Por un DERECHO a la seguridad y salud en el trabajo REAL Y EFECTIVO
Las condiciones laborales tienen una enorme influencia sobre la salud de las personas trabajadoras. Desde los sindicatos venimos desde hace años denunciando que la precariedad laboral enferma y mata.
A pesar de la inclusión de los entornos laborales seguros y saludables entre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, en España aún estamos lejos de alcanzar este hito. De hecho, nos encontramos en un momento crítico para la salud y seguridad del trabajo en nuestro país.
En 2022 se contabilizaron casi 1.200.000 accidentes de trabajo, aumentando en un 5% respecto a 2021 y se produjeron 826 muertes en el trabajo, 121 más que el año anterior y que aumentarán de manera notable cuando se publiquen los datos definitivos. Son cifras inaceptables para una sociedad como la nuestra, a las que se debe poner freno de manera inmediata. Además, las enfermedades de origen laboral siguen ocultándose, enquistándose como la eterna asignatura pendiente de la prevención de riesgos laborales.
Los sindicatos venimos advirtiendo que la recuperación de la actividad productiva tras el peor periodo de la pandemia, si no venía acompañada de una mejora en las condiciones de trabajo, tendría como consecuencia un repunte de la siniestralidad. Y, desgraciadamente, nuestras previsiones se han cumplido. La seguridad y la salud en el trabajo siguen sin ser una prioridad para los distintos Gobiernos.
Sin duda, las consecuencias de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo, suponen un grave problema social que lleva aparejados enormes costes humanos y económicos. Pero un problema al que las administraciones no le prestan la atención necesaria por parte de aquellas que podrían actuar para evitarlo. Un problema invisible.
Por ello, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, queremos ser, una vez más, el altavoz de las víctimas y visibilizar el drama y sufrimiento que provocan los accidentes de trabajo.
Tampoco nos olvidamos de aquellas personas trabajadoras que han enfermado por su trabajo. En nuestro país, el pasado año, se declararon en torno a 22.500 enfermedades profesionales. Llevamos largo tiempo denunciando la enorme infradeclaración de las enfermedades profesionales y más concretamente, de los cánceres de origen laboral, entre los que se encuentran aquellos causados por el amianto. Durante 2022 únicamente se declararon 107 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, siendo 76 debidas al amianto. Para revertir esta situación es imprescindible que el Gobierno incluya la creación de un registro nacional de empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos y un registro de trabajadores y trabajadoras expuestos en la inminente modificación del RD de agentes cancerígenos. Recordemos igualmente, la necesidad de abordar el enorme problema que supone la exposición laboral a la sílice cristalina que provoca silicosis y cáncer de pulmón, entre otras, y exigir el cumplimiento riguroso de la normativa. Es importante aprender de errores del pasado como el caso del amianto.
Este 28 de abril, queremos que sea un día, también de homenaje y reconocimiento a las personas trabajadoras que han muerto o sufren una enfermedad a causa del amianto y sus familias, y especialmente a las mujeres, que en muchos casos también enfermaron y murieron por lavar la ropa de sus familiares expuestos a este cancerígeno en sus puestos de trabajo.
En este sentido, reivindicamos más ambición y valentía a los Gobiernos para proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras sin ambages, para que no prevalezcan criterios económicos sobre criterios de protección de la salud en el ámbito laboral a la hora de legislar, y concretamente reclamamos, una reducción del valor límite de exposición al amianto en el entorno laboral, porque no hay valor seguro. Nos oponemos rotundamente al valor propuesto por el Consejo Europeo porque es un límite de exposición al amianto diez veces superior al recomendado por los expertos en salud laboral, lo que supondrá más muertes de personas trabajadoras por este motivo.
Por otra parte, a nivel nacional debemos destacar la creación del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto.
Consideramos que la Ley de creación de este Fondo supuso un logro de la lucha sindical, ya que lo veníamos reivindicando desde hace muchos años, junto con las Asociaciones de Víctimas. Sin embargo, un logro agridulce, al no establecerse la exención fiscal para las indemnizaciones. Además, seguimos sin un reglamento que regule su funcionamiento y que fije unas cuantías dignas, imprescindibles para que sea un instrumento útil, lo que está retrasando su puesta en marcha y demorando de manera injustificada, la justicia y reparación que se merecen las personas afectadas y sus familias.
Existen también otras cuestiones a las que se debe hacer frente en el ámbito preventivo; las transiciones digital, demográfica y ecológica. El cambio climático ya está impactando en la seguridad y salud de las personas trabajadoras, como pudimos constatar de manera trágica el pasado verano. Por lo tanto, es indispensable trabajar desde la gestión preventiva para adaptar las condiciones de trabajo al nuevo escenario climático.
La protección de la salud mental de las personas trabajadoras es la gran olvidada de la gestión preventiva, prueba de ello es que la principal causa de muerte durante la jornada laboral fueron los infartos y derrames cerebrales, patologías que están asociadas con la exposición a riesgos psicosociales, que son los menos evaluados en las empresas. La precariedad laboral o la combinación de altas exigencias y bajo control en el trabajo están asociadas a una peor salud mental. Y todo ello en un contexto de intensificación del trabajo asociado a procesos de digitalización, gestión algorítmica de la organización de trabajo o economía de plataformas que no se van a detener.
Es imperativo avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la seguridad y la salud en el trabajo, facilitar la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y feminizar el listado de patologías y profesiones del RD de enfermedades profesionales, así como en el resto de materias de prevención.
Solo así podremos revertir las desigualdades de género presentes en la prevención de riesgos laborales.
Sin embargo, los mayores retos a los que nos enfrentamos son: el conseguir que las empresas cumplan a rajatabla con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales; el internalizar la gestión preventiva en las empresas y acabar con el trasvase de patologías profesionales al Sistema de Seguridad Social.
Instamos a las distintas administraciones, así como a las empresas, a tomar soluciones drásticas en esta materia y a que den a la seguridad y salud la importancia que merece. Conviene recordar que mueren 2 personas trabajadoras al día, y esto podría evitarse si las empresas cumplieran con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Para ello, necesitamos una Inspección de Trabajo y Seguridad Social reforzada, con más medios humanos y materiales para cumplir con su labor esencial de vigilancia del cumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo
Igualmente, reclamamos mayores recursos para la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de incrementar su actuación en aquellos casos en los que, aun no habiendo resultado de lesiones o muerte, se ponga en riesgo la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
Recientemente hemos firmado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 junto a patronal, Gobierno y CCAA, y aunque aún quedan por desarrollar los planes de acción bienales, esperamos que se convierta en el instrumento de referencia que concrete el desarrollo y mejora de las políticas de prevención de riesgos laborales que necesitamos. Sin embargo, la EESST tardará en dar resultados, por lo que, instamos al Gobierno a que convoque de manera urgente la Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales, anunciada en la propia firma de la Estrategia, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la que se acuerden medidas urgentes e inmediatas, para acabar con la siniestralidad laboral.
En el Día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos volver a expresar nuestro compromiso con la salud de la población trabajadora y por ello vamos a seguir apoyando, reconociendo y agradeciendo la labor de los delegados y las delegadas de prevención de riesgos laborales, que día a día trabajan para que sus centros de trabajo sean más seguros. Una labor ardua y complicada, pero tremendamente efectiva.
Somos conscientes que queda mucho camino por delante, aun así, estamos convencidos que con voluntad y esfuerzo de todos los agentes implicados conseguiremos alcanzar entornos de trabajo seguros y saludables.
