DECLARACIÓN DEL COMITÉ CONSTITUYENTE DE UGT ASTURIAS (27 DE ENERO DE 2026)
En Oviedo, a 27 de enero de 2026 se ha celebrado la reunión del Comité Constituyente de UGT Asturias que ha aprobado la siguiente:
Resolución.
- Situación actual
La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de Asturias celebramos nuestro Primer Comité Constituyente en un momento donde el clima político cada vez más crispado, donde se cuestionan las Instituciones y se produce un avance de la extrema derecha que pretende terminar con la estabilidad democrática de los últimos 50 años y con los avances sociales y laborales conquistados durante décadas.
Manifestamos así, nuestra profunda preocupación ante el ascenso de la extrema derecha, tanto en España como en el conjunto de Europa y el mundo. Un avance alimentado por campañas de desinformación, del uso deliberado de bulos en medios de comunicación y redes sociales, y de la manipulación de las emociones del descontento. Frente a ello, es más necesario que nunca reivindicar el derecho a la verdad, recuperar la justicia social y la puesta en valor de lo público como base fundamental del Estado del Bienestar y de la política útil.
En el ámbito geopolítico estamos asistiendo al intento de imponer un nuevo orden mundial, más bien “desorden”, donde las actitudes imperialistas de EEUU están erosionando las alianzas del bloque Occidental constituidas tras la Segunda Guerra Mundial.
La Guerra de Ucrania, el masacre de Gaza, la intervención de Venezuela y las tensiones sobre Groenlandia, incluso sobre Canadá hacen tambalear peligrosamente los pilares de la paz mundial y saltar por los aires los principios del derecho internacional, poniendo en jaque los derechos humanos y los sistemas democráticos.
Así las cosas, desde UGT Asturias queremos reivindicar la paz, los derechos humanos y el diálogo, así como la lucha contra el autoritarismo que también pasa por garantizar las condiciones de vida digna, la defensa de unas políticas públicas donde se apueste por el empleo digno, el reparto de la riqueza y el refuerzo de la negociación colectiva. Más y mejores derechos laborales y sociales son también una defensa activa de la democracia.
La Unión Europea debe asumir un papel claro y firme: sostener a los pueblos injustamente atacados, no ceder a las amenazas arancelarias que llegan desde el otro lado del Atlántico y garantizar que el proyecto europeo siga siendo un espacio de derechos sociales, laborales y democráticos. Desde UGT seguiremos defendiendo un modelo social europeo que ponga a las personas trabajadoras en el centro. En esa línea, redoblaremos nuestros esfuerzos en la mejora de las condiciones laborales y el desarrollo del estado de bienestar social, como freno efectivo a la precariedad, la pobreza laboral y como garantía de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Haciendo así frente al avance de la extrema derecha.
En este sentido, también adquiere especial protagonismo el Sistema Público de Pensiones, un pilar clave del Estado de Bienestar Social. Este Comité rechaza la utilización que se hace de los pensionistas como rehenes en una estrategia de confrontación política que resulta social y éticamente inaceptable.
Los derechos sociales no pueden supeditarse a cálculos partidistas, ni a maniobras parlamentarias. Una vez más el PP demuestra que cuando llega el momento de elegir entre proteger a los pensionistas o mantener su agenda ideológica de recortes, siempre opta por lo segundo. Y una vez más, quienes pagan el precio somos los de siempre.
En Asturias los continuos Gobiernos progresistas han venido reforzando los pilares del Bienestar Social y ello ha quedado patente una vez más en los últimos Presupuestos Regionales aprobados en la Cámara, donde con un 66,31% se concentran recursos en torno a políticas que tratan de fortalecer y afianzar la cohesión social en nuestra región y por lo tanto de mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Unos presupuestos con un marcado carácter social que viene siendo la tónica de presupuestos anteriores. Unos Presupuestos que tratan de abordar el efectivo cumplimiento de derechos consagrados por nuestra Constitución como el derecho a la sanidad, a la educación, a la protección social, a la vivienda digna o a la protección del medioambiente. Todos estos derechos se ven claramente reflejados en los presupuestos regionales.
- Concertación Regional
Este Comité resalta, una vez más, la especial incidencia e importancia que tienen el sector industrial en nuestra economía y empleo. La necesidad de contar con una política industria que refuerce el sector y haga posible afrontar la transformación energética y digital reforzando al sector. Será clave, para ello, el desarrollo de la Estrategia Industrial de Asturias, considerando además, la importancia del coste y calidad de suministro energético para nuestra industria y de las infraestructuras necesarias para ello.
No obstante, Asturias tienen que seguir avanzando para afrontar retos como: la mejora del empleo y la formación profesional y la lucha contra la precariedad y ello a pesar de las innegables mejoras en los últimos años del paro y la afiliación y de la estabilidad que trajo la reforma laboral; en la seguridad laboral; en reforzar el sector industrial y energético y el sector servicios potenciando el turismo sostenible y mejorando las condiciones laborales de las diferentes actividades que engloba Servicios; en la transición energética justa; en las infraestructuras y mejoras de la conectividad; en la problemática de la vivienda; en la I+D+i, la digitalización y la implantación de la IA; en la brecha salarial e igualdad; en la defensa de la diversidad; en la baja natalidad y el envejecimiento de la población; en el desarrollo del medio rural y el equilibrio territorial. En definitiva, en todos aquellos aspectos que nos hacen avanzar y consolidarnos económica y socialmente y donde la sostenibilidad de los servicios públicos y del sistema de protección social son claves para conformar una sociedad más cohesionada. Para ello, necesitamos también de un modelo de financiación autonómica que sea justo y garantice los recursos necesarios en condiciones de igualdad, aspectos que no parecen cumplirse en la actual reforma que se está debatiendo.
Tras la firma del acuerdo de Concertación el 19 de septiembre de 2024, se han venido llevando a cabo diferentes reuniones se seguimiento que han permitido seguir avanzando en la ejecución del mismo. Así, se han d
ado a lo largo del año 2025 varias ciclos de reuniones de las diferentes mesas de seguimiento durante los meses de Febrero, Julio y Noviembre que han permitido establecer una dinámica de seguimiento ágil, con herramientas informáticas que proporcionan a las partes el acceso a una documentación permanentemente actualizada y facilitan así el desarrollo de la reuniones presenciales. Todo ello a pesar de unos comienzos donde la concertación se vio enturbiada por los cambios en los responsables de algunas Consejerías y de una nueva organización de sus estructuras, así como en la coordinación por parte del Principado de Asturias. Con todo, a día de hoy podemos hablar de un buen ritmo en la evolución de los acuerdos, a sabiendas de que la ejecución de algunas de las medidas exige de un mayor lapso temporal y de que estamos en el primer año desde la firma de la actual concertación. Todo ello no anula la necesidad de seguir siendo exigentes en reivindicar el puntual cumplimiento de los acuerdos y de la celebración de las reuniones conforme al calendario comprometido o de la aceleración de algunas medidas como las que afectan al colectivo de jóvenes y la estrategia de juventud tan necesaria para hacer frente a la precariedad, los bajos salarios y el problema de la vivienda que se ha hecho insoportable.
Por otro lado cabe destacar, entre otros, los avances en materia de empleo, donde se ha conformado ya el grupo de trabajo de análisis de los desequilibrios de la oferta y la demanda del mercado; las ayudas para impulsar la actividad productiva y la competitividad de las empresas en diferentes sectores, incluido la economía social, también la creación del Fondo de Consolidación Empresarial, las medida en el ámbito de la seguridad y salud laboral; el avance en la elaboración de la Estrategia Industrial de Asturias;; el estudio para la reducción de jornada de 32 horas; la Estrategia de la Soledad no deseada; el grupo de trabajo de Fondos Europeos, los avances en materia de vivienda con la Ley de Vivienda, ya en trámite parlamentario o la regulación de la Viviendas de Uso Turistico; el grupo de trabajo de simplificación administrativa y contratación pública y cláusulas sociales; la renovación de la Alianza por las Infraestructuras; la futura Ley LGTBi; así como el avance en las medidas recogidas para la igualdad de género y sin olvidarnos de las relacionadas con el ámbito de los servicios públicos y la protección social con actuaciones en el ámbito de la sanidad y la educación públicas o la atención a la dependencia y el reforzamiento de la protección social.
Debemos seguir exigiendo y así lo haremos, la ejecución de los acuerdos de concertación pues solo desde el acuerdo y el diálogo social avanzaremos en términos de producción, empleo, igualdad y bienestar social. Un diálogo social que debe venir amparado por una Ley de Participación Institucional que debe impulsarse.
- Salario Mínimo Interprofesional: dignidad del trabajo, protección social y freno a la desigualdad
El aumento del SMI es una demanda coherente con el actual momento de crecimiento de la economía y de los beneficios empresariales. Es además una palanca, tal y como se ha venido demostrando en los últimos años, para fortalecer el crecimiento del consumo, el empleo y la propia actividad económica, además de incentivar el aumento de la productividad.
Asimismo, es una herramienta de justicia social que permite proteger los ingresos de las personas trabajadoras con salarios más bajos, aquellas que sufren un mayor impacto del incremento de precios, y consigue que sus perceptores ganen poder adquisitivo y mejoren su calidad de vida. Perceptores que están conformados mayoritariamente por mujeres, personas jóvenes, trabajadores migrantes, familias monoparentales, personas con discapacidad y quienes sufren discriminación en cualquiera de sus formas. Los salarios mínimos deben permitir a las personas trabajadoras satisfacer sus necesidades y las de sus familias erradicando cualquier forma de pobreza laboral. Tener un empleo no puede ser compatible con vivir en la pobreza
Nuestra posición ha sido reforzada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 11 de noviembre de 2025, que valida la Directiva 2022/2041 sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea.
Con todo este Comité valora positivamente y apoya la propuesta de subida llevada conjuntamente por UGT y CCOO del 7,5 %, que situaría el SMI en los 1.273 euros brutos mensuales (17.822 euros anuales en 14 pagas) que permite avanzar en la mejora real de las condiciones de vida de la clase trabajadora y hacia el objetivo marcado por la Carta Social Europea del 60% del salario medio.
Insistimos asimismo en la exigencia de una regulación justa del sistema de compensación y absorción que impida prácticas empresariales que neutralizan los incrementos del SMI, así como evitar la aplanación salarial de los convenios asegurando la revalorización del conjunto de la estructura salarial.
- Negociación Colectiva
La firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC 2023-25) supuso un impulso a la negociación colectiva, y una mejora clara de las condiciones laborales.
El AENC en un entorno inflacionista como el vivido en los dos últimos años se convirtió en clave para evitar una mayor devaluación de las rentas salariales. A finales de 2025 el número de convenios registrados en Asturias a fecha de diciembre con efectos económicos para ese año ascendió a 93, afectando a 136.173 trabajadores y recogiendo un incremento salarial medio de 2,92%, en línea al IPC de 2025 que cerró con el 2,9% y al incremento del 3% recogido en el V AENC para el citado año.
A pesar de ello, cabe recordar que las rentas salariales no han recuperado aún los niveles de poder adquisitivo perdidos de los últimos años.
Este Comité muestra su apoyo a un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (VI AENC) y las propuestas que conjuntamente han presentado UGT y CCOO en relación al mismo, medidas que impulsan la reducción de jornada, los salarios dignos y mejora de las condiciones laborales, avanzando así de forma decidida en la mejora integral de las condiciones de trabajo. Los AENC son instrumentos jurídicos plenamente eficaces y deben fortalecer sus Comisiones Paritarias, consolidar estructuras sectoriales coherentes, proteger los Servicios Públicos de gestión indirecta, instando la modificación de las leyes de Contratos del Sector Público y de Desindexación, afrontando sin demora los retos de nuestro tiempo como son: la reducción del tiempo de trabajo, la prevención de riesgos laborales, la igualdad efectiva, la formación, la cualificación profesional y las transiciones justa, digital y ecológica.
UGT señala que las prioridades de la acción sindical en este nuevo ciclo deben centrarse en reforzar los convenios sectoriales ; combatir la parcialidad involuntaria y los abusos en la contratación; impulsar la formación dual y la acreditación de competencias; garantizar salarios que crezcan por encima del IPC, con cláusulas de revisión automática e incorporando el coste de la vivienda a la negociación colectiva; mejorar la salud laboral, también en el plano psicosocial; consolidar la jornada máxima de 37,5 horas y avanzar hacia las 32; revisar el teletrabajo y la desconexión digital; reforzar los derechos sindicales y la codecisión; y vigilar el impacto de la inteligencia artificial en la gestión laboral.
La reducción del tiempo de trabajo, el control efectivo de la jornada laboral y la erradicación de las horas no abonadas ni cotizadas deben ser ejes centrales del nuevo acuerdo y del conjunto de la acción sindical. Cabe señalar en este sentido la reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales presentada por UGT, solicitando que el registro horario en España sea digital, verificable, accesible y no manipulable, y que las horas extraordinarias se remuneren al menos con un 25% de recargo sobre la hora ordinaria, tal como establece la Carta Social Europea.
Esta reclamación, pendiente de resolución, refuerza la exigencia de nuestra organización: un registro horario digital, seguro, trazable e interoperable con la Inspección de Trabajo y las representaciones sindicales, que impida la impunidad de millones de horas semanales no pagadas ni cotizadas. Por ello, UGT exige la inmediata promulgación del Real Decreto sobre el registro de jornada, porque sin un control riguroso del tiempo de trabajo no será posible garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada legal ni avanzar hacia su reducción. UGT reafirma que la mejora del tiempo de trabajo no es una cuestión técnica ni secundaria: es un elemento esencial de la calidad del empleo, de la igualdad, de la salud laboral y de la democracia en el centro de trabajo.
- Reforma urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
El Comité exige la reforma inmediata de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, bloqueada tras más de dieciocho meses de negociación. La patronal, con una actitud inmovilista, confía en una coyuntura parlamentaria favorable para seguir dilatando los avances, como ya ocurrió con el proyecto frustrado de reducción de jornada a 37,5 horas semanales.
Ello no ha impedido seguir avanzando en el objetivo de velar por la salud de las personas trabajadoras, y así está prevista la firma entre UGT, CCOO y Gobierno de España del acuerdo de una nueva norma para la segunda semana de Febrero.
Treinta años después de su aprobación, la ley vigente no responde a los riesgos actuales ni ha logrado integrar la prevención en la gestión cotidiana de las empresas. Es urgente actualizarla para proteger la salud física y mental de la clase trabajadora, incorporar los nuevos riesgos derivados de la digitalización, el cambio climático, la perspectiva de género o el modelo de plataformas, y reforzar las estructuras preventivas, incluyendo figuras como el delegado o delegada de prevención territorial que en Asturias ya existen gracias a los acuerdos de concertación regional, e incluyendo las políticas preventivas en la formación de las personas trabajadoras.
No se puede jugar con la vida de las personas trabajadoras. Por ello, UGT continuará movilizándose en defensa de una nueva normativa que garantice el cumplimiento efectivo del artículo 40.2 de la Constitución y sitúe la prevención como un pilar central de nuestro modelo laboral.
Cabe señalar como es Asturias los accidentes laborales han experimentado una preocupante escalada, donde según los últimos datos a Noviembre de 2025 nos encontramos con un total de 11.312 accidentes laborales con baja, una cifra que supone un aumento del 3,5 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y donde se registra un número inaceptables de muertes con 23 fallecidos, tres más que en los once primeros meses de 2024, así como un aumento de 17 siniestros graves que llegan a alcanzar los 90 accidentes.
Con todo desde UGT reivindicamos la necesidad de acelerar la ejecución de las diferentes medidas recogidas en la Concertación Regional en materia de seguridad y salud laboral, así como impulsar el Plan de Choque contra la siniestralidad firmado por el Principado, los agentes sociales y la inspección de trabajo, dotando de más recursos humanos en el IAPRL con la asignación de personal técnico, así como a la inspección de trabajo, sin olvidar la necesidad de endurecer las sanciones a aquellas empresas incumplidoras con la ley.
Desde UGT recordamos la necesidad de seguir reclamando un Pacto de Estado contra la siniestralidad laboral que tenga como eje central la lucha contra los accidentes en el trabajo, el refuerzo de la cultura preventiva y las inversiones necesarias para hacerlo posible.
- Vivienda: sin hogar digno no hay vida digna
El acceso a la vivienda es uno de los problemas más graves en nuestro país, del que Asturias no es ajeno, y una de las principales preocupaciones de la sociedad. Se está consolidando un modelo especulativo convirtiendo así a la vivienda en un activo financiero en lugar de un hogar, impidiendo el acceso a una vivienda digna y expulsando a las familias trabajadoras de los barrios donde han vivido toda su vida. Ha pasado de ser un derecho básico a un bien de lujo, situación que exige la puesta en marcha de manera urgente medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Desde la UGT venimos proponiendo, entre otras, que se combata la especulación con la vivienda; que se amplíe el parque público de vivienda; que se regulen los precios del alquiler donde el mercado está tensionado o que se garantice de forma efectiva el derecho a una vivienda digna ya sea en propiedad o en alquiler para todas las personas, especialmente para las jóvenes y las trabajadoras a quienes resulta labor imposible acceder a un hogar. Asimismo, desde la UGT demandamos que el precio de la vivienda sea una variable a tener en cuenta en la negociación colectiva a la hora de negociar las subidas salariales. No puede haber justicia salarial sin tener en cuenta la presión habitacional. Reivindicamos que se vincule la evolución de los salarios al precio real de la vivienda, para cerrar la brecha creciente entre ingresos y condiciones de vida y reducir el esfuerzo salarial desproporcionado que hoy soportan millones de familias trabajadoras
La vivienda no puede ser tratada solo como un bien de mercado, sino como un derecho social que debe garantizarse desde lo público. Por eso, UGT ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) para que el derecho a la vivienda sea reconocido como plenamente exigible y justiciable. Exigimos que todas las personas puedan defenderlo ante los tribunales y que las administraciones públicas asuman sus responsabilidades para garantizar hogares dignos y seguros.
- Presupuestos
Se dan por aprobados los Presupuestos presentados por la Comisión Ejecutiva para el año 2026.
