Javier Fernández Lanero

Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, que fue proclamado en noviembre del año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que tiene por objeto “apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”. Surgió en el siglo XIX durante la segunda Revolución Industrial y tiene su origen en la explotación que sufría la clase obrera por parte de la burguesía. Ya en la constitución de la UGT, en 1888, la justicia social se recogía como uno de los principios fundamentales del sindicato, junto a la lucha por la libertad y la democracia.

Solo habrá justicia social si somos capaces de acabar con la discriminación que sufren las personas por motivo del color de su piel, sus creencias religiosas, por su ideología o forma de pensar, por su inclinación sexual o discapacidad física; si somos capaces de acabar con la desigualdad social que sufren las personas en función de su poder adquisitivo poniendo fin a esa división de la sociedad entre los que tienen y los que no tienen; si somos capaces de acabar con la trata de personas y el comercio de seres humanos, la explotación sexual; con la desigualdad de género cuya expresión más evidente es la brecha salarial, y que cobija y justifica cada vez de manera más explícita la violencia y el terrorismo machista; si somos capaces de acabar con la explotación laboral a los trabajadores, que sufren abusos, malos tratos o amenazas, a menudo en condiciones de semi esclavitud.

En definitiva si somos capaces de erradicar toda violación de los derechos humanos, dejando muy claro que es el Estado quien debe respetar, proteger y garantizar estos derechos a sus ciudadanos. Por tanto, debe evitar el desalojo forzoso de personas de sus hogares, el hambre, la falta de agua potable, un salario insuficiente para llevar una vida digna; y debe facilitar el reparto equitativo de la riqueza que se genera en nuestra economía y en nuestras empresas.

En una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más desfavorecidas cuentan con las mismas oportunidades para desarrollarse.

Si además tenemos en cuenta que la desigualdad no sólo conduce a una disminución de la productividad sino que también engendra la pobreza, inestabilidad social e incluso conflicto, la comunidad internacional tiene que poner en marcha esas reglas básicas del juego y garantizar su cumplimiento, para que la globalización en la que estamos inmersos ofrezca oportunidades justas de prosperidad y desarrollo para todos y todas.

La justicia social no es un término de moda al que acogerse. No vale que cada formación política o cada gobierno determine qué es y qué no es; no vale el “yo soy la justicia social”, como si cada formación política o cada gobierno de cada comunidad autónoma o de cada país o continente tuviese su propios valores de justicia social. Solo hay una y no es propiedad de nadie. Es de todos y es aquella que promueve la erradicación de la pobreza, la distribución de la renta, la igualdad de oportunidades y el blindaje de los derechos, garantizando que ninguna persona se nos quede por el camino. Y ello, dentro de una política de desarrollo sostenible de nuestro planeta.

Esto solo es posible mediante la acción política coherente y responsable, bajo la premisa de que no tiene sentido este mundo si no es un mundo para las personas.

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