La injustificable guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania tiene como consecuencia una aceleración de la inflación que pone en riesgo el acceso a bienes y servicios esenciales, la recuperación económica y la creación de empleo intensificando los problemas de desigualdad y pobreza.

En Asturias, la industria sufre problemas, a causa de una transición acelerada e injusta, y un estatuto para las empresas electrointensivas que ha sido claramente insuficiente. El Gobierno debe dar respuesta, con medidas concretas, a la iniciativa asturiana, avalada recientemente por el Congreso de los Diputados, para que un sector básico de nuestra economía pueda competir en igualdad de condiciones.

Se deber cambiar el irracional sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas, y topen el precio máximo del MWh en la subasta. El precio del gas no puede marcar el de la electricidad en su conjunto, que se genera a través de otras tecnologías más baratas.

Se debe poner fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos y aprueben medidas contra la ESPECULACIÓN de los productos básicos. Mientras la gran mayoría sufrimos esta situación, hay quien se está aprovechando de la desgracia.

Se tienen que acelerar las inversiones para reducir la dependencia energética y fomenten el uso del transporte público, porque necesitamos ganar autonomía estratégica en el ámbito energético.

Se protejan a la ciudadanía y a las familias. La SOLIDARIDAD es la base del modelo social europeo que debemos cuidar y extender.

Apoyen a los sectores productivos que más energía consumen, porque hay quedefender nuestra industria, nuestra agricultura y ganadería, nuestra pesca, y el papel vertebrador del transporte en toda la cadena de valor de la actividad económica, sectores absolutamente estratégicos para nuestro futuro.

Que se active el mecanismo RED para evitar despidos, porque es necesario proteger el empleo, así como otros similares para autónomos y autónomas.

Y controlar los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC. Tener una vivienda en la que poder vivir es una necesidad, no un lujo.

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