asturias, como en el resto de España, persisten importantes brechas salariales, especialmente, por razón de género. Hoy día, en pleno siglo XXI, las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo, enfrentándose a techos de cristal y discriminación laboral. Además, sectores tradicionalmente feminizados, como los cuidados y la limpieza, siguen siendo los peor remunerados, pese a su importancia esencial en la sociedad.
Por otro lado, la precariedad laboral es otro de los grandes desafíos en términos de justicia social. La temporalidad y la contratación parcial involuntaria afectan especialmente a jóvenes, mujeres y personas migrantes, quienes encuentran mayores barreras para acceder a empleos estables y bien remunerados. Desde UGT exigimos la implementación de políticas que garanticen empleos dignos y salarios justos, asegurando condiciones laborales que permitan una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras.
El acceso a prestaciones sociales es un elemento clave en la justicia social. En Asturias, programas como el Salario Social Básico han sido herramientas esenciales para reducir la exclusión y garantizar un mínimo de ingresos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, es fundamental que estas prestaciones se refuercen y se agilicen, evitando demoras burocráticas que impiden a muchas familias acceder a ellas cuando más lo necesitan.
Asimismo, es crucial garantizar el acceso a una vivienda digna. La subida de los alquileres y la especulación inmobiliaria están expulsando a muchas personas de sus hogares, generando situaciones de exclusión habitacional que afectan especialmente a colectivos vulnerables. Desde UGT defendemos políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda, pues no nos olvidemos que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que toda persona debería de poder disfrutar.
Creemos que para lograr la justicia social es imprescindible contar con un sistema fiscal progresivo, en el que quienes más tienen contribuyan en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos. Sin embargo, la realidad muestra que la carga fiscal sigue recayendo en gran medida sobre las clases trabajadoras, mientras que grandes empresas y fortunas encuentran mecanismos para evadir impuestos o reducir sus contribuciones.
Desde UGT, reclamamos una reforma fiscal que garantice una redistribución justa de la riqueza, aumentando la contribución de los sectores con mayores ingresos y eliminando privilegios fiscales que perpetúan la desigualdad. Sólo así se podrán financiar servicios públicos de calidad y garantizar el bienestar de toda la ciudadanía.
La población migrante desempeña un papel fundamental en la economía y la sociedad asturiana. Sin embargo, muchos emigrantes se enfrentan a condiciones de trabajo precarias, discriminación y dificultades para acceder a derechos básicos.
Es esencial la regulación de aquellas personas en situación administrativa irregular, permitiéndoles acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad y evitando situaciones de explotación laboral. Asimismo, es fundamental fortalecer las políticas de inclusión social, garantizando el acceso a la educación, sanidad y vivienda sin discriminación para lograr una plena integración de todos y todas en nuestra sociedad.
Desde UGT defendemos que se cumpla íntegramente la aplicación efectiva de los derechos fundamentales para todas las personas, independientemente de su país de origen.
El concepto de justicia social está estrechamente ligado al desarrollo del Estado del Bienestar, entendido como el conjunto de políticas públicas que garantizan derechos esenciales como el acceso a la educación, la sanidad, la vivienda y la protección social. En Asturias, como en el resto de España, el fortalecimiento de estos derechos ha sido un logro colectivo impulsado por la lucha sindical y la movilización social en la que aún quedan importantes pasos por dar.
Y es que la lucha por la justicia social es una tarea colectiva que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Desde UGT, seguimos reivindicando políticas que reduzcan las desigualdades, protejan los derechos laborales y garanticen un reparto justo de la riqueza.
Por ello, instamos a los poderes públicos, a las empresas y a la ciudadanía a sumarse a esta causa, porque solo a través de la solidaridad y la acción conjunta podremos construir una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para todas las personas.
En definitiva, conseguir un mundo cada vez más justo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, es tarea de todas y todos, es fundamental educar en justicia social, y contar con la implicación de todos y todas para lograr una sociedad y un mundo más justo en el que vivir.
Ana Isabel García Roza
secretaria de Política Social de UGT Asturias
