El 23 de septiembre se celebra el Día internacional contra la explotación sexual de mujeres y niñas. Según datos de Eurostat, más del 80% de las víctimas de trata de seres humanos en Europa son mujeres y niñas y, en el caso de la trata con fines de explotación sexual, el porcentaje supera el 95%. A estos datos preocupantes hay que sumar la crisis migratoria, que ha sido aprovechada por las redes delictivas implicadas en la trata para actuar contra las más vulnerables, en particular mujeres y niñas. Las cifras de la trata sexual son obscenas; según la OIT, sólo por detrás del tráfico de armas y estupefacientes, este “negocio” mueve al año entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

La Corte Penal Internacional ha catalogado la trata de personas como un delito de lesa humanidad, uno de los crímenes más graves que se cometen contra ésta, al tratarse de una violación grave de los derechos humanos de quienes son objeto de ella; porque a eso reducen a las personas, a meros objetos. Y en el caso de la trata para la explotación sexual, innegablemente relacionada con la prostitución, la violación de derechos humanos hunde sus raíces en la desigualdad entre mujeres y hombres. Es una forma de esclavitud, de dominación, de violencia, que ocasiona efectos devastadores e irrecuperables sobre las víctimas.

En este contexto, algunos han decidido constituir un “sindicato” de proxenetas, que se hace llamar OTRAS. Significativo el nombre que se otorgan, pero que aborrecería a la mismísima Simone de Beauvoir, cuando en “ El segundo sexo” dejó claro que el mundo está concebido en términos masculinos y que la mujer, es la “otra” en esta sociedad. Y que, así las cosas, “no se nace mujer, se llega a serlo”.

Cualquier marchamo de legalidad que se pretenda dar a una actividad ilícita, o que aprovecha vacíos legales, beneficia exclusivamente a los explotadores, legitima el comercio con seres humanos y deja a las víctimas aún más desprotegidas de lo que están ahora.

No podemos encubrir ni ser cómplices de un sistema que pretenda dar carta de naturaleza a la prostitución, porque es explotación de personas. El Informe sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género del Parlamento Europeo en 2014 se refiere a los dos modelos vigentes en materia de prostitución: el modelo nórdico, abolicionista, que considera la prostitución como violación de derechos humanos y sanciona a quienes demandan servicios sexuales y el modelo regulacionista, que entiende la prostitución como otra forma de trabajo, regulada, y las mujeres serían libres de contratar gestores, también conocidos como proxenetas, legalizando la esclavitud sexual y la desigualdad de género para las mujeres.

El primero sería el vigente en Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Canadá o Francia, en los que los índices de igualdad son altos ; y el segundo sería el vigente en Alemania, Países Bajos, Dinamarca, etc. El éxito del primer modelo es claro: el efecto de esta legislación en Suecia ha sido espectacular; la población sueca que ejerce la prostitución es la décima parte que la de la vecina Dinamarca, donde la compra de servicios sexuales es legal y la población total es menor. En cambio, el Gobierno alemán admitió ya hace tiempo que la ley de legalización de la prostitución no había reducido la delincuencia y más de un tercio de los fiscales alemanes señalaron que la legalización de la prostitución había complicado su labor de perseguir la trata de seres humanos y el proxenetismo hasta el punto de que se habla de Alemania como del gran burdel de Europa o el paraíso de los megaburdeles con tarifa plana: sexo, cerveza y salchicha por 15 €. Y quienes lo han vivido en primera persona hablan del burdel como un campo de concentración, lo que da una idea de las atrocidades que sufren allí las mujeres.

Ante todo esto, hemos de invertir en educación sexual y afectiva desde la infancia, en sensibilización y formación en materia de igualdad, que permita cambiar el orden de las cosas y alcanzar una sociedad en la que lo normal no sea una población masculina que demanda sexo de pago, cada vez más joven, por cierto.

Y, por último, dejar de pervertir el lenguaje e intentar comprar voluntades; no puede ser un sindicato un grupo de proxenetas que busca blanquear y perpetuar su perverso negocio forjado sobre la desgracia ajena y sobre la explotación sexual de sus congéneres. Un sindicato es otra cosa, y merecen un respeto quienes defienden los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Porque ¿cuál sería el absurdo? ¿veríamos en una hipotética mesa de negociación del “trabajo sexual” al proxeneta convertido en digno empresario? ¿Estamos dispuestos a tragarnos eso? ¿Y al otro lado de la mesa? ¿Esos mismos proxenetas ahora en el papel de representantes de sus explotadas?

Defendamos primero y ante todo sus derechos humanos, y parejamente luchemos para que estas personas explotadas indignamente puedan acceder a la formación adecuada para alcanzar, en condiciones de igualdad, un trabajo que les permita desarrollarse como seres independientes y autónomos.

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