Alberto del Valle (FesP), Jenaro Martínez (FICA), Javier Fernández Lanero (UGT Asturias), Fermín de Con (FeSMC) y Manuel Francisco Menéndez (UJP) durante la presentación.

Diez medidas fundamentales para Asturias para que los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas las incluyan como prioritarias en sus programas electorales. Decálogo para un pacto social. Primero las personas. Así se titula la propuesta que ha hecho pública hoy el secretario general, Javier Fernández Lanero, arropado por los secretarios generales de las federaciones del sindicato en Asturias.

Fernández Lanero, que aprovechó para animar a la ciudadanía a votar masivamente y a decantarse por opciones progresistas en las elecciones del próximo 26 de mayo, explicó el documento del que UGT Asturias hará entrega a los diferentes partidos para lo que ya tiene previstas varias reuniones la próxima semana.

Así, se incluyen aspectos de ámbito general, como la necesidad de un empleo de calidad y con derechos, derogando la reforma laboral y recuperando el papel de la negociación colectiva. Incorpora también medidas en las que lleva tiempo insistiendo el sindicato, como la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la siniestralidad, los servicios públicos de calidad, la mejora de la protección social y los servicios sociales o la suficiencia y viabilidad de las pensiones públicas. Y, aspectos directamente muy relacionados con Asturias, como el impulso y finalización de las infraestructuras necesarias -entre las que se señalan la Variante de Pajares, el Corredor Atlántico, las cercanías ferroviarias y el Área Metropolitana Central-, la puesta en marcha del Plan Demográfico para afrontar la despoblación, y el refuerzo del modelo productivo regional, con un carácter sostenible y con elementos como un Plan Estratégico para la Industria asturiana, una transición energética justa y un estatuto de grandes consumidores de energía eléctrica.

Además, el decálogo reserva un punto para apostar por el reforzamiento del diálogo social y la participación institucional en el que se pide la recuperación del Consejo Económico y Social y la puesta en valor de la concertación regional, elementos ambos para una democracia moderna y participativa.

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