El 3+2 encarece los estudios y expulsará a los alumnos con menos poder adquisitivo||El Gobierno aprobó el decreto sin debate político ni social

La Unión General de Trabajadores de Asturias quiere manifestar su total apoyo a la huelga convocada por las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Universidades el próximo 24 de marzo y hacer un llamamiento a la participación en la misma, así como en las movilizaciones que por este mismo motivo tengan lugar.

Tal y como exponen los convocantes de esta huelga, el Gobierno acaba de aprobar el RD 43/2015 modificando la ordenación de las enseñanzas universitarias con la oposición de toda la comunidad universitaria, de la Conferencia de Rectores (CRUE), sin debate político ni social, sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa consecuencia de la aplicación del proceso de “Bolonia” y sin una justificación creíble de sus propuestas.

Si finalmente se implanta el 3+2 (grados de tres años y másteres de dos) de forma  generalizada,  el  sistema,  lejos  de  homogeneizarnos  con  Europa, generará nuevas disfunciones porque, como señala el Consejo de Estado en su dictamen, “Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del Real Decreto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra”. Además, teniendo en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, se producirá una disminución significativa del alumnado universitario.

La reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán un impacto muy negativo en la financiación de las universidades, el empleo y las condiciones laborales del profesorado y del personal de administración y servicios, dando lugar a una reconversión del sector que no vamos a aceptar. Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150 millones de euros menos en concepto de matrículas, a los que se sumará el ahorro de las comunidades autónomas, que algunos cifran en 850 millones. Por tanto, se producirá un recorte de 1.000 millones, que se añadirá a los 1.500 que han perdido las universidades entre 2010 y 2014.

Asimismo,  en  los  últimos  meses  de  su  mandato,  el  Gobierno  se  plantea aprobar dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de centros y universidades y el sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la profesión docente e investigadora.

En el borrador de RD de creación de centros y universidades que conocemos, se elimina la referencia a la programación general de la enseñanza que debería permitir la planificación de la oferta, se eliminan muchos requisitos mínimos y se rebaja la exigencia de los que quedan. El número de títulos que deben ofertar sigue siendo ocho, pero ya no se exige que al menos uno sea de ciencias experimentales.

Se  flexibiliza  y  desregula  para  facilitar  el  negocio  de  acuerdo  con  la  Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, con el fin de “crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes”.

En la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente  de  la  necesidad  de  reducir  lo  que  considera  un  número excesivo de titulaciones y centros.

Por último, la propuesta ministerial de Real Decreto por el que se modifica la acreditación del personal docente e investigador (PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación.

Por otro lado, el nuevo baremo puramente cualitativo no permite la autoevaluación de los candidatos, al impedir medir con exactitud sus méritos, y dificultará todavía más la obtención de la acreditación que permite al profesorado acceder a la universidad. Igualmente, fracasa en el intento de equilibrar calidad y cantidad de méritos.

Parece que el objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la acreditación, aunque su argumento sea incrementar la calidad de los acreditados.

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