No podemos dejar de insistir en lo importante que es que Asturias cuente con un nuevo Presupuesto para 2018, evitando el escenario indeseable de prórroga presupuestaria. No sólo porque ésta supondría disponer de menos recursos económicos, al menos inicialmente, sino, sobre todo, por el retraso y ralentización que conlleva en la puesta en marcha de políticas y medidas necesarias para potenciar la economía, el empleo y la protección social.

Estamos en un momento de recuperación económica en términos de crecimiento de PIB que es obligado aprovechar, sobremanera cuando muchas personas en Asturias (casi 78.000 según el paro registrado en noviembre) carecen de empleo. Por no hablar de las tasas de pobreza, que afectan ya a más del 18% de nuestra población según el Instituto Nacional de Estadística.

Sería inaceptable añadir a la situación de ciudadanos y ciudadanas que sufren desempleo, precariedad o exclusión social cualquier elemento que entorpezca afrontar con más eficacia su situación. Y la prórroga lo es.

Por eso no podemos ni debemos resignarnos a ella y por eso hacemos un llamamiento de esfuerzo, compromiso y responsabilidad a las fuerzas políticas del Parlamento asturiano para alcanzar un acuerdo. Y es un llamamiento dirigido especialmente a la izquierda, porque estamos ante un proyecto de presupuestos de izquierdas, con una clara inclinación a las políticas públicas y de protección social, con un 66,8% de gasto destinado a inversión social, esto es a las funciones de sanidad, educación, seguridad social, protección social, vivienda y cultura

Son precisamente las funciones de sanidad y educación, servicios públicos esenciales y garantes de la igualdad de oportunidades, las que concentran mayor volumen de recursos económicos, con el 38% y 17,3%. Habrá, aún así, que seguir avanzando en estos campos, por ejemplo en el sanitario es necesario seguir mejorando la gestión con la finalidad de asegurar la sostenibilidad y calidad del sistema público y reducir las listas de espera y el gasto farmacéutico.

Es preciso destacar también la función de seguridad social y protección social, con más de 445 millones de euros, que experimenta un incremento del 8% y tiene una participación cercana al 10% del total presupuestado para 2018. Recoge gastos de carácter asistencial y de integración social dirigidos a grupos con necesidades específicas (menores, ancianos, discapacitados, minorías étnicas, personas sin recursos) gestionados básicamente por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Es un esfuerzo importante destinado a las políticas de protección de los colectivos más vulnerables.

En este contexto cabe reseñar la apuesta en materia de dependencia, con un incremento de las transferencias al organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos, que pasa de 79 millones 83,4 millones de euros.

También debemos mencionar la partida destinada al salario social, que se ve incrementada hasta alcanzar los 120 millones de euros (era de 105 millones inicialmente en 2017). El salario social es el único sustento económico, el único recurso, para miles de familias que atraviesan situaciones de extrema necesidad. Es, pues, es una herramienta fundamental de protección que impide un mayor avance de las tasas de pobreza.

En la misma línea de una política social y de izquierdas hay que mencionar los recursos propuestos para favorecer el acceso a la vivienda, que se incrementan en un 14,5% (de 29 millones en 2017 a 33,3 en 2018).

También crecen los recursos para políticas activas de empleo y de inserción laboral de colectivos más desfavorecidos, que pasan a 123,5 millones (eran de 109,1 en 2017), lo que significa una subida del 13,2%. El presupuesto del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias sube igualmente. Lo hace en un 14,8% respecto al año anterior, pasando de 89,9 a 103,3 millones.

Finalmente, en materia de inversiones, los recursos aumentan hasta alcanzar casi los 374 millones frente a los 311 del presupuesto de 2017, lo que supone un avance del 20,3%. Es así y por segundo año consecutivo que se incrementa la inversión productiva tras varios años (desde 2009) en que venía experimentando descensos.

En cuanto a los ingresos, hemos de destacar la trascendencia para los presupuestos asturianos de las entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica, con la incertidumbre sobre las mismas de una posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Por último, en la Unión General de Trabajadores estamos insistiendo en que hay que recuperar ya los derechos laborales perdidos. Algunos se han ido reponiendo, por ejemplo la recuperación de pagas extras, el segundo tramo de la carrera profesional o el reconocimiento de ésta a los interinos, pero aún existen importantes deficiencias.

Así, seguimos exigiendo la jornada de 35 horas, el pago de la incapacidad temporal desde el primer día y especialmente la necesidad de dotar al sector público del personal necesario para prestar los servicios con calidad. No basta solo con reducir la interinidad y la temporalidad, que desde luego también, sino que en nuestras reivindicaciones siguen estando el 100% de la tasa de reposición en toda la Administración y la creación de empleo neto.

Todo ello para tener los recursos humanos necesarios para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía y mantener los servicios públicos que son del todo fundamentales en una sociedad desarrollada, de progreso y de cohesión social.

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