Al grito global del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, para denunciar que las violencias machistas siguen atravesando las vidas de las mujeres y que esto supone una gravísima vulneración de sus derechos humanos, contraria a nuestras democracias.

Se trata de una realidad terrible que es preciso visibilizar, denunciar, prevenir y erradicar, y siempre escuchar, creer y proteger a las mujeres afectadas. Porque jóvenes y mayores, migradas o racializadas, con discapacidad, excluidas, en situaciones más vulnerables, trabajadoras, pensionistas o en paro, todas las mujeres en nuestra diversidad sufrimos con mayor o menor intensidad estas violencias.


Hace ya tiempo que desde el feminismo y también desde el sindicalismo gritamos SE ACABÓ.
Ponemos toda nuestra fuerza y nuestro compromiso sindical al servicio de esta causa en este momento clave y por momentos descorazonador, en el que ante los avances de los últimos años se yergue el riesgo de retrocesos, y mientras los indicadores arrojan resultados insoportables.


No habrá justicia, igualdad y libertad efectivas, ni un presente y un futuro dignos mientras la mitad
de la población estemos sujetas al freno y a las consecuencias de la violencia machista de manera estructural.
En las relaciones personales, en los trabajos, en los espacios de ocio, en la política, en todos los ámbitos de la vida es preciso trabajar para eliminarla por completo y para instalar la TOLERANCIA CERO frente la violencia de género. Para implementar políticas efectivas para la prevención, que incidan en la destrucción de los estereotipos que sostienen el patriarcado y que terminan desembocando en violencias. Y también políticas de reparación para las mujeres supervivientes.


Según las estadísticas oficiales, en lo que va de año, 40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y son 1.284 las víctimas mortales de Violencia de Género desde el 1 de enero de 2003. Mención aparte merece la violencia vicaria, los y las menores asesinados/asesinadas por violencia de género, que este año ascienden a 10, lo que supone la cifra más alta de toda la serie, desde 2013. En total, 63 menores desde ese año.


Pero es que, además, los feminicidios van mucho más allá de los asesinatos cometidos en el marco
de la pareja y la expareja. Esto, que era una verdad proclamada a voces desde el feminismo y que se reconoció y reclamó también desde el Convenio de Estambul ha cristalizado en las estadísticas oficiales que, desde 2022, recogen otros tipos de feminicidios. Los últimos datos corresponden al primer semestre
de 2024, y contabilizan tres feminicidios familiares, dos sociales y un feminicidio sexual.

Desde 2022 la cifra total de asesinadas por estos otros conceptos que también son violencia machista, asciende a 62.
Las cifras marean e indignan y, sin embargo, sabemos que las asesinadas son solo la punta del iceberg
de las violencias, cuya magnitud se mide en muchas otras dimensiones. Y no son solo cifras, cada vida
cuenta.


Según datos del Consejo General del Poder Judicial, solo en el segundo trimestre de 2024 se recibieron 50.536 denuncias por violencia de género, un 4,79% más que en 2023.
En septiembre de 2024 había en VIOGEN (el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género) 99.644 casos activos de víctimas, un 22,5% más que hace un año. De ellas, 12 están expuestas a riesgo extremo de volver a ser agredidas; 1.046 a riesgo alto; 15.350 a un riesgo medio y 44.013 han sido calificadas como de riesgo bajo.
En cuanto al 016, desde la puesta en marcha del servicio en septiembre de 2007 y hasta el 31 de agosto
de 2024, se han efectuado un total de 1.316.515 llamadas pertinentes, 71.196 hasta agosto de 2024

Otra cara de esta misma moneda son la violencia psicológica y la violencia económica. Según la Encuesta Europea de Violencia de Género 2022, se estima que el 27,8% (4.646.050) de las mujeres ha sufrido violencia psicológica en el ámbito de la pareja, en algún momento de su vida. Además, el 7,8% (1.306.791 mujeres) ha sufrido violencia económica: a un 6,5% (1.085.685) de mujeres su pareja o expareja les han controlado toda la economía familiar o controlado excesivamente los gastos que ella hace. A un 3,0% (498.185) les han prohibido trabajar.

A este escenario de cifras apabullantes se suman las de la violencia sexual. El #Metoo rompió todos los silencios en torno a las agresiones y la violencia sexual y este 2024 seguimos constatando que su extensión y gravedad, tal y como se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas, afectan a todos los ámbitos, incluidos la política, el trabajo, el deporte o el mundo de la cultura, entre otros.
En España se denuncian 14 violaciones al día, es decir, una cada dos horas; y 55 agresiones sexuales al día.
Las fuerzas de seguridad -Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales- han tramitado
en los seis primeros meses 2.465 denuncias de violación frente a las 2.305 del mismo periodo del pasado año. Unos números ante los que hay que tener en cuenta, además, que según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, solo se denuncian el 11% de esta violencia sexual.
Es preciso seguir trabajando para la visibilización, la concienciación y la reducción de la tolerancia social
ante estos delitos, así como en la asistencia y la reparación para las víctimas. Es incomprensible que a estas alturas aún no se hayan abierto todos los centros de crisis 24 horas de atención a las violencias sexuales previstos en la Ley del Solo sí es Sí. ¿Acaso hay víctimas de primera y de segunda? A día de hoy estos centros solo existen en Cantabria (Santander), País Vasco (Bilbao y Vitoria), Madrid (2 centros), Asturias, Murcia (El Palmar), Navarra (Pamplona), Melilla y Castilla-La Mancha (Albacete y Guadalajara), a
los que habría que sumar los servicios de intervención en crisis 24 horas de Catalunya.
Y al hablar de violencias sexuales también debemos referirnos a las tramas de prostitución de menores
que han escandalizado a nuestra sociedad en lugares como Murcia y Tenerife y reclamar medidas para
que nada similar vuelva a suceder nunca, además de gritar bien fuere: NO a la impunidad.

Como bien sabemos las sindicalistas, los centros de trabajo no son espacios ajenos a las violencias machistas y, en particular, a las situaciones de acoso sexual.

Sabemos también que sigue tratándose de una realidad muy invisibilizada y que las mujeres siguen viviendo en silencio y, a menudo, con miedo a denunciar, con terribles consecuencias para la salud física o psicológica. Sabemos que, ante la falta de apoyo, muchas de estas situaciones terminan en bajas o, incluso, con las mujeres abandonando sus puestos de trabajo. Es intolerable. Y nos compro metemos a seguir poniendo todos los medios sindicales necesarios para atajarlo.
Se estima que del total de mujeres residentes en España que tienen entre 16 y 74 años y que ha trabajado alguna vez en su vida el 28,4% (4.489.219) ha sufrido acoso sexual en el trabajo en algún momento de su vida.
De acuerdo con las mediciones de la Encuesta Europea de Violencia de Género, entre los comportamientos de acoso sexual más frecuentes se encuentran:


• Las bromas indecentes u ofensivas sobre su cuerpo o vida privada: 18,0% (2.853.602).

  • Se estima que un 10,9% (1.719.113) de las mujeres ha recibido sugerencias inapropiadas
    para tener una cita.
  • Se calcula que el 10,4% (1.649.373) de las mujeres han tenido contacto físico no deseado.
  • El 7,4% (1.168.106) de mujeres ha recibido sugerencias inapropiadas de tipo sexual.

Recordamos que todas las empresas y Administraciones Públicas, independientemente de su tamaño, tienen la obligación legal de tener protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.
Y reivindicamos espacios de trabajo seguros y libres de violencias. Comprometemos todo nuestro activo sindical en la denuncia y erradicación de estos comportamientos agresores y en la asistencia a las mujeres.

Sabemos que el empleo también resulta esencial para todas las mujeres supervivientes a las diferentes violencias, es una herramienta que favorece su autonomía económica y personal y una vía de empoderamiento y normalización. Por ello es necesario apoyar todas las medidas que favorezcan la permanencia de las mujeres en los puestos de trabajo, mediante las adaptaciones necesarias a partir de los derechos reconocidos en las leyes y también con medidas de apoyo específico negociadas en el marco de los planes de la igualdad.
Reclamamos responsabilidad empresarial para facilitar el ejercicio de los derechos y ofrecer además
todas las medidas de apoyo posible. Y hacerlas también extensibles a las víctimas de violencias sexuales o de violencia vicaria.
Asimismo, son necesarias medidas de apoyo a la integración laboral de quienes se encuentran fuera del mercado laboral. En este sentido, el XVI Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2022 (último informe publicado) señala que, desde 2003, los contratos de mujeres bonificados por violencia han experimentado un aumento considerable. Los contratos de mujeres víctimas de violencia de enero se han incrementado hasta 960 contratos en 2022. Además, en el año 2022 hubo un total de 759 contratos de sustitución de víctimas de violencia de género con un aumento del 164,5% con respecto a 2021. Con todo, siguen pareciendo cifras muy exiguas en relación a la cantidad de víctimas, por lo que habría que revisar su difusión y las posibles barreras que concurran para su utilización.

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En el ámbito internacional tenemos que felicitarnos por la aprobación de la primera directiva para combatir la violencia contra las mujeres, la Directiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica que prohíbe la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado a nivel europeo, y establece orientaciones específicas para los delitos cometidos en línea, como la divulgación de información privada y el exhibicionismo cibernético.
No obstante, preocupan también a nivel europeo que el auge de las extremas derechas y su discurso
negacionista pueda dejar sin efecto esta y otras normas, y, sobre todo, mermar el compromiso de la Unión Europea con el fin de las violencias.
Desde el sindicalismo no lo vamos a permitir. Ni un paso atrás. Y no podemos terminar sin expresar nuestra profunda solidaridad con las mujeres de todo el mundo que en estos momentos sufren las
consecuencias más crudas de los conflictos bélicos. Según reciente informe de la ONU, en 2023, la proporción de mujeres asesinadas en conflictos armados se duplicó con respecto a 2022. Cuatro de cada diez personas que murieron como resultado de conflictos en 2023 eran mujeres. Los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos verificados por la ONU aumentaron un 50%. Y Cada día, 500 mujeres y niñas en países afectados por conflictos mueren por complicaciones
relacionadas con el embarazo y el parto. A fines de 2023, en Gaza, ya devastada por la guerra, cada día 180 mujeres daban a luz, la mayoría de ellas sin artículos de primera necesidad ni atención médica.
En cuanto a Afganistán, urgimos a actuar contra el ‘apartheid de género’ impuesto por el régimen talibán, que ha excluido a las mujeres de cualquier manifestación de la vida pública. No pueden estudiar después de los 12 años, no pueden ir solas por la calle y, en una última vuelta de tuerca más retorcida incluso, se ha prohibido hasta el sonido de su voz en público. También las mujeres de Irán están sujetas además a la violencia ejercida contra ellas por el Estado y la comunidad.
Lo decíamos al principio y lo recalcamos ahora. Este 25N de 2024 el grito global de las mujeres es
más necesario que nunca. Dentro y fuera de nuestras fronteras. En los centros de trabajo y en nuestras casas, en nuestras calles, en todos los espacios las mujeres reclamamos un presente y un futuro sin violencias machistas para las mujeres. Convocamos a todas las personas afiliadas y al conjunto de la ciudadanía a participar en las manifestaciones unitarias que tendrán lugar con motivo de esta fecha para contribuir a la eliminación de la violencia contras las mujeres.

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Un compromiso social inequívoco de todas las instituciones y los poderes públicos en la erradicación de las violencias machistas.
Instamos al Gobierno central y los gobiernos autonómicos y locales a que dediquen de forma sostenida y creciente los recursos necesarios, especialmente los económicos, y que garanticen en todos los ámbitos que les son propios servicios de prevención y de atención integral a las víctimas
de todas las violencias machistas.

La evaluación y el refuerzo del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, garantizando la plurianualidad de la distribución de los fondos.

Mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de la red de atención a las violencias que atienden los servicios de primera línea de atención a mujeres víctimas y supervivientes, y los recursos residenciales, en el conjunto de las Comunidades autónomas.

Exigimos la puesta en marcha de todos los centros 24 horas de atención a la violencia sexual previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sexual en todas las provincias del Estado.

Mayor publicidad y accesibilidad de las medidas laborales disponibles para las mujeres víctimas
de violencia de género (contra tos bonificados).

Planes de inserción laboral para mujeres víctimas de violencias machistas.

El cumplimiento de la normativa que obliga a empresas y Administraciones Públicas a contar con protocolos de prevención e de acoso sexual y acoso por razón de sexo, acordados y negociados con la representación sindical.
Garantizar y vigilar la aplicación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso que entró en vigor en nuestro país el pasado mes de de mayo de 2023.

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