A partir de 2019 hemos vivido un momento de gran importancia política y social en el proceso de modernización de nuestro país. Las medidas que el gobierno pactó con los sindicatos y organizaciones empresariales durante la pandemia, así como todos los acuerdos alcanzados en esta legislatura que posteriormente se plasmaron en la legislación española, han promovido importantes e irrenunciables avances en derechos sociales y laborales y han contribuido a recuperar en 2023, los niveles del PIB anteriores a la pandemia.
En la actualidad los fondos de recuperación del Next Generation ponen a disposición de nuestro país hasta 2026 una importante cantidad de recursos económicos públicos, 140.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea, que pueden consolidar nuestra posición como un país con una economía “guiada por la innovación”.
La mejora de los salarios, y en general las condiciones laborales, impulsa a que las empresas mejoren su productividad por vías distintas al ajuste salarial y la precariedad del empleo.
Y ese impulso es funcional al gran reto que tiene ahora nuestro país:
Avanzar en una especialización productiva vinculada a la estrategia de competencia por creación de valor, fomento de la innovación y aprovechamiento de todas las potencialidades de las personas trabajadoras que le permita reducir los diferenciales que todavía tenemos con el resto de economías europeas. Para que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España reactive la economía desde la perspectiva de la reindustrialización del país, situando en el centro a las personas trabajadoras, las inversiones deben orientarse hacía un crecimiento económico más sostenible e inclusivo, apoyado en la economía “verde” y la transición digital y ecológica justa, en el desarrollo de sectores estratégicos, en la l+D y la ciencia, en la educación y la formación profesional, en la creación de empleo de calidad, en el aumento de la productividad y el refuerzo de nuestro Estado de bienestar, reforzando la democracia, la igualdad, la cohesión social y la convivencia.
Por todo ello, instamos a todos los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones generales, a que asuman e integren estas propuestas que de forma resumida presentamos, las incorporen en sus programas electorales, y a que las implementen en la sociedad española cuando, con posterioridad, se conforme el próximo Gobierno.
UN MODELO PRODUCTIVO SOSTENIBLE PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA, VERDE Y DIGITAL
Las administraciones, a través del diálogo social, deben de tener en cuenta la centralidad del factor trabajo en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas vinculadas a la transformación verde y digital, exigiendo planes de transición justa y memorias de impacto laboral en las empresas, que permitan anticiparnos a las posibles repercusiones negativas sobre el empleo y en las condiciones de trabajo para convertirlas en oportunidades para todas y todos.
Para ello es necesario:
• Desarrollar planes de transición justa en los sectores productivos afectados por estas transformaciones dentro del ámbito del diálogo social.
• Garantizar el control humano de los algoritmos e inteligencia artificial y que este sea seguro y nítido.
• Facilitar a las y los interlocutores sociales, a través de los organismos de participación institucional, la información suficiente que garantice la transparencia digital y algorítmica, en especial de aquellas fórmulas que configuran las aplicaciones vinculadas a las relaciones laborales y a la protección social.
• En este sentido, resulta esencial y urgente consolidar un cambio total de modelo productivo que contribuya a afianzar la estabilidad laboral, el crecimiento de los salarios, la formación de las personas trabajadoras y las ganancias de productividad basadas en el mayor peso de la industria, la tecnología y la innovación.
• Impulsar una nueva ley de industria que contribuya a la autonomía estratégica del país, que impulse el desarrollo industrial, el empleo de calidad y otorgue solidez a la actividad económica y productiva española. Que contemple, también, el desarrollo de las actividades de servicios de alto valor añadido, mejore la competitividad de las empresas basada en la creación de valor, y no en la reducción de costes laborales
EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD
• Reforzar el compromiso con las políticas de contratación laboral, desarrollando la reforma laboral fruto del diálogo social, que han conseguido reducir la temporalidad en términos históricos y situarnos en el número de personas afiliadas a la Seguridad Social más alta de la historia de nuestro país.
• Fortalecer las políticas públicas de empleo para reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir las desigualdades entre mujeres y hombres en el acceso al mercado de trabajo, aumentar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos de empleo con el fin de reducir significativamente la alta tasa de desempleo que tenemos, con el objetivo de ocupar a todas las personas demandantes de trabajo.
• Impulsar las políticas activas de empleo para dar soluciones a las necesidades actuales, de manera que permitan formar y capacitar a las personas trabajadoras como la mejor garantía para mantener el empleo en medio de las transformaciones que se están produciendo.
• Compromiso de desarrollar el estatuto de las prácticas no laborales en los centros de trabajo, garantizando una formación práctica de calidad con derechos, que contribuyan a la inserción en el mercado laboral de las personas jóvenes.
HACIA UN ESTATUTO DEL TRABAJO DEL SIGLO XXI
• Adaptar nuestro modelo de trabajo a los intereses y necesidades de una sociedad y un mercado de trabajo del siglo XXI en continua evolución debe llevar consigo, en el marco del diálogo social, una reforma integral del Estatuto de los Trabajadores que avance en derechos y aborde los nuevos retos a los que se enfrenta el trabajo, su organización y su regulación.
• Corregir las debilidades estructurales que tiene el actual Estatuto. Es evidente que su regulación ya no da respuesta a todos los cambios que se están produciendo en el ámbito laboral y social, por lo que necesita una profunda actualización.
• Abordar la regulación de la reducción paulatina de la jornada laboral con el objetivo de las 32 horas sin reducción salarial, del uso de los tiempos, de las medidas de flexibilidad interna negociada, de las contratas y subcontratas, la movilidad funcional, movilidad geográfica y la modificación sustancial de la condiciones de trabajo, el contrato a tiempo parcial, las distintas forma de organizar el trabajo, el fortalecimiento y estructura de la negociación colectiva o la adaptación de las directivas y sentencias europeas entre otras.
• Proporcionar una mayor protección, certidumbre y seguridad jurídica a las personas trabajadoras frente al despido, redefiniendo las causas y los procedimientos, con mención especial al despido colectivo.
• Reforzar el actual sistema de indemnización por despido improcedente incrementando su cuantía para adecuarlo a lo establecido en la Carta Social Europea Revisada.
• El nuevo Estatuto de las personas trabajadoras debe partir del reconocimiento de la centralidad del trabajo como eje fundamental del sistema económico, político y social.
LA TRASCENDENCIA DE LOS CUIDADOS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
• Reconocer los cuidados como trabajo es una cuestión esencial para constituir relaciones laborales más justas e iguales entre mujeres y hombres, así como avanzar hacia el trabajo decente.
• Negociar un pacto integral de cuidados que aborde desde la igualdad, los usos del tiempo, los derechos, las responsabilidades, los trabajos o el carácter público de los servicios.
• Asegurar el derecho subjetivo de las personas a disponer de los cuidados que necesitan.
• Fijar las obligaciones y garantías del Estado para generar el pilar del sistema de bienestar con un articulado sólido y suficientemente presupuestado, así como establecer políticas y medidas de conciliación corresponsables tanto en las empresas como en la sociedad.
• Asegurar trabajo decente y salarios dignos para las personas que trabajan en el sector de los cuidados.
GARANTIZAR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
• Recuperar el protagonismo de lo público como proyecto político que se conciba en una realidad cambiante, donde las y los interlocutores sociales tengan un papel fundamental.
• Apostar por políticas públicas asentadas sobre los viejos principios de justicia e igualdad, donde el estado del bienestar, el desarrollo de los servicios públicos y las políticas de protección social sean los garantes de su efectividad.
• Incrementar sustancialmente los recursos públicos en sanidad, educación, vivienda, protección social, cuidados y dependencia, como ejes de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión.
• Reforzar el sistema público de servicios sociales como parte fundamental del cuarto pilar del estado de bienestar, con suficiencia de prestaciones y servicios.
POLÍTICA FISCAL
• La presión fiscal en España, ya sea por impuestos o por cotizaciones sociales, es muy baja en relación con los que tienen los países más avanzados de Europa. Por ello, necesitamos una reforma fiscal más progresiva para sostener el gasto público, equiparándola a la media comunitaria y así dotar de recursos suficientes para mejorar las políticas públicas y ampliar nuestro Estado de Bienestar.
• Garantizar que los ejes de dicha reforma sean la transparencia fiscal, la armonización de los impuestos sobre la riqueza y la lucha contra el fraude y contra la economía sumergida.
• Reforma del Impuesto de Sociedades asegurando una tributación mínima del 15%.
• Equiparación de los tipos de la base general a la del ahorro e incremento de los tipos a las rentas superiores en el IRPF con el ánimo de cerrar la brecha existente entre España y la UE. (5 puntos del PIB).
• Promover a nivel europeo e internacional la lucha contra los paraísos fiscales y contra la elusión fiscal de las grandes empresas transnacionales.
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
• Configurar el derecho a la vivienda como derecho fundamental.
• Apostar por incrementar la inversión para la creación de un parque público de vivienda en alquiler asequible (al menos hasta el 1% del PIB). • Mantener normas que promuevan la contención y rebaja de los precios de alquiler.
• Respaldar el despliegue en todo el territorio de la Ley de Vivienda y adoptar medidas para frenar el incremento del coste de los créditos hipotecarios.
• Facilitar la novación y/o subrogación de las hipotecas de tipo variable a fijo, así como ampliar los periodos de amortización para que las cuotas que sufragan las familias no superen el 30% de sus ingresos.
ASEGURAR LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS ASÍ COMO LA GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO
• Garantizar el cumplimiento y desarrollo de las medidas acordadas en los Acuerdos de Pensiones de 2021 y 2023 como eje para el mantenimiento del sistema público y la suficiencia de sus prestaciones, asegurando la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC.
• Desarrollo de los acuerdos pendientes de los citados acuerdos, especialmente de lo relativo a la jubilación parcial facilitando la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas.
• Mantener el marco del Pacto de Toledo y del Diálogo social como aval de la sostenibilidad y mejora del sistema público de pensiones. • Aplicación inmediata del acuerdo por el que se incluye en el ámbito protector de la Seguridad Social a las personas en formación práctica no laboral.
• Reforzar los mecanismos para combatir la brecha de género entre mujeres y hombres.
IMPULSAR LAS POLÍTICAS SOCIALES Y DE LUCHA CONTRA LA POBREZA: EL PAPEL IMPORTANTE DEL SMI
• Mantener el SMI en el 60% del salario medio neto del país, como mínimo, y el mantenimiento de su poder adquisitivo eliminando la posibilidad de que sus mejoras puedan ser compensadas y absorbidas
• Recuperar el poder adquisitivo perdido del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y garantizar su revisión de acuerdo al IPC.
• Desarrollar un Plan Coordinado de erradicación de la Pobreza. • Establecer una Prestación de Ingresos Mínimos que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social y del ingreso Mínimo Vital que posibilite unos ingresos básicos para atender las necesidades más esenciales de las personas y los familiares a su cargo.
• Reformar de manera integral el sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extensivo, con el objetivo de que las personas en paro perciban una prestación, contributiva o asistencial, y se les dote de la suficiente formación y orientación para encontrar un trabajo.
• Incrementar las cuantías y la duración de las prestaciones por desempleo.
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
• Afrontar las medidas necesarias para acabar con las diferentes brechas sociales y laborales existentes por razón de género.
• Defender el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas, en los términos establecidos en la legislación vigente, como la mejor herramienta para acabar con la desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo.
• Establecer medidas concretas, que contribuyan a eliminar la segregación vertical y horizontal entre mujeres y hombres, con especial atención de aquellas con que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como las víctimas de violencia de género o las mujeres solas con responsabilidades familiares.
• Definir medidas de conciliación corresponsable, como son las derivadas de la organización y racionalización del tiempo de trabajo, del uso de los tiempos y la racionalización horaria, así como medidas de flexibilidad interna que faciliten dicha conciliación.
• Combatir la violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo y apoyar las medidas cautelares de protección a las víctimas.
ASEGURAR LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES, APOSTAR POR LA DIVERSIDAD
La realidad de personas que, por cualquier circunstancia personal y/o social, encuentran dificultades para que sea efectiva la igualdad en el mercado de trabajo y en la sociedad, requiere de políticas que hagan frente a la discriminación y a situaciones de desventaja que pueden desembocar en la exclusión y en la segmentación social.
Para ello es preciso:
• Defender la diversidad que enriquece un país y una sociedad.
• Asumir y desarrollar la Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que ya fue una reivindicación constante de CCOO y UGT.
• Extender a las personas extranjeras en situación administrativa irregular, víctimas de explotación laboral o sexual, delitos de odio o de tráfico de seres humanos, la posibilidad, real y efectiva, de acceder a una autorización para residir en España.
• Iniciar una política orientada a facilitar el retorno de quienes han emigrado al exterior, sea cual sea su nacionalidad con medidas específicas según los perfiles y que incluyan, en el marco del Diálogo social, la reincorporación o inserción en el mercado de trabajo español.
• Reconocer la diversidad de las personas LGTBI, y favorecer la integración y la no discriminación de este colectivo en todos los ámbitos de la sociedad, en especial en el acceso al empleo.
• Impulsar un Plan contra los Delitos de Odio con el ánimo de erradicar toda forma de odio hostilidad y violencia contra las personas LGTBI.
MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTRA DEMOCRACIA
• Defender el papel de las organizaciones sindicales que, de acuerdo con el título preliminar de la constitución, están reconocidas como un órgano básico de las instituciones que conforman nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho.
• Apostar por el aumento de la democracia en las empresas, a través de un modelo empresarial más participativo, con presencia de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones de las mismas, dotándonos de una legislación que regule esta participación.
• Promover y proteger el papel de las y los interlocutores sociales en el diseño, la gestión, la aplicación y la evaluación de las políticas nacionales, a través de la institucionalización del diálogo social y del refuerzo de la negociación colectiva. Para ello, es necesaria la adopción de una Ley que desarrolle el diálogo social y la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
