La secretaria de Política sindical, Mar Celemín Santos, ha comparecido esta mañana en la Junta General del Principado, en una sesión que tuvo como objetivo trasladar al Parlamento la valoración de los agentes económicos y sociales de Asturias del proyecto de Presupuestos Generales de Asturias para 2023. Celemín señaló que «es un presupuesto con marcado carácter social que también atiende a la inversión productiva y donde es obligado la ejecución efectiva de los fondos europeos para aprovechar la oportunidad que ofrecen a la región».
Éste es el contenido íntegro de su intervención:
«Buenos días, permítanme agradecer en primer lugar su invitación para poder comparecer ante esta Comisión y trasladar a todos ustedes nuestra opinión, la valoración de UGT Asturias, sobre el contenido de Proyecto de Presupuestos Generales para Asturias del próximo año 2023.
Para poder ajustarme y cumplir respetuosamente el período de tiempo asignado de 5 minutos me veo obligada a realizar valoraciones de carácter más general. No obstante, quedo a su disposición para aclarar, posteriormente, cualquier cuestión que sus señorías deseen.
En primer lugar quisiera destacar el carácter expansivo del Presupuesto con un importante volumen de recursos económicos de casi 6.000 millones de euros (5.968.218.483). Una cantidad muy significativa y sin precedente que resulta necesaria a la hora de poder hacer frente a una coyuntura económica global complicada y con altas dosis de incertidumbre en la que se mueve la economía Asturiana. Y no sólo la economía asturiana, también la nacional e internacional.
Unos presupuestos que arroja un importante incremento del 11,5% respecto a 2022 y donde destaca la incorporación de más de 355 millones (355,4 millones) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin duda alguna, esta entrada de fondos europeos suponen una oportunidad que Asturias está obligada a aprovechar al máximo para impulsar el crecimiento económico, el empleo y la protección social y será por lo tanto clave llevar a cabo una ejecución efectiva de dichos fondos.
Creemos que estos presupuestos atienden y pretenden impulsar tanto políticas desde una vertiente productiva y económica como social y laboral. Tanto la inversión social y como la inversión productiva entendemos que son atendidas en estos presupuestos.
En la vertiente de inversión social, desde mi organización valoramos muy favorablemente estos presupuestos, de marcado carácter social, valoramos el esfuerzo por destinar recursos económicos a políticas públicas que contribuyen a impulsar y consolidar el estado de bienestar social y los servicios públicos esenciales y por lo tanto a conformar una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada.
Así, en un análisis funcional del presupuesto, observamos como los grupos de sanidad, educación y seguridad y protección social concentran el 62,1% del presupuesto. Porcentaje que alcanza 64% si añadimos otros créditos vinculados a políticas sociales recogidos en vivienda y bienestar comunitario. Es decir, nos encontramos con una inversión social cercana a los 3.820 millones (3.817). Ello supone un escudo social frente a la crisis para el conjunto de ciudadanos y en especial para los más vulnerables.
Ya sólo los recursos destinados a Sanidad y Educación (con porcentajes de participación del 35,96% y del 16,74%) concentran más del 50% del total de presupuesto consolidado. Dos servicios públicos esenciales que son garantes de la igualdad de oportunidades y donde el esfuerzo presupuestario se incrementa de cara a 2023. Me gustaría destacar en estas áreas el refuerzo económico y también de recursos humanos, de plantillas, que recoge este presupuesto, así como algunas actuaciones destinadas a mejorar la atención primaria (351,6 millones, un aumento de 29 millones, además de las inversiones en centros de salud-96,5 millones- y el hospital de Cabueñes, 38 millones) y las infraestructuras sanitarias o la salud mental (ni que decir de su importancia y de la necesidad de atender las secuelas psicológicas y emocionales que ha dejado la crisis en la población, especialmente tras la pandemia del covid 19).
Por su parte en Educación cabria señalar la extensión de la red educativa de 0-3 años, así como de su gratuidad y el impulso que se pretende dar a la Formación Profesional, con nuevas incorporaciones y regularización del profesorado de FP, la transformación de las aulas (dotación de 3,1Millones) y de sus instalaciones técnicas y de maquinaria (2,9 millones) o la mejora de la oferta bilingüe y redimensionar la oferta. También destacar las inversiones en institutos de enseñanza secundaria y ese intento por lo tanto de dotar de más calidad al sistema público educativo. (inversión total de 27 M en Consejería, destacan IESde la Florida, Corredoria y Rey Pelayo de Cangas de Onis. También Plan de Evaluación Docente con 36 millones, 5 más que 2022).
Junto a Sanidad y Educación, otro de los pilares de nuestro estado de bienestar social reside en los derechos y prestaciones sociales, gestionados en su mayoría por la Consejería de Derechos sociales que con 578 millones ve incrementar su presupuesto en un 20%. Valoramos favorablemente los esfuerzos que recoge este presupuesto para consolidar y extender el sistema asturiano de garantía de derechos y prestaciones vitales, tanto para implementar el nuevo modelo de cuidados de larga duración en residencias (el ERA 177M frente a 164M de 2022), como ha reforzar el Salario Social aumentando la protección de los más débiles (53,5 M). También destacar los recursos destinados para la garantía energética (6,5M) y para impulsar el acceso de la vivienda (69,6M, de ellos 13,7M de ayudas a acceso).
El avance de la inversión social, no limita el de la inversión productiva, ni el gasto en políticas relacionadas con el fomento del empleo, la promoción económica y el gasto en I+D+i.
Desde el plano de la actividad económica y productiva, sin duda alguna el impulso extraordinario que este año experimenta la inversión en el presupuesto, con 296 millones adicionales, un incremento del 47,37% y un total consolidado de operaciones de capital de 921 millones han de suponer una mejora en la competitividad de nuestra economía y en la actividad productiva. Dado que este avance, sin precedentes de la inversión, procede en su mayoría, de los fondos europeos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ni que decir tiene de la necesidad, de la importancia, de la obligación de ejecutar con la máxima celeridad y eficacia estos fondos.
Si analizamos la estructura funcional, el gasto destinado a políticas de empleo, promoción económica e I+D+i experimentan un avance más que significativo del 33,2%. Avance al que acompaña el incremento del 18,33% en políticas y actuaciones de carácter económico, relacionadas, entre otras con infraestructuras terrestres, hidráulicas, portuarias y agrarias.
También en el análisis orgánico se observa un importante incremento del 65,4% en la Consejería competente en Industria, empleo y promoción económica. Cabría destacar el presupuesto del SEPEPA con 158,6M casi un 14% más para desarrollar políticas activas de empleo, lo que implica una apuesta por impulsar y consolidar el mercado laboral de la región. Por su parte la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades que también desarrollo políticas claves para el impulso económico y competitivo de nuestra región, incrementará sus recursos en más del 7% hasta los 227,5 millones.
Antes de finalizar y muy brevemente una consideración en materia de fiscalidad que recogen estos presupuestos y que conlleva una modificación importante en la deducciones fiscales y la introducción de nuevos beneficios, en un intento de flexiblizar las condiciones de acceso a las mismas para que lleguen a un mayor número de contribuyentes. Entendemos y comprendemos que la idea sea la de ayudar a las familias ante un escenario altamente inflacionista, así como por otra parte hacer frente al reto demográfico, favoreciendo a los municipios que más sufren la pérdida de población. Si bien, y esto es una reflexión que solemos apuntar frecuentemente: Teniendo en cuenta que el importe estimado de los beneficios fiscales alcanzaría unos 1.163 millones, un 26,7% de los ingresos teóricos. Cabría preguntarse, y esto no es una valoración negativa (sino una reflexión como ya he señalado), si realmente son eficaces estos beneficios fiscales, o hasta que punto lo son, a la hora de incentivar determinados comportamientos por parte de los contribuyentes. Es decir conocer el coste de oportunidad de estos recursos que detraemos del sistema y que dejamos de ingresas en la arcas públicas vía beneficios fiscales.
En cuanto al personal del sector público, y con esto ya acabo, decir que ponemos en valor el incremento y creación de empleo público y los procesos de estabilización. Si bien permítanme que señale la necesidad de una mayor dotaciones de personal en el SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) en parque de bomberos y de bomberos rescatadores. Hasta aquí mi intervención, gracias por su atención».
A continuación la intervención integra de Mar Celemín Santos, secretaria de Política Sindical de UGT Asturias.
