“Personas jóvenes: precariedad y dificultad de acceso a la vivienda”,

Con motivo del día Internacional de la Juventud, RUGE Confederal hace público el informe: “Personas jóvenes: precariedad y dificultad de acceso a la vivienda. Dicho informe, analiza las condiciones de trabajo y el acceso a la vivienda de las personas jóvenes, así como, su evolución en los últimos años.

En lo que se refiere a su primera parte, la tendencia en la evolución de las condiciones de trabajo no solo sigue la marcada por la del conjunto de la economía, sino que mejora sus números respecto al global.

Así, el empleo juvenil ha superado dos récords históricos: el de afiliados a la Seguridad Social y el de contratos indefinidos ( 3.326.710 y 2.252.637 menores de 30 años, respectivamente). La tasa anual de creación de empleo de este nicho de población casi dobla a la del conjunto, mientras que los contratos indefinidos a tiempo completo han aumentado un 44% en los últimos tres años. En el mismo periodo, la temporalidad ha caído a más de la mitad, aunque aún es dos veces superior a la del conjunto.

Con respecto a la parcialidad, si bien se reduce en dos puntos respecto al último trimestre de 2021, el 25’7% de los trabajadores menores de 30 años no tiene un trabajo a tiempo completo. Aunque el número de jóvenes que recurre a empleos parciales por no encontrar uno a tiempo completo se ha reducido casi un 40% desde 2014, más del 10% de los jóvenes se ve obligado a recurrir a empleos a tiempo parcial.

En lo que a los salarios se refiere, su variación entre 2019 y 2022 no llega a cubrir el aumento del IPC (11,4%), llevando a este colectivo a una pérdida de poder adquisitivo de casi dos puntos porcentuales. En 2022, el SMI se situó en 14.000€, pero sólo 2 de cada 10 menores de 26 años declararon ingresos por, al menos, esa cuantía. En conjunto, el 18’6% de los menores de 35 años alcanzó esa cifra. Además, el año 22 se cerró con el 20% de personas jóvenes en riesgo de pobreza, tres puntos por encima de la media nacional. Así mismo, el 41’7% de la población joven no podría hacer frente a gastos imprevistos.

El conjunto de datos económicos hace que la Juventud no encuentre solución a un problema que lleva años enquistado: la emancipación y el acceso a la vivienda Los jóvenes españoles, de media, se emancipan 4’1 años más tarde que los europeos y sólo el 17% de los residentes en España viven emancipados (2023).

Entre 2020 y 2022, los jóvenes vieron reducido su patrimonio neto un 26%, 72% respecto a las dos últimas décadas. La disminución del ahorro, unido a que – de media – la entrada para la compra de una casa se sitúa en 4,4 veces el salario anual promedio de una persona joven y a los elevados tipos de interés, que encarecen el monto del préstamo hipotecario, hacen que tener una vivienda en propiedad sea casi una utopía. A esto, además, hay que añadir la inflación sufrida por alimentos, electricidad, carburantes… Con todo, el CJE cifra en 32.640€ los ingresos mínimos para poder acceder a la adquisición de un hogar.

La dificultad para acceder a una vivienda en propiedadhace que el alquiler sea la forma de emancipación predilecta. El 56’6% de los jóvenes opta por este modo, casi un tercio lo hace en pisos compartidos, dato que contrasta con la tendencia del resto de la población (18’7%). No obstante, pagar un alquiler tampoco es sencillo: según el CJE, la mediana de precios del alquiler en España asciende a 968€, el 92’1% del salario neto mensual percibido por los jóvenes, En 8 provincias, esta cifra supera el 100%. Estos datos empujan a los jóvenes hacia el alquiler compartido, pero, sólo alquilar una habitación, ya implica el 36’2% del salario. A nivel general, el 30’6% de los inquilinos de nuestro país dedican más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, diez puntos más que lo recomendado por las autoridades y que la media europea.

La Ley Estatal de Vivienda, si bien introdujo diferentes medidas para frenar el alza de los precios en zonas tensionadas, dejando su aplicación en manos de las CCAA, y sobre la actualización de los precios, no consigue facilitar el acceso a viviendas en condiciones dignas y asequibles. La solución a estos problemas pasa por un parque público de viviendas a un precio asequible, pero las 40.000 anunciadas por el Gobierno distan de los 1’2 millones necesarios para igualar el 9’3% de viviendas públicas, respecto al total, de la media europea.