La cuestión de las bajas tiene que ver con respetar la proporcionalidad, no con subvenciones, precisaron||»Ningún sindicato da de baja sus delegados y el que diga lo contrario miente», señalaron

Los secretarios de organización de UGT y CCOO de Asturias, Abel Suárez y Emilia Escudero comparecieron hoy (3 nov) en rueda de prensa para salir al paso de la polémica surgida por el acuerdo de elecciones sindicales entre ambas formaciones, sobre el que se han reafirmado en su validez destacando además  el hecho de que ningún sindicato da de baja a sus propios delegados ya que es competencia de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) del Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo.

Abel Suárez explicó que "las subvenciones institucionales piden una representación del diez por ciento a nivel estatal o del quince por ciento a nivel nacional por lo que no dependen del número de delegados" y añadió que  "Además, no es una práctica habitual que los sindicatos den de baja a sus propios delegados ya que ello es competencia de la UMAC”.

También señaló que no hay ninguna relación entre estas bajas y posibles subvenciones como se trató de trasladar desde algunas instancias y que el número de delegados es "dinámico" y que "cambia a diario" puso como ejemplo que "en el período del 2006-2009 había 7897 delegados y en el de 2010-2014 había 5826”.

Por su parte, Emilia Escudero declaró que este acuerdo se firma cada cuatro años para ordenar el "proceso electoral en Asturias" no es "nada nuevo" y que "no se entiende que fue lo que despertó esta iniciativa". Escudero afirmó que el pacto "trata de ordenar el proceso porque anteriormente había situaciones que no beneficiaban a los sindicatos" y que "no se hace con otras organizaciones sindicales porque no han querido".

"Ningún sindicato, ninguno da de baja sus delegados y el que diga lo contrario miente", ha dicho Emilia Escudero que también aseguró desconocer "las inquietudes de los sindicatos que se han quejado", en referencia a las quejas de la Unión Sindical Obrera en las que acusaban a los dos sindicatos mayoritarios de tratar de seguir cobrando por "delegados inexistentes".

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