Espera que la Audiencia provincial atienda el recurso de los condenados de Arcelor

Marina Pineda, abogada laboralista y actualmente concejala socialista en el Ayuntamiento de Gijón, protagonizó la sesión matinal de la Escuela de Verano, haciendo un repaso a las principales novedades en materia de legislación laboral. En su opinión, las políticas del Gobierno de la nación han provocado en los últimos años una importantísima devaluación de las condiciones de trabajo en este país.

Así, matizó que esto no solo ha afectado a las condiciones laborales sino también los derechos  sociales, que han sufrido una importante devaluación como se puede ver en la reforma de la ley del aborto, las tasas judiciales o la ley mordaza, que se realiza a través de la reforma del código penal y de la ley de seguridad ciudadana, con el fin de acallar las protestas que en los últimos años se han recrudecido precisamente por las políticas de recorte.  Para Pineda, “esta norma no solo concede poderes exorbitantes a la policía y nos devuelve casi a un estado policial, además afecta de modo importante a los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente el de libertad sindical”.

La abogada también denunció los retrocesos en materia de derecho de huelga, destacando que hay en España más de 300 sindicalistas procesados, algunos de ellos condenados a prisión, con el caso más grave de los cinco sindicalistas de Arcelor condenados a un total de 21 años de prisión en conjunto, situación que espera “que se repare por la Audiencia provincial porque en este momento están pendientes de recurso”. También explicó la necesidad de proceder a la derogación del artículo 315.3 del código penal.

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