Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo (28 de abril), hemos elaborado un manifiesto conjuntamente con CCOO, al que da lectura en este vídeo la vicesecretaria general de UGT Asturias, Nerea Monroy.

Este 28 de abril no puede ser como el de otros años, pues nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial, como no se recordaba desde hace más de un siglo, que ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas solo en España.

Por eso, el recuerdo este 28 de abril es para esas víctimas, para sus familiares y amigos y compañeros y compañeras de trabajo, pero también para las personas trabajadoras, que aún a riesgo de su salud, han dado la batalla a esta enfermedad en primera línea.

Son los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales como, por ejemplo: sanitarios, transportistas, trabajadores del campo, dependientes, trabajadores y trabajadoras de la limpieza, cuidadores y cuidadoras, personal de los cuerpos del orden y seguridad del Estado. Todos ellos, han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.

Ambos sindicatos consideran que la pandemia ha puesto de manifiesto una realidad: la salud laboral es indisociable de la salud pública. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados han sido importantes vectores de propagación del virus.

Han quedado en evidencia las políticas que pretenden priorizar los beneficios empresariales sobre otros derechos prioritarios como son la salud y el trabajo, en unas condiciones dignas.  Así, las políticas de austeridad impuestas para abordar la crisis de 2008 arrasaron los derechos sociales y laborales. Fruto de estos recortes se diezmaron los servicios públicos, que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad pública. También se redujeron las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva.

La consecuencia fue clara: peores condiciones de trabajo, mayor precariedad laboral, y un repunte, en la última década de los accidentes de trabajo, y de las enfermedades profesionales, aunque sigue existiendo una  infradeclaración de las mismas.

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