Dos nuevas muertes en accidente laboral nos llevan de nuevo a tener que concentrarnos en señal de duelo y repulsa contra la lacra de la siniestralidad laboral en Asturias.

Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y solidaridad a la familia de los dos compañeros fallecidos en Cangas de Narcea y al resto de sus compañeros.

En este año 2025 son ya 19 las personas que pierden la vida en Asturias en accidente laboral.

Con dos circunstancias agravantes que añaden una extraordinaria preocupación: tres de estos accidentes lo son con víctimas múltiples que suman 10 personas y además 7 de los compañeros que han perdido la vida lo son en un sector como el de la minería que tras su desmantelamiento está bajo mínimos en cuanto a actividad pero con una tasa de mortalidad laboral absolutamente desorbitada y propia del siglo XIX.

Hemos tenido además la reciente noticia en la cual se exime de toda responsabilidad a los encausados por el accidente que en 2013 costó la vida a 6 trabajadores en la Hullera Vasco Leonesa

No se puede entender y es absolutamente injustificable que con sentencias como esta se venga a decir que nadie tiene responsabilidad en que una persona no vuelva a su casa por haber perdido la vida en el trabajo.

Se han cumplido 30 años desde que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos laborales, que en su momento supuso un avance fundamental en la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Pero seguimos siendo incapaces de conseguir que el conjunto de la sociedad entienda que un accidente laboral no es ni una desgracia fortuita ni tampoco es fruto de la casualidad.

Tenemos que decirlo alto y claro: todos los accidentes deben de ser exhaustivamente investigados y delimitadas las responsabilidades que corresponda con el objetivo fundamental de que jamás vuelvan a repetirse.

Y esa responsabilidad de que no se repitan tiene un actor fundamental y principal: el empresario como responsable último de garantizar las medidas necesarias.

Exigimos además que se dejen de emplear términos como desgracia o casualidad lo que sin duda es fruto de la negligencia y del incumplimiento de la legislación para justificar lo injustificable.

En ese sentido apelamos a la responsabilidad de la clase política y de los responsables de todas las administraciones a que pongan los medios y recursos necesarios para la vigilancia de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras.

No hay empresas buenas ni empresas malas: hay condiciones de trabajo dignas y seguras o hay muertes en el trabajo y precariedad.

No valen excusas ni medias tintas en función de en que empresa tenga lugar la pérdida de una vida, porque desgraciadamente todos los muertos son iguales.

¡No somos los trabajadores y trabajadoras los responsables de la ausencia de medidas de prevención! ¡Pero sí somos las víctimas, quienes nos dejamos la vida en el trabajo! 

  

Seguiremos insistiendo en que hay que castigar severamente a quien incumple la legislación. Tras cada accidente se deben investigar las causas y dirimir las responsabilidades a que haya lugar.

Las Organizaciones Sindicales vamos a seguir reclamando un Pacto de Estado contra la siniestralidad laboral que tenga como eje central la lucha contra los accidentes en el trabajo, el refuerzo de la cultura preventiva y las inversiones necesarias para hacerlo posible. Es una prioridad frente a una sangría que la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad no puede seguir permitiendo.

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