La inflación galopante, producto tanto de la guerra en Ucrania como del afán de lucro de poderosas corporaciones que controlan la energía, el transporte, los alimentos y otros productos básicos, está sumiendo en la pobreza a un número cada vez mayor de trabajadoras y trabajadores y a sus familias.
Más de a mitad de los hogares está teniendo dificultades para subsistir, y el 10% no puede siquiera afrontar al coste de los productos básicos.
La pandemia de la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania han repercutido gravemente en el suministro de bienes, y en el mundo se está haciendo muy poco por detener la especulación corporativa derivada de estas crisis.
Esto se suma a la reducción que, desde hace décadas y en todo el mundo, viene produciéndose de la proporción de la riqueza que corresponde a la clase trabajadora, producto de la represión de la actividad sindical en algunos países y en particular del bloqueo se sufre la negociación colectiva. Los salarios mínimos en muchos países no existen y en muchos otros, aunque establecidos, son inadecuados.
JUSTICIA SALARIAL
La justicia salarial es una piedra angular del contrato social entre la clase trabajadora, gobiernos y empresas que se ha roto, en gran medida, por la codicia corporativa cada vez mayor. Desde el comienzo de la pandemia han surgido 573 nuevos multimillonarios. Éstos controlan ya el 13,9% del PIB mundial mientras cada día más de 700.000 personas más caen en la pobreza.
La fractura del contrato social como consecuencia de decisiones gubernamentales supone una amenaza para la propia democracia al tiempo que la represión contra organizaciones sindicales y la incapacidad de garantizar una legislación laboral justa alcanzan niveles sin precedentes.
Esta situación se está viendo reforzada por el mito difundido por economistas, políticos conservadores, liberales y de extrema derecha, bancos centrales y medios de comunicación afines, según el cual la inflación es, de alguna manera, culpa de la gente trabajadora, y un aumento en los ingresos de las personas sería perjudicial para la economía. Eso es totalmente falso: la inflación en los pocos países que siguen contando con una indexación salarial automática se encuentra aproximadamente al mismo nivel que en países equiparables que no han aplicado incrementos salariales.
Punto de inflexión
Buena parte de las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo hemos decidido movilizarnos para exigir medidas que reduzcan la brecha salarial frente a la inflación galopante que está privando a familias y comunidades de cualquier posibilidad de tener una vida decente y un futuro digno; enfrentándose, en muchos casos, a una violenta represión por parte de gobiernos que obedecen a intereses corporativos o a la constante amenaza de perder sus puestos de trabajo.
UGT, así como el conjunto del movimiento sindical mundial, llevamos años reclamando justicia salarial para la clase trabajadora, tanto del sector de la economía formal como de la informal, independientemente de donde vivan y del trabajo que realicen.
Las crisis transversales, como el calentamiento global, los conflictos armados y la codicia corporativa, deben convertirse en un punto de inflexión en el que gobiernos e instituciones internacionales asuman ya, y de una vez por todas, que tienen que gobernar en interés de las personas y dejen de una vez de complacer los intereses de las poderosas élites empresariales.
El mundo necesita un nuevo contrato social en el que la justicia salarial ocupe un lugar central. Hay que acabar con el déficit mundial de 575 millones depuestos de trabajo, respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, acabar para siempre con la discriminación por motivos de género, ampliar la protección social a todas las personas y construir una economía mundial inclusiva, libre de los vestigios del colonialismo.
Como bien recuerda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo sobre estos cimientos se puede construir la paz duradera y afrontar y superar los acuciantes retos del presente y del futuro.
España no es ajena a esta realidad mundial, los excesos del capitalismo, la codicia corporativa y la aquiescencia de gubernamental han supuesto que la crisis financiera haya dejado desde 2008 una importante y visible devaluación salarial y un incremento de las desigualdades sociales y de las situaciones de pobreza.
UGT considera que es urgente que las consecuencias de la inflación sean tenidas en cuenta en todas las negociaciones, de manera que se distribuyan las cargas y aumenten los salarios. Exigimos a las organizaciones empresariales responsabilidad, que no bloqueen los procesos de diálogo social ni de negociación colectiva, y que entiendan que es urgente que se produzcan subidas salariales justas y suficientes. Los sindicatos de clase mayoritarios pedimos al Gobierno medidas que frenen el aumento de los precios y que apuesten por un impulso fuerte del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
En base a esas premisas nos movilizamos, junto al resto de organizaciones hermanas de la Confederación Sindical Internacional (CSI), para exigir “Justicia salarial” para los y las trabajadoras del mundo.
