I Comité de UGT Asturias

La UGT de Asturias celebra hoy su I comité regional, con un intenso orden del día en el que se analiza la situación socioeconómica de Asturias y el panorama laboral actual, así como los procesos de diálogo social. Javier Fernández Lanero, secretario general, avanzó en una comparecencia previa ante los medios de comunicación, estos y otros asuntos, destacando, en primer término, la trascendencia de que Asturias tenga Presupuestos el próximo año. “De hecho, no es posible no tenerlos” dijo con rotundidad.

Así, destacó que los Presupuestos incorporan los fondos europeos de recuperación y son soporte de las medidas de la Concertación que se está negociando, por lo que, de no haberlos, correríamos “el riesgo de perder los fondos europeos, de no poder desarrollar la Concertación y de entrar en una parálisis el próximo año”. Todo ello además, en un contexto en que las nuevas variantes del virus “pueden poner en riesgo la recuperación económica”.

Respecto a la Concertación, afirmó que se está trabajando ya en la parte final y puso de relieve los objetivos relacionados con el fortalecimiento de los servicios públicos. La nueva Concertación está abordando asuntos concretos como la puesta en marcha de un plan contra el desempleo juvenil, un nuevo modelo de atención primaria, mejoras en el sistema de salud mental, la modernización del sistema educativo con la formación en materia digital de los docentes, la ampliación la red de formación de 0 a 3 años, medidas de protección social y recursos económicos muy importantes para la inversión empresarial. 

En cuanto al ámbito del diálogo social a nivel nacional, Fernández Lanero apunta que se afronta también ya la parte final de una negociación, “donde tenemos que derogar esa reforma laboral o, dicho de otra manera, tenemos que tener a finales de año el nuevo marco de relaciones laborales que necesitamos”. 

En este sentido enfatizó en el compromiso con la UE de que la decisión se tome antes de finales de año, e hizo un llamamiento para que “la CEOE deje de bloquear y se sume al acuerdo, porque todo lo que se acuerde es mucho más fácil luego de desarrollar y poner en marcha”. No obstante, añadió, si no hay acuerdo, “el Gobierno tendrá igualmente que aprobar ese nuevo marco de relaciones laborales, que deberá, sobre todo, centrarse en lograr empleo de calidad, pues tenemos una temporalidad altísima, tanto en el ámbito privado como en la propia administración pública. Hoy en día el contrato más habitual es el temporal inferior a un mes”.

El I Comité aprobó la siguiente declaración:

  1. Situación económica y laboral

Cuando la situación parecía mostrar ciertos signos de mejora, la aparición de nuevas variantes (Omicron) y el aumento de los contagios vuelven a ensombrecer la marcha de la economía y reaparecen los temores de nuevas restricciones, con las consecuencias que ello supone sobre la actividad productiva y el empleo. A esto se añade la fuerte escalada en los precios, especialmente en la segunda parte del año, el indicador adelantado del IPC sitúa su tasa de variación anual en el 5,6% en el mes de noviembre. La situación en el contexto internacional es también preocupante, debido a la existencia de diversos factores que generan una elevada incertidumbre y lastran a la baja las perspectivas de crecimiento, entre éstos destacan los elevados precios de las materias primas, el elevado coste de los productos energéticos, especialmente el petróleo y el gas natural, y los problemas de desabastecimiento en algunas cadenas de producción.

Todas estas incertidumbres están provocando que los distintos organismos rebajen sus previsiones económicas en esta última parte del año.

En términos de empleo, de acuerdo con la EPA en los nueve primeros meses del año 2021 se han recuperado los niveles de empleo que existían antes de la pandemia y el desempleo se sitúa por debajo. Se contabilizan 3.400 ocupados más que en el mismo periodo de 2019 y 5.700 parados menos. Si bien, cabe señalar que a día de hoy todavía existen en nuestra región en torno a 3.200 trabajadores afectados por un ERTE, y la mala evolución de los datos sobre la pandemia de las últimas semanas empañan esta situación.

A pesar de la mejora en los datos de empleo, a este Comité le preocupa la mala calidad de éste, donde uno de cada cuatro asalariados tiene un contrato temporal, por otro lado, todo este proceso de creación de empleo se apoya en empleos a tiempo parcial con un aumento del 7,3% en comparación con el mismo periodo del año 2019, mientras que la ocupación a tiempo completo retrocede un 0,1%. 

Ninguna recuperación económica será sólida ni sostenible si se apoya en la precariedad laboral y la devaluación salarial. La mejora de las condiciones laborales, con empleos de calidad y bien remunerados, es clave para luchar con los elevados y preocupantes niveles de pobreza y exclusión social existentes en nuestra región (el indicador AROPE escaló en Asturias hasta el 27,7% en el año 2020, por encima de la media del país con el 26,4%). En este sentido, si bien desde la UGT valoramos positivamente el acuerdo alcanzado para subir el SMI hasta los 965 euros, este Comité considera irrenunciable la subida del SMI hasta cumplir la Carta Social Europea (el 60% del salario medio, por tanto hasta alcanzar los 1.060 euros en 2021 en 14 pagas y con actualizaciones al IPC).

Esta mejora de las condiciones laborales y con ello de las condiciones de vida de los ciudadanos, junto con una apuesta clara por unos servicios públicos de calidad, son claves para abordar uno de los problemas más acuciantes que presenta Asturias que es el declive demográfico. Otro elemento sobre el que incidir en la lucha contra el reto demográfico es evitar la fuga de jóvenes de la región, que pone en peligro el reemplazo generacional.

El colectivo de los jóvenes es uno de los más castigados por el impacto de la crisis, debido a que partían de una situación de desventaja, ya que aún no se habían recuperado de la anterior crisis del año 2008. Desde la UGT llevamos tiempo demandando un plan de empleo juvenil para mejorar sus condiciones de trabajo para que puedan tener un proyecto de vida y no se vean obligados a abandonar la región.

Además del reto demográfico, la economía asturiana estaba atravesando otros desafíos importantes, como la digitalización y la transición energética, procesos que se han visto acelerados tras la irrupción de la pandemia. En este sentido, los fondos procedentes de la Unión Europea son fundamentales para superar dichos desafíos, por lo que debemos ser capaces de aprovechar al máximo estos recursos e invertirlos de la manera más eficiente posible.

Lo que ha dejado claro esta pandemia, y que desde la UGT siempre ha sido una de nuestras principales reivindicaciones, es la importancia de los servicios públicos por ser garantes de la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Por lo que reforzar el estado del bienestar debe estar presente en la agenda de cualquier gobierno, máxime ante el riesgo de aparición de nuevas pandemias mundiales. 

Un elemento clave de un estado de bienestar social es el sistema público de pensiones. En esta campo cabe destacar el acuerdo alcanzado para la Modernización y Refuerzo del Sistema de Pensiones en el ámbito del diálogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales, un acuerdo que supone la derogación de la reforma de pensiones aprobada de forma unilateral por el Gobierno del Partido Popular en 2013, la recuperación de derechos para los pensionistas actuales y futuros, la eliminación del déficit de la Seguridad Social y la revalorización de las pensiones según el IPC garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo.

2. Diálogo Social

En estos momentos estamos inmersos en la negociación de un nuevo acuerdo de concertación regional, con el que se pretende dar continuidad al actual Acuerdo (Concertación para la Recuperación Social, CREA 2020-2021), ante su inminente finalización. Este Acuerdo, CREA, se aprobó en los momentos más duros de la pandemia, en un ejercicio de responsabilidad de los agentes sociales y económicos para hacer frente al difícil escenario provocado por el COVID.

El nuevo acuerdo debe contribuir a cerrar las cicatrices que ha dejado la pandemia, siempre teniendo presente el objetivo de no dejar a nadie atrás. Para ello es fundamental reforzar la protección social, apostar por los servicios públicos, poner en marcha medidas para colectivos con mayores problemas de inserción laboral. Así mismo se abordan actuaciones en el ámbito de la igualdad de género, de la promoción e impulso económico y de la cohesión territorial, digitalización y el reto demográfico. El impulso del empleo de calidad es un objetivo irrenunciable para nuestra organización en esta concertación, como también lo son la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, el impulso de la Formación Profesional Dual y el SASEC.

3. Bloqueo de la negociación colectiva por la postura de la patronal

Tras la paralización en 2020 de la negociación colectiva originada por la pandemia, el año 2021 no está siendo más favorable. Se aprecia a lo largo del presente año una ralentización en el ritmo de la negociación colectiva, con un número importante de trabajadores afectados que aún no han visto renovado su convenio colectivo que afecta al menos a 78.000 trabajadores. Todo ello ante un escenario más que complejo, marcado por: la postpandemia, que está sirviendo de pretexto para no ceder en la negociación por la parte empresarial; la ausencia de un nuevo acuerdo interconfederal de negociación colectiva (el IV AENC finalizó en diciembre de 2020) que deja sin referencia a los negociadores; y una inflación disparada (5,4% según el último dato de octubre) que condena una vez más a los trabajadores a fuertes pérdidas de poder adquisitivo y a nuevas devaluaciones salariales. En este sentido es preocupante la baja proporción de trabajadores cubiertos con cláusulas de revisión salarial, que apenas alcanza el 5,4%, y que en estos momentos de elevada inflación provoca una importante pérdida de poder de compra de los salarios.

El duro golpe que la reforma laboral ha asestado a la negociación colectiva, y que desde la UGT siempre hemos denunciado y reclamado su derogación, se refleja en los datos que muestran como se ha debilitado el poder negociador de los trabajadores, rompiendo con el equilibrio y la correlación de fuerzas en la negociación colectiva.

4. Conclusiones de las Jornadas de Acción Sindical y Negociación Colectiva

Se informa al Comité de las principales conclusiones alcanzadas en las Jornadas Confederales de Acción Sindical, en las que se acordaron las líneas sobre los criterios salariales que deben trasladarse a las mesas de negociación. En éstas también se ha demandado a la patronal un giro en su comportamiento y se siente a negociar un nuevo AENC, que permita a los salarios recuperar el poder de compra perdido, a la vez que se vuelvan a recuperar las cláusulas de revisión salarial que en un contexto inflacionista como el actual son irrenunciables.

Es necesario recuperar la prevalencia del convenio del sector, además de mantener la vigencia del convenio hasta que sea sustituido por otro.

Serán retos para la negociación colectiva la negociación de salarios dignos, así como la actualización de los mismos al IPC y la incorporación de cláusulas de revisión; minorar la temporalidad y favorecer la contratación indefinida y a tiempo completo; la incorporación de planes de igualdad, el registro salarial y los protocolos de actuación contra el acoso sexual; así como todo lo relacionado con la jornada laboral y la necesidad de avanzar hacia las 32 horas semanales; la salud, la formación, la clasificación profesional, los derechos sindicales; las nuevas formas de organización de trabajo con la implantación de nuevas tecnologías, el teletrabajo y los algoritmos en las relaciones laborales y sus efectos sobre la intimidad y los derechos de los trabajadores. Asimismo, debe poner la atención en colectivos que sufren discriminación como las personas con discapacidad y los colectivos de LGTBI.

5. Necesidad de contar con unos presupuestos regionales el próximo año

La situación económica y laboral en que nos encontramos no está para una prórroga presupuestaria, por lo que este Comité demanda responsabilidad a los grupos parlamentarios para que hagan un esfuerzo para apoyar el proyecto de presupuestos que este mes se está debatiendo en la Junta General y que permita a Asturias contar con unos presupuestos para el año 2022.

Desde la UGT, como no puede ser de otra manera en estos momentos tan difíciles, apoyamos en su conjunto las cuentas, no sólo por el cuantioso volumen de recursos que pretenden movilizar, con 5.354 millones de euros (incremento del 2,2% respecto al año anterior, que viene impulsado por los 123 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), sino también por el esfuerzo que se hace en inversión social. En torno al 66% de los recursos se destinan a educación, sanidad y servicios sociales, cuyos créditos se incrementan en torno a 122 millones de euros (3,4% más). En este sentido cabe destacar el esfuerzo por reforzar la atención primaria (30 millones más) que se ha visto fuertemente debilitada ante la crisis sanitaria y la salud mental tan necesaria debido a las secuelas que ha dejado la pandemia (aumento del 4,4%).

Creemos que estos presupuestos serán una palanca para impulsar el crecimiento y la recuperación económica y del empleo tras la pandemia y que suponen además una apuesta decidida por consolidad e impulsar los bienes públicos esenciales como la sanidad y la educación, reforzando a su vez el estado de protección y bienestar social.

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