Masiva concentración hoy ante las oficinas de la Seguridad Social en Oviedo para reclamar unas pensiones públicas dignas. Esta acción, convocada por UGT y CCOO, forma parte de las movilizaciones que se están llevando a cabo en defensa del sistema público de pensiones. En el transcurso de la misma se dio lectura a un manifiesto reivindicativo, que reproducimos a continuación:
«Las pensiones públicas constituyen la principal fuente de ingresos de más de 300.000 asturianos y asturianas y, en muchas ocasiones, de los de sus familias. En los años de crisis las pensiones han sido el elemento principal de sostén de muchas familias.
Pero en los últimos ejercicios, los pensionistas han visto limitada la revalorización de sus pensiones, que han perdido poder adquisitivo debido a la reforma integral del sistema del año 2013, una reforma que no garantiza que se vuelva a recuperar el poder adquisitivo en un futuro.
Todo ello agravado desde hace tiempo por una intensa ofensiva de opinión sobre la situación, la financiación y viabilidad del sistema público de pensiones en relación con el envejecimiento de la población y el coste de las nuevas pensiones. Hay intereses financieros que promueven estas ideas y partidos políticos que las asumen, prefiriendo los sistemas privados de pensiones.
Su objetivo es que nos mentalicemos de la inviabilidad del sistema público y que los pocos que puedan opten por pensiones privadas o que aceptemos nuevos recortes para consolidar prestaciones de miseria.
Pese a la alarmante situación por la que está pasando nuestro sistema público de pensiones y los continuos ataques que está sufriendo, el Gobierno no ha tomado ninguna medida que permita asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas ni equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema con una mejora de los ingresos. Su única actuación ha sido esquilmar el Fondo de Reserva de la Seguridad y endeudarla hasta límites insospechados.
El Gobierno del Partido Popular no se cansa de anunciar las excelencias de la bonanza económica del país, como la creación en torno a medio millón de puestos de trabajo al año, pero evita entrar en las condiciones de precariedad y temporalidad.
Los contratos basura no aportan suficientes ingresos a la caja única de la Seguridad Social mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo es incapaz de consensuar vías de financiación que garanticen la viabilidad del sistema y el Gobierno cercena toda posibilidad de diálogo.
A fecha de hoy, el déficit de la Seguridad social supera los 82.000 millones de euros. El fondo de reserva, que en 2011 tenía 67.000 mil millones de euros, ahora se encuentra con 8.095 millones de euros, y hay que hacer frente a un préstamo de 10.192 millones, utilizado para hacer el pago de pensiones en 2017.
En 2018 hay que volver a endeudarse en otros 15.000 millones de euros para poder pagar las pensiones y, como remate, la tasa de ocupación de los jóvenes en España es ínfima (en el colectivo de entre 20 y 24 años, 7 de cada 10 no trabajan).
Además, estos préstamos son envenenados, porque suponen aumentar el endeudamiento de la Seguridad Social y según la reforma aprobada por el PP en 2013, mientras exista déficit, el porcentaje a aplicar a las pensiones anualmente es el 0,25% como ya ocurrió este año y el anterior.
Con todo esto, el proceso de empobrecimiento de los pensionistas en nuestro país en los próximos años, será uno de los más intensos de la OCDE, debido a la reforma del Gobierno de 2013, que rompió con la revalorización respecto al IPC y estableció un mecanismo de devaluación de las pensiones. Este Índice de Revalorización, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, provocará una reducción en términos reales de un 30% de la pensión a lo largo de veinte años.
El Gobierno y algunas fuerzas políticas contemplan el problema desde la distancia, como si no fuese con ellos, y esta actitud y sus declaraciones, que son verdaderas provocaciones, indigna a los pensionistas y cada vez más, porque han recortado conscientemente las pensiones con un fin: obedecer el mandato de Europa y ahorrar 33.000 millones de euros hasta el año 2022 a costa de nuestros mermados bolsillos.
Estamos impulsando un campaña para protestar contra la insuficiente subida de las pensiones del 0,25% para este año, impuesta por el del PP, a través de la reforma de pensiones de 2013, que nos ha condenado a perder poder adquisitivo este año y que volverá a ocurrir lo mismo para 2018 y sucesivos.
Pretendemos que en ella se impliquen los presentes y los futuros pensionistas, los trabajadores y trabajadoras y en especial nuestros jóvenes, porque defender las pensiones es cosa de todos/as
Es por esto que insistimos en la necesidad de priorizar la aplicación de medidas dirigidas a aumentar los ingresos del sistema, entre ellas políticas para acabar con el alto nivel de desempleo, la devaluación salarial y la precariedad del empleo.
El Estado tiene que asumir los gastos de la administración de la Seguridad social, hay que eliminar las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a ella, suprimir los topes y luchar contra el fraude y economía sumergida.
Por todo ello creemos que es el momento de dar un paso más en las movilizaciones y en la presión a este Gobierno. Si el Gobierno no retira ni la reforma laboral ni la reforma de las pensiones del año 2013 llegaremos hasta donde haya que llegar, y, si se dan las circunstancias, llegaremos hasta la máxima movilización, con el compromiso y la unidad de todos.»
Para el próximo 15 de marzo, a la misma hora y lugar, está convocada una nueva concentración.
UGT considera necesario derogar ya la reforma de 2013, que condena a los pensionistas, presentes y futuros, a un empobrecimiento progresivo. También volver a recuperar el IPC como referente para subir las pensiones y, a través del diálogo social y del Pacto de Toledo, llegar a un acuerdo que asegure pensiones dignas para todos y todas.
