Los salarios actuales no permiten cubrir los gastos habituales de los hogares, por lo que una familia asalariada, para garantizar un nivel de vida digno, debe contar con varios sueldos, la pensión de algún ascendiente o, en último término, recurrir a préstamos.

En una economía que está creciendo a tasas superiores al 3% no se puede permitir que los salarios continúen sin recuperar el poder adquisitivo perdido, que es de un 6,1% desde 2010. Los salarios son fundamentales para repartir la riqueza y reducir las desigualdades sociales. También para garantizar que los buenos resultados de la economía se compartan de manera equitativa y no, como hasta ahora, solo a favor del capital: los salarios han reducido su peso en la distribución de la riqueza en torno a 2 puntos mientras que las rentas empresariales han ganado una décima.

La fuerte devaluación salarial ha generalizado los hogares que llegan con dificultad a fin de mes, que ya son un 17% frente al 9,7% de 2008, y cada vez presentan más dificultades para cubrir necesidades básicas. Se han duplicado los que no pueden mantener su vivienda a temperatura adecuada y multiplicado por cuatro los que han registrado retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, gas, comunidad, etc.).

En 2016, el gasto medio por hogar en Asturias fue de 26.811 euros anuales -2.234 euros mensuales-, y ello sin contar los pagos de la hipoteca, pues están considerados inversión a efectos estadísticos.

Frente a ese gasto, las diferentes fuentes coinciden en situar el salario medio mensual en torno a los 1.600 euros brutos al mes (más o menos 1.300 netos). A ello hay que añadir, según se desprende de la Encuesta de Población Activa, que un 40% de los trabajadores en Asturias percibe salarios medios netos inferiores a 1.000 euros mensuales.

Así, es matemáticamente claro que los salarios actuales no permiten cubrir los gastos habituales de los hogares, por lo que una familia asalariada, para garantizar un nivel de vida digno, debe contar con varios sueldos, la pensión de algún ascendiente o, en último término, recurrir a préstamos.

Igual de claro es, por pura lógica, que el aumento de los salarios mejoraría el poder de compra de los hogares, con lo que se reactivaría el consumo, se generaría más actividad económica y se afianzaría la creación de empleo. Además, la Seguridad Social tiene un elevado déficit, consecuencia en gran parte de la mala calidad del empleo que se crea, mayoritariamente a tiempo parcial y con bajos salarios. La mejora salarial supondría más ingresos para el sistema público de pensiones y sería una garantía para su viabilidad.

Por eso, en la Unión General de Trabajadores hemos decidido plantear en la negociación colectiva que todos los convenios establezcan salarios por encima de los 1.000 euros mensuales. También pretendemos que el salario mínimo interprofesional se sitúe en los 1.000 euros al final de la legislatura, de acuerdo a las recomendaciones comunitarias.

Porque además, las políticas de recortes que venimos soportando desde 2010 han tenido un impacto más negativo entre las personas más vulnerables: pensionistas, trabajadores más precarios, enfermos crónicos con el recorte en sanidad y el copago, familias con menos recursos que no pueden hacer frente a las tasas educativas… Esta política, en cambio, ha beneficiado a los defraudadores, con la aprobación de la amnistía fiscal y la tolerancia hacia los paraísos fiscales y determinadas formas de evasión fiscal.

Resumiendo: urge un giro en la política de este país, para garantizar que el crecimiento económico llegue a todos los ciudadanos, y esto pasa por mejorar la calidad del empleo y aumentar los salarios. Sólo así los ciudadanos y ciudadanas podremos tener un proyecto digno de vida y solo así nuestro Estado del Bienestar, y especialmente nuestro sistema de pensiones, serán sostenibles.

Javier Fernández Lanero
Secretario General UGT Asturias

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