2014 será un año de transición

La convocatoria 2014, que podemos considerar de transición hacia un modelo más orientado a la vinculación de formación y empleo, fue aprobada por unanimidad de las Organizaciones presentes en el Pleno del Patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo el pasado 1 de agosto.

UGT recuerda que la Seguridad Social recauda para formación profesional un 0,7% de la masa salarial pagada por empresarios y trabajadores. Esta cantidad supuso, en el año 2013 en Asturias, más de 14,2 millones de € de los cuales unos 3,2 millones de € se destinaron a la convocatoria de subvenciones de planes y acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados y que beneficiaron a unos 4.500 trabajadores y unos 11 millones de € mediante el sistema de bonificaciones que gestionaron directamente las empresas para 65.200 trabajadores. En total los beneficiarios de formación continua en nuestra región fueron en el año 2013,  69.700 trabajadores. Pese a todo, todavía hay 220.300 trabajadores sin ninguna competencia profesional reconocida (el 46,1% de la población activa, según datos de la EPA del 1º semestre de 2014).

El Gobierno de España se ha comprometido a modificar, a través del Dialogo Social, los mecanismos de gestión del subsistema de formación profesional para el empleo, a partir del 2015, en el cual, los agentes sociales tendrán un papel esencial y confían en que los V Acuerdos Nacionales se rijan por los principios acordados y cuyo objetivo es mejorar la eficacia y transparencia del sistema.

En esta convocatoria 2014 se mantienen en esencia los principios reguladores vigentes hasta ahora, por los que los Agentes Sociales son considerados solicitantes válidos en la formación destinada a trabajadores ocupados.

No obstante, los Agentes Sociales y el Gobierno nos hemos comprometido a desarrollar a través del Diálogo Social, una serie de principios que van a modificar sustancialmente los mecanismos de gestión del subsistema de Formación Profesional para el Empleo, a partir de 2015:

? El acceso a una financiación suficiente, estable y equitativa, bajo el respeto de la unidad de caja y el carácter finalista de la cuota de formación profesional, que deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación, públicos y privados, acreditados conforme a la normativa vigente, para la impartición de toda la programación formativa de las distintas Administraciones públicas.

? La estabilidad, seguridad y certidumbre que permita la planificación estratégica y promueva la inversión en recursos formativos.

? La articulación del sistema a través de la coordinación y la cooperación interadministrativa en el marco de la competencia normativa del Estado que permita flexibilidad y la optimización de los recursos destinados al sistema.

? El impulso a la formación programada por la empresa para sus propios trabajadores, con la participación de la representación legal de los trabajadores, como vía ágil y flexible de responder a las necesidades más inmediatas y cercanas a empresas y trabajadores.

? El refuerzo de los sistemas de información, el seguimiento y control, la evaluación permanente en todas las etapas del proceso formativo, incluida la adecuada medición de su impacto y el compromiso con la mejora continua, en el marco de los instrumentos que se acuerden y cuenten con la presencia de la Administración y de las organizaciones sindicales y empresariales.

En este compromiso se mantienen asimismo principios básicos a los que los Agentes Sociales no hemos renunciado, y que seguirán presidiendo el sistema, como el ejercicio del derecho individual a la formación profesional para el empleo; la garantía y la igualdad en el acceso de los trabajadores y las empresas a una formación vinculada a las necesidades de los mismos; la unidad del mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el desarrollo de las acciones formativas; la negociación colectiva y el diálogo social como instrumento de desarrollo del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral; y la participación activa de los Agentes Sociales en el gobierno del sistema, y en particular en el diseño, planificación, programación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa, especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados.

Para la UGT, la Formación para el Empleo es un medio esencial para conseguir mejorar los niveles de cualificación de los trabajadores en España. No en vano según la EPA 2013 2º Trimestre, la población activa que no tiene reconocida ninguna competencia profesional alcanza una tasa del 54%, es decir 12.374.600 trabajadores.

La UGT ha actuado y seguirá actuando en colaboración con las Administraciones, realizando un servicio público para la formación de los trabajadores, del que estamos orgullosos, habiendo contribuido de modo significativo a la formación continua en España, que ha llegado a casi 5 millones de trabajadores formados anualmente.

En la futura reforma del Sistema de Formación para el Empleo, los Agentes Sociales tendremos un papel esencial, basado:

? En la gestión política del Sistema (Mesas de Negociación o Concertación, Comisión Estatal, Fundación Tripartita y Organismos Autonómicos), donde se marcan las líneas generales de actuación en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo.

? En los Consejos de Formación Profesional, tanto a nivel estatal como autonómicos, que tienen un papel asesor sobre la toma de decisiones en políticas de Formación Profesional.

? En la colaboración con el INCUAL para el contraste de las cualificaciones profesionales.

? En la impartición de formación a través de los Centros Inscritos o Acreditados propios de los Agentes Sociales, que pueden y deben suscribir Contratos Programa o Convenios de Colaboración con las distintas Administraciones, realizando eficazmente y con calidad los planes de formación que se les puedan adjudicar.

Es por todo ello que los principios acordados para el nuevo modelo deben plasmarse en los V Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo, vinculando a las Administraciones y a los Agentes Sociales, mejorando la eficiencia y transparencia del sistema, en lo que la UGT se encuentra decididamente comprometida.

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