¿Tiene sentido hoy en día celebrar la Jornada Mundial del Trabajo Decente, una reivindicación histórica promovida por la OIT en 1999? La pregunta surge porque, tras 25 años, parece algo anticuado y que debería estar superado. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo decente como «aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, donde las personas trabajadoras participan, sus derechos son respetados y cuentan con una remuneración y protección social adecuadas». Al analizar esta definición, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la lucha por el trabajo decente sigue siendo no solo vigente, también urgente.
Mientras los multimillonarios derrochan cantidades obscenas de dinero en viajes espaciales y los altos ejecutivos de grandes corporaciones multiplican sus salarios, la robótica, la digitalización y la inteligencia artificial avanzan vertiginosamente. Y aun así, en este país, el 17% de las personas trabajadoras cobran el salario mínimo interprofesional, cuando este debería ser un acuerdo de mínimos, una red de protección que evite la caída en la desesperación y la exclusión social.
En España, hay alrededor de 600.000 personas que llevan más de cuatro años en desempleo. De ellas, más del 60% son mujeres mayores de 45 años, en situaciones especialmente vulnerables.
Seguimos viendo cómo, en algunos sectores y plazas de pueblos, se recluta a trabajadores/as para hacer peonadas, un recuerdo de una España en blanco y negro.
Aunque los datos del paro mejoren mes a mes, no podemos olvidar que la temporalidad sigue midiendo el grado de precariedad laboral. En muchos casos, la temporalidad se duplica en el empleo que ofertan las administraciones públicas. Además, los niveles de siniestralidad laboral son inaceptables. El trabajo debe ser una herramienta para vivir dignamente, no para morir. La sociedad, y especialmente el mundo empresarial, debe entender que la seguridad es una inversión, no un gasto.
La participación y representación de las personas trabajadoras en la gestión de las empresas es un derecho reconocido. Sin embargo, en muchos casos, vemos cómo se intenta impedirlo mediante presiones y artimañas, incluso con sentencias judiciales que imponen penas de cárcel por ejercer la actividad sindical.
No cabe duda que la violencia y los conflictos bélicos castigan principalmente a la clase trabajadora, que sufren en mayor medida los efectos económicos y sociales que generan. Queremos solidarizarnos con los trabajadores y trabajadoras de todos aquellos países en los que existen guerras y condenamos a quienes causan tantas muertes y horror.
En definitiva, la reivindicación que plantea La Jornada Mundial del Trabajo Decente es más necesaria y urgente que nunca. El diálogo social debe ser el mecanismo que impulse normas y leyes para corregir estas situaciones. Exigir y avanzar en un trabajo decente para todos y todas reducirán las desigualdades, protegerá a los colectivos vulnerables y asentará las bases de un mundo más justo.
Javier Campa Méndez (secretario de empleo de UGT Asturias)
