Las enfermedades causadas por el trabajo, principal desafío para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras.
En 2026 se han cumplido 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una Ley que en sus días modernizó el marco legal de la salud y la seguridad en el trabajo en España y que logró excelentes frutos con un descenso significativo de los accidentes mortales de trabajo durante los primeros años.
Sin embargo, la realidad laboral ha sufrido importantes transformaciones desde entonces. Los avances en la digitalización, las consecuencias del cambio climático, el aumento de la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo y en ocupaciones anteriormente reservadas en exclusiva a los hombres, el envejecimiento de la población trabajadora, modifican las condiciones de trabajo, las relaciones laborales y los riesgos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI. Los accidentes de trabajo siguen siendo la consecuencia más evidente de la falta de medidas preventivas, pero debemos atender a las enfermedades de origen laboral, puesto que representan un terrible y duradero perjuicio para las personas trabajadoras y supone uno de los restos más importantes en materia preventiva.
Los accidentes de trabajo se han reducido, pero 735 muertes siguen siendo inaceptables.
Los accidentes de trabajo se han reducido, tanto en números absolutos como en índices de incidencia durante el último año, pero 735 muertes causadas por accidentes de trabajo siguen siendo inaceptables. Las razones que explican este descenso son las mejoras en el mercado de trabajo en el periodo posterior a la pandemia gracias a medidas impulsadas por los sindicatos como la Reforma Laboral de 2021, el desarrollo de proyectos de los fondos de recuperación Next Generation de la UE o los incrementos del SMI. Estas medidas han reducido factores de precariedad asociados a la siniestralidad como la temporalidad y la rotación de contratos. Es necesario seguir apostando por el avance y la mejora de las condiciones laborales que, sin duda, ayudarán a seguir descendiendo el número de accidentes en el trabajo.
Pero aún queda mucho por camino que recorrer, existen sectores como el de la Construcción donde la siniestralidad ha sufrido un importante ascenso. Situación que obliga a reflexionar sobre la necesidad de una actualización de la legislación que contemple, no solo los nuevos riesgos, sino que proteja de forma adecuada de los riesgos que llevan amenazando durante décadas la salud y la vida de muchas personas trabajadoras.
En la actualidad, el principal desafío para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras son las enfermedades producidas por el trabajo. Sin embargo, están invisibilizadas, cuando no ocultadas.
El principal desafío para la salud de las personas trabajadoras son las enfermedades producidas por el trabajo, que están invisibilizadas.
La infradeclaración de las enfermedades de origen profesional es insoportable. Las evaluaciones de riesgos en las empresas presentan a menudo deficiencias en la identificación de riesgos asociados a procesos crónicos lo que dificulta enormemente una adecuada vigilancia de la salud. Y, cuando se diagnostican, en la inmensa mayoría de los casos se derivan por los Servicios de Prevención de las empresas y por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a los Servicios Públicos de Salud con la consideración de enfermedad común, evitando su correcto registro e impidiendo que se puedan acometer las medidas preventivas necesarias. A esta situación se le suma la pérdida de prestaciones para las personas afectadas y la sobrecarga en la ya de por sí, mermada Sanidad Pública.
Frente a esta realidad, la respuesta de las organizaciones empresariales insiste en un enfoque erróneo y falto de toda sensibilidad hacia las personas trabajadoras. Ante el incremento de las bajas laborales, proponen reducir derechos. Derechos recogidos en el estatuto de los trabajadores obviando que las dolencias aparecen por ausencia preventiva y por una insostenible, pero generalizada, Sanidad Pública deteriorada.
Si hay un tipo de patología que sufre especialmente de este subregistro es el cáncer laboral. Según el Ministerio de Sanidad, se estima que fallecen anualmente 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debidos a exposiciones laborales. Sin embargo, en 2025 sólo se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por exposición a agentes cancerígenos. Y frente a ello, el Gobierno se sigue resistiendo a cumplir con su compromiso de creación de un registro de personas trabajadoras y de empresas con riesgo de exposición a estos agentes, un instrumento imprescindible para aflorar el cáncer de origen laboral.
Se estima que fallecen anualmente 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debidos a exposiciones laborales
Tampoco se han aprobado unas condiciones más estrictas para los trabajos con un cancerígeno como la sílice cristalina respirable, a pesar de que la silicosis ha repuntado de manera descontrolada en las últimas dos décadas. Las víctimas del amianto son otros de los grandes olvidados al no corregirse las deficiencias identificadas en el reglamento para el Fondo de Compensación de las Víctimas del Amianto, que están impidiendo acceder a su derecho de cobro de las indemnizaciones por un mero “formalismo” administrativo.
Los problemas relacionados con la salud mental se han convertido en una nueva pandemia silenciosa en la que factores relacionados con la organización del trabajo están influyendo de manera inequívoca en la aparición de estrés, ansiedad y depresión sin que nadie parezca querer hacer nada por evitarlo. Riesgos laborales psicosociales como los incrementos en las cargas y en los ritmos de trabajo derivados de introducción de nuevas tecnologías, la prolongación de las jornadas de trabajo, las horas extras no remuneradas, el bajo control sobre el trabajo o la imposibilidad de conciliar trabajo y familia, están detrás del aumento de las bajas por trastornos mentales.
En 2024 se registraron un total de 671.618 situaciones de incapacidad temporal por trastornos mentales y del comportamiento en España, aumentando un 136% respecto a las registradas en 2016. Sin embargo, tan solo 203 de estas enfermedades han sido registradas como contingencia profesional el pasado año.
Estos desórdenes mentales no se notifican como accidentes de trabajo porque no forman parte del cuadro de enfermedades profesionales en vigor en nuestro país. Este listado debe ser actualizado para incluir las enfermedades mentales ocasionadas por el trabajo, pero también para incluir algunas patologías específicas de las mujeres como el cáncer de ovario por exposición al amianto o el cáncer de mama por exposición a trabajos nocturnos, agentes químicos o radiaciones ionizantes. El cáncer de piel por exposición a radiación solar, el cáncer de pulmón por humos diésel o las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas por sílice cristalina, son también las ausentes, pero letales, en este listado que urge actualizar.
El Ministerio de Trabajo y Economía social ha anunciado que 2026 será el año de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y, por fin, ha iniciado la tramitación parlamentaria de una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se trata de un compromiso imprescindible para adecuar la fallida prevención actual a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Por ello, solicitamos a los grupos parlamentarios responsabilidad ante esta situación de alarma y que aprueben la nueva ley que proteja a las personas en sus centros de trabajo.
Solicitamos a los grupos parlamentarios responsabilidad ante esta situación de alarma
El Gobierno también ha acordado con los sindicatos un compromiso de desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales referida a riesgos psicosociales, la modificación del actual RD de coordinación de actividades empresariales y de la Orden TIN que regula la acreditación de los Servicios de Prevención.
Como cada 28 de abril, queremos recordar a las personas trabajadoras víctimas de accidentes y enfermedades laborales por trabajar bajo unas condiciones de trabajo que no garantizaban ni su salud ni su seguridad. Exigimos a las empresas el cumplimiento estricto de normativa y reclamamos a los poderes públicos su compromiso para afrontar los cambios necesarios que adapten la legislación preventiva a los actuales retos del mundo de trabajo. Nos va la vida en ello. Los accidentes y las enfermedades laborales existen, pero se pueden evitar.
Exige Prevención.
