Los mecanismos de protección de la Seguridad Social tuvieron su origen en Alemania en 1884, que fue el primer país del mundo que adoptó un programa de seguro social para la vejez. En España, la Seguridad Social, que es la entidad pública encargada de gestionar y pagar las pensiones públicas de jubilación, nació en 1900, año en que se creó el primer seguro social de nuestro país, a través de la Ley de Accidentes de Trabajo.
Posteriormente, en 1905 se creó el Instituto de Reformas Sociales, en 1908 el Instituto Nacional de Previsión, en 1919 se el Retiro Obrero, en 1929 el Seguro de Maternidad y en 1931, la Constitución de la II República, en su artículo 46, reguló, entre otros asuntos, los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte.
Luego, en el Fuero de trabajo de 1945 se da ya un cuadro bastante completo de seguros sociales. En el artículo 28 se reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez.
En 1963 apareció la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social. Se definieron los principios, que se plasmarían en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia desde el 1 de enero de 1967.
Desde la Constitución de 1978 hasta hoy, nuestra Seguridad Social es para todos los ciudadanos y garantiza prestaciones ante situaciones de necesidad. Finalmente, en 1995 se firmó el Pacto de Toledo, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales.
Las pensiones de jubilación son la partida de gasto más alto de la Seguridad Social, la cual se financia a través de un sistema mixto, formado por las cotizaciones sociales (88%) y los impuestos generales (12%).
Las cotizaciones sociales o cuotas son el porcentaje que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social sobre el salario de los propios trabajadores. Las empresas aportan un 23,6% y los trabajadores un 4,7% de su salario.
La otra gran fuente de financiación son las aportaciones del Estado procedentes de los impuestos generales. Con ellas se financian la asistencia sanitaria, los complementos para mínimos de las pensiones y el presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Nuestro sistema se financia a través de un sistema de reparto, es decir, cada año los ingresos derivados de las cotizaciones sociales junto a las aportaciones del Estado sirven para pagar las pensiones de ese mismo año.
Un pacto intergeneracional
Se basa en un pacto intergeneracional por el cual los trabajadores actuales, pagamos las pensiones de los jubilados actuales y confiamos en que nuestras pensiones, cuando las tengamos, nos la paguen los trabajadores del futuro
Existe también el sistema de pensiones privado, que simplemente es una hucha que acumula el capital que vamos metiendo y que al mismo tiempo va capitalizando para utilizarlo nosotros en el futuro. No es un sistema de reparto ni intergeneracional, sino que es individual.
El artículo 50 de la Constitución dice que “los poderes públicos, garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Por tanto las pensiones tienen la consideración de gastos obligatorios.
Así, nuestra primera exigencia al Gobierno de este país es que cumpla lo que manda la Constitución.
Un problema político, no técnico
Desde nuestro punto de vista, el de las pensiones públicas es un problema político y no técnico, si tenemos en cuenta que el gasto en pensiones de nuestro país está en el 11,4% de PIB y la media de la Unión Europea se sitúa en el 13,5%. Países como Portugal, Alemania, o Italia gastan en torno al 15% del PIB. Estamos ante un problema de ingresos y no de gastos.
Es fundamental que de manera inmediata el Gobierno deje de utilizar «la caja de la Seguridad Social» para materias que no le son estrictamente propias, como bonificar la contratación indefinida a las empresas o pagar los gastos de funcionamiento de la propia Seguridad Social. También es necesario que se destopen las bases máximas de cotización para que los que más ganan coticen por todo lo que ganan. Y hay que eliminar la libertad de elección de la base de cotización de los autónomos con elevados ingresos.
Creemos que es necesario derogar la reforma de las pensiones del año 2013, es decir, que hay eliminar el factor de sostenibilidad (la pensión no puede estar en función de la esperanza de vida de las personas), establecer por ley la revalorización de las pensiones al IPC, no ligada a los presupuestos generales del Estado. Para el año 2018 la subida será del 1,6%, las mínimas el 3% y las de viudedad un 2%. En la mesa del Pacto de Toledo se alcanzó un principio de acuerdo para vincular su subida al IPC. Pero insistimos en que esto ha de ser por ley.
Del mismo modo, es imprescindible derogar la reforma laboral, que lo único que ha traído es precariedad, desigualdad y pobreza y que consigue que sea imposible sostener con cotizaciones el sistema público de pensiones.
También urge poner en marcha una reforma fiscal integral que luche contra la economía sumergida.
Y hay que empezar a gravar las rentas empresariales y del capital, porque hoy en día se fabrica los mismo que hace 50 años con muchos menos trabajadores, y todo ese beneficio que se llevan las empresas hay que redistribuirlo equitativamente entre todos los trabajadores y trabajadoras y que contribuya a ingresar dinero a la caja de la Seguridad Social. Es lo que se ha venido a llamar “cotización de los robots”, no impuestos a pagar por los ciudadanos, porque entonces estaríamos en las mismas.
Por eso queremos que se deje de malgastare tanto tiempo en buscar argumentos, muchas veces inexactos o falsos, sin informes técnicos objetivos e independientes que los amparen, que solo sirven para justificar el no tener que hacer nada.
Respeto para los pensionistas de este país
Y sobre todo exigimos respeto para los pensionistas de este país, ya que últimamente determinados personajes del ámbito del económico y gubernamental no han hecho más que decir ridiculeces con el único pretexto de desprestigiar a los pensionistas, vinculando su pensión a si tienen hipotecas, etc. Bastante tienen los jubilados con una subida de mierda de la pensión de 1 o 2 euros, sin tener en cuenta copagos o lo que sube la luz, y con vincular su pensión a si viven mucho o poco.
Mientras tanto, el máximo agradecimiento de la Unión General de Trabajadores a las personas mayores, porque son los que apoyan económica y materialmente a los hijos en gran proporción; quienes poseen la vivienda que habitan y en la que conviven sus hijos; porque en muchos casos son los que cuidan a los nietos proporcionándoles sobre todo afecto, tiempo, protección, seguridad.
Por eso decimos que es inadmisible un país que no proteja, ni respete ni reconozca la labor social de nuestros mayores.
Seguiremos movilizándonos en todos los sitios y todas las veces que sea necesario. Llevamos 130 años luchando.
