En Oviedo, a 16 de junio de 2026 se ha celebrado la reunión del II Comité de UGT Asturias que ha aprobado la siguiente:
Resolución.
- Situación actual. Económica, Laboral y Social.
La Unión General de Trabajadores y trabajadoras de Asturias celebra nuestro II Comité en un escenario donde a nivel internacional continua una inestabilidad política, económica y militar, cuyas consecuencias recaen directamente sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. La prolongación de la guerra de Ucrania, la ofensiva militar sobre Palestina y la escalada de tensión en Oriente Medio, especialmente tras el agravamiento del conflicto con Irán y la amenaza permanente sobre el estrecho de Ormuz, están provocando importantes alteraciones económicas a escala mundial, afectando al precio de la energía, de los combustibles y de los bienes básicos de consumo.
Como siempre ocurre en las crisis, son las personas trabajadoras quienes sufren con mayor intensidad sus consecuencias. Así, estamos asistiendo a un encarecimiento de los precios de la cesta de la compra, de los productos esenciales y de los costes energéticos que erosiona el poder adquisitivo de los salarios, golpeando con especial intensidad a las personas con menores ingresos. Este Comité considera, por ello, imprescindible mantener y reforzar medidas de contención y protección social que contribuyan a moderar la inflación y a evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de vida de millones de personas. Estas políticas deben seguir desarrollándose con especial atención hacia las familias más vulnerables y hacia quienes más dificultades tienen para llegar a fin de mes.
El Comité reafirma asimismo su compromiso con la paz, el diálogo y el derecho internacional. La comunidad internacional y particularmente la Unión Europea deben actuar con mayor firmeza en defensa de la paz, de los derechos humanos y de la protección de la población civil.
Igualmente, este Comité vuelve a situar el trabajo digno, la justicia social y el control democrático de la inteligencia artificial en el centro del debate global. UGT sostiene que la revolución tecnológica y la IA no pueden quedar en manos exclusivas de grandes poderes económicos y tecnológicos. Las personas trabajadoras y sus representantes deben poder acceder a su control. Sus beneficios deben repartirse socialmente y orientarse a mejorar la vida de la gente reduciendo desigualdades y garantizando más tiempo para vivir y mejores condiciones laborales.
En todo este contexto el refuerzo de los servicios públicos, de la negociación colectiva, del empleo digno, de la protección social y del sistema público de pensiones resulta crucial para garantizar una vida digna los ciudadanos y ciudadanas.
En materia de pensiones queremos mostrar nuestro rechazo a la negativa del Congreso de los Diputados el pasado 11 de mayo para eliminar los coeficientes reductores y penalizaciones a la jubilación anticipada para los trabajadores con 40 o más años cotizados que supone un importante revés para su poder adquisitivo al condenarles a un recorte perpetuo de su pensión pese a haber cotizado durante un importante número de años.
Así mismo en el ámbito de los servicios público este Comité quiere resaltar y reivindicar algunas cuestiones claves para dos importantes servicios: el relacionado con la gestión de emergencias y el de tratamiento de residuos. En el primero de ellos, cabe señalar como El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, servicio integral de la gestión de las emergencias en Asturias, engloba desde la sala de gestión del 112, bomberos, grupo de rescate…, ha sido siempre un modelo de gestión y un referente en toda España, valorado como muy avanzado y eficaz por los expertos y copiado por algunas comunidades autónomas como el modelo ideal y más eficaz para gestionar las emergencias en un territorio.
Actualmente está en tramitación la Ley de Emergencias del Principado de Asturias, que deberá definir como se gestionan las emergencias en nuestro territorio, echamos de menos en el borrador conocido, que se defina claramente quién ejerce el mando único en caso de una actuación y esto evite algunas discrepancias que están ocurriendo actualmente con respecto a alguno de los cuerpos de seguridad del Estado.
Así mismo, entendemos que se debe potenciar el servicio de rescate de este organismo y no sean mermadas sus capacidades, sobradamente demostradas, en favor de otros servicios de rescate mucho menos dotados y eficaces y sobre los cuales el Principado de Asturias no tendría ninguna capacidad de decisión.
En relación a la gestión de residuos respecto a COGERSA, reivindicamos al Principado de Asturias y al Consejo de Administración y la gerencia de este organismo a que pongan cuanto antes en marcha los procesos selectivos aprobados y especialmente las plazas necesarias para la apertura de la planta de recogida selectiva de basura bruta. Así como a que se abra, por parte de la gerencia, el diálogo con las organizaciones sindicales y que de forma transparente se nos informe de cuál es la situación del Consorcio, evitando las especulaciones como consecuencia de todas las noticias que últimamente aparecen en los medios de comunicación. Esta ausencia de información y negociación solo hace que generar malestar y nerviosismo en la plantilla.
En Asturias la economía se ha mostrado dinámica durante 2025, año para el que se estima una tasa de crecimiento interanual del PIB regional en torno al 2,6%, ligeramente inferior a la prevista para el conjunto nacional (2,9%) según Hispalink. Este crecimiento se basa en la evolución favorable de todos los sectores económicos salvo la agricultura. Según las predicciones, el dinamismo se prolongará hasta 2027 con un crecimiento interanual del PIB regional de Asturias del 1,7% durante el presente año y el próximo, también por debajo de la nacional del 2,3% y 2,1% respectivamente.
El análisis sectorial apunta las mejores expectativas a la construcción y los servicios, frente al retroceso de la agricultura regional y la incertidumbre sobre la actividad industrial.
Como bien sabemos la industria es clave para nuestra región de ahí la necesidad de afrontar las amenazas y retos como son, entre otros: la descarbonización; el coste, suministro e infraestructuras energéticas; la digitalización o el relevo generacional. Estos y otros han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar la Estrategia Industrial de Asturias, aprobada en el seno del a Concertación Regional actual que supone sin duda una herramienta clave para Asturias y su sector industrial, al establecer la hoja de ruta para reforzar el peso de este sector en el desarrollo económico de la comunidad y consolidar una base productiva más fuerte, moderna y competitiva.
En nuestro análisis sectorial no podemos olvidar como recientemente se han producido diversas movilizaciones en el sector de minería y en el suroccidente asturiano denunciando la actitud de una patronal que ignora sus responsabilidades legales, reteniendo las nóminas devengadas, condenando a la precariedad a quienes extraen la riqueza de nuestra tierra, y burlándose de la administración pública que está maniatada y no actúa.
Al mismo tiempo que se denuncia el abandono del suroccidente asturiano, y la falta de soluciones efectivas para que las personas de aquellos territorios puedan construir su proyecto vital.
Seguimos incidiendo en la necesidad de resolver las diferentes controversias en torno a la interpretación de la Decisión 2010/787/UE relativa a las ayudas estatales para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, que están frenando las posibilidades de actividad económica y generación de empleo en las zonas más afectadas por el cierre del sector.
A mayor abundamiento, señalar que no basta con palabras de apoyo; se necesitan voluntad y acciones políticas y jurídicas contundentes que permitan implementar garantías de futuro y una verdadera transformación socioeconómica e industrial de las comarcas mineras, basada en la creación de empresas, empleo e infraestructuras que permitan fijar población y combatir el declive demográfico que sufren estos territorios desde los años noventa.
En cuanto al mercado laboral asturiano cabe señalar que mantiene una evolución positiva en términos interanuales y roza máximos históricos de afiliación, consolidando una tasa de desempleo por debajo de la media nacional. Por el contrario nuestra tasa de actividad, muy condicionada al envejecimiento de la población se mantiene rezagada y a la cola de las autonomías. Así mismo, es preciso alertar sobre la calidad de los puestos de trabajo y el empleo creado que sigue siendo deficiente, así como de la pérdida de poder adquisitivo que sufre la clase trabajadora agravado por el lastre que conlleva el coste de la vivienda.
Sin duda alguna el proceso extraordinario de regularización tiene un efecto directo y positivo sobre nuestro mercado laboral, además de ser un evidente ejercicio de justicia social y necesario desde el punto de vista económico y democrático. El reconocimiento de derechos laborales y sociales a quienes ya forman parte de nuestra realidad productiva y social permitirá hacer frente a la explotación, la economía sumergida e irregular y a los discursos xenófobos.
Así mismo este Comité expresa su más firme condena ante la grave escalada de asesinatos machistas que estamos viviendo este año, con 24 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de 2026 y 1.365 desde 2003. Sin olvidarnos de la inasumible cifra de los 3 menores en lo que va de año, que se elevan a 68 desde 2013. Seguimos denunciando que la violencia machista no son hechos aislados, sino una violencia estructural que exige una respuesta institucional contundente, más recursos públicos y una mayor coordinación entre administraciones.
2. Vivienda: la principal emergencia social de la clase trabajadora
El Comité de UGT Asturias manifiesta su profunda preocupación por la situación del mercado de la vivienda, convertido hoy en una de las principales causas de empobrecimiento, desigualdad y exclusión social de la clase trabajadora. El incremento sostenido de los precios del alquiler y de la vivienda en propiedad está haciendo imposible para miles de personas acceder a un hogar digno, especialmente para la juventud trabajadora, las familias trabajadoras y quienes perciben salarios medios y bajos.
La vivienda se ha convertido así en una cuestión central del conflicto social que impulsa movilizaciones ciudadanas. Asturias no es ajena a este problema, a la falta de oferta asequible y a la especulación inmobiliaria, así como a la necesidad de un mayor volumen de vivienda pública y ello a pesar de que las políticas autonómicas están yendo en la dirección correcta. Debemos no obstante avanzar a la mayor velocidad posible en actuaciones recogidas en la concertación regional dirigidas al parque público de vivienda en alquiler y al de vivienda protegida, a intervenir en las zonas tensionadas. En definitiva, a garantizar que ninguna persona trabajadora quede expulsada de su ciudad o de su proyecto vital por el precio de la vivienda.
Consciente de la gravedad de esta situación, UGT presentó una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales – cuya tramitación está a punto de finalizar- denunciando el incumplimiento por parte del Estado español de los estándares de la Carta Social Europea en materia de vivienda. El sindicato continuará defendiendo que el derecho a la vivienda sea plenamente exigible y protegido, porque sin vivienda digna no puede haber vida digna ni trabajo decente
Concertación Regional
A lo largo del pasado mes de febrero tuvieron lugar la ronda de reuniones de las mesas de seguimiento de la actual Concertación Regional, estando ya convocadas la correspondientes al mes de julio.
A la espera del cierre de este ejercicio UGT Asturias considera favorable la evolución del acuerdo, cuya ejecución será necesario impulsar de cara a los próximos meses si tenemos en cuenta que 2027, año de finalización, estará marcado por la celebración de comicios electorales autonómicos, municipales y nacionales.
Hasta ahora caben señalar los avances en materia de empleo, donde se ha conformado ya el grupo de trabajo de análisis de los desequilibrios de la oferta y la demanda del mercado y se ha avanzado en la futura Ley del Servicio Público de Empleo de Asturias; la Ley de Proyectos Estratégicos, las ayudas para impulsar la actividad productiva y la competitividad de las empresas en diferentes sectores incluida la economía social con la aprobación de la Ley de Cooperativas o del Programa Estratégico de Emprendimiento 2025/2027; también la creación del Fondo de Consolidación Empresarial; las medidas en el ámbito de la seguridad y salud laboral, la conformación del Grupo de trabajo en torno al amianto; la aprobación de la Estrategia Industrial de Asturias; el estudio para la reducción de jornada de 32 horas; la Estrategia de la Soledad no deseada, las medidas para avanzar en la reducción de listas de dependencia, la implantación de la Historia Social Única; el grupo de trabajo de Fondos Europeos; los avances en materia de vivienda con la futura Ley de Vivienda y los cambios en la regulación de la vivienda de uso turístico, las actuaciones de ampliación del parque público de viviendas, el programa público de intermediación de alquiler y las convocatorias para alquiler de vivienda; avances también en la futura estrategia de desarrollo sostenible de Asturias; los trabajos del grupo de simplificación administrativa, contratación pública y cláusulas sociales; las actuaciones en el ámbito de la inteligencia artificial con la aprobación del decreto que regula el uso de la IA en la administración y su sector público; la renovación de la Alianza por las Infraestructuras; la Ley LGTBi; así como las medidas recogidas para la igualdad de género y sin olvidarnos de las medidas relacionadas con el ámbito de los servicios públicos y la protección social con actuaciones en el ámbito de la sanidad y la educación públicas o la atención a la dependencia y el reforzamiento de la protección social. En el ámbito de la juventud se trabaja en el contenido del decreto que regulará el procedimiento y contenido de los planes integrales de juventud.
Así mismo, está en trámite parlamentario la futura Ley de Participación Institucional que protege un activo tan importante como el Diálogo Social.
Negociación Colectiva, VI AENC y propuesta sindical unitaria
Este Comité reafirma su compromiso con la negociación colectiva como principal herramienta de redistribución de la riqueza, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento de la cohesión social. En un contexto de inflación derivada de la inestabilidad internacional y de fuerte presión sobre el poder adquisitivo de los salarios, la negociación colectiva continúa demostrando su capacidad para proteger a la clase trabajadora y sostener el crecimiento económico desde la justicia social.
El V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de vigencia ya finalizada (2023/2025) supuso sin duda un impulso a la negociación colectiva, y una mejora clara de las condiciones laborales. Los datos al cierre de 2025 de convenios registrados en Asturias con efectos económicos para ese año ascendieron a 93, afectando a 136.173 trabajadores y recogiendo un incremento salarial medio de 2,92%, en línea al IPC de 2025 que cerró con el 2,9% y al incremento del 3% recogido en el V AENC para el citado año.
En lo que va de 2026, los datos de negociación colectiva en Asturias muestran como los convenios registrados hasta mayo con efectos económicos en este año alcanzan incrementos salariales del 2,70%, situándose por debajo de una inflación creciente del 3,2% impulsada por un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad de los precios energéticos derivados de la guerra en Irán y contenida, en parte, por las medidas fiscales del Gobierno que comenzaron a desactivarse el pasado 1 de junio. Un escenario inflacionista que ha llevado al Banco Central Europeo a subir por primera vez desde 2023 los tipos de interés un cuarto de punto quedando el tipo oficial en el 2,5% lo que vendrá a afectar al bolsillo de los ciudadanos y al coste de las hipotecas. Al encarecimiento de la vivienda se une ahora el de un mayor coste de financiación.
Con todo, se observa como el V AENC fue clave para evitar una devaluación de las rentas salariales. De ahí que este Comité valore positivamente sus resultados y considere imprescindible un nuevo AENC (VI) que permita, entre otros, seguir mejorando salarios, reduciendo el tiempo de trabajo, incorpore cláusulas de revisión, derechos frente a la digitalización y la inteligencia artificial y medidas concretas para reforzar los derechos laborales y combatir todas las formas de precariedad laboral. Porque el crecimiento económico no puede seguir desligado de la mejora efectiva de las condiciones de vida de quienes sostienen con su trabajo la riqueza de este país en un contexto político y económico especialmente complejo.
UGT, junto con CCOO, hemos impulsado una propuesta sindical unitaria que sitúa en el centro de la negociación colectiva la mejora real de las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Entre sus prioridades destacan la lucha contra la parcialidad involuntaria y los abusos en el contrato a tiempo parcial, que siguen afectando especialmente a mujeres y jóvenes; la necesidad de reformar el régimen del despido para adecuarlo a la Carta Social Europea y garantizar indemnizaciones verdaderamente reparadoras y disuasorias; la incorporación del coste de la vivienda en la negociación colectiva y en las políticas salariales; y el fortalecimiento de la negociación colectiva sectorial como instrumento de cohesión y protección frente a la precarización.
Aprobación urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
El Comité expresa igualmente su enorme preocupación por la situación de la salud laboral y por las insoportables cifras de siniestralidad. La vida y la salud de las personas trabajadoras no pueden seguir condicionadas por bloqueos políticos ni por posiciones tacticistas.
Por ello, UGT exige la inmediata aprobación de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Treinta años después de su aprobación, resulta imprescindible adaptar la legislación a las nuevas realidades del trabajo, incorporando la protección frente a los riesgos psicosociales, digitales y climáticos, reforzando la participación sindical y situando la prevención como un elemento central de la organización productiva.
No se puede jugar con la vida de las personas trabajadoras
Cabe señalar como en Asturias los accidentes laborales han experimentado una preocupante escalada, donde 2025 cerró con un total de 22 muertos por accidentes laboral alcanzando el peor registro de los últimos 8 años. A ello se une los 4 fallecidos en lo que va de año (mayo 2026).
Con todo desde UGT seguimos reivindicando la ejecución de las diferentes medidas recogidas en la Concertación Regional en materia de seguridad y salud laboral, así como el impulso del Plan de Choque contra la siniestralidad firmado por el Principado, los agentes sociales y la inspección de trabajo, la dotación de más recursos humanos en el IAPRL y de la inspección de trabajo, el endurecimiento de sanciones a empresas incumplidoras con la ley y la actualización del listado nacional de enfermedades profesionales.
Desde UGT recordamos la necesidad de seguir reclamando un Pacto de Estado contra la siniestralidad laboral que tenga como eje central la lucha contra los accidentes en el trabajo, el refuerzo de la cultura preventiva y las inversiones necesarias para hacerlo posible.
Así mismo el Comité considera que las cláusulas establecidas en los convenios colectivos que mejoran las prestaciones por Incapacidad Temporal son una garantía en defensa de la salud de las personas que trabajan. En consecuencia y en ningún caso, podrán ser alteradas ni modificadas, en perjuicio de las trabajadoras y trabajadores.
Por otra parte, y estrechamente relacionado con la salud laboral, consideramos necesario abordar con celeridad los coeficientes reductores para aquellas actividades de aquellas personas que se ven obligadas a trabajar en situaciones especialmente penosas, toxicas, peligrosas o insalubres.
