El año que termina ha sido muy duro para los trabajadores y trabajadoras a pesar de que la economía ha mostrado signos positivos y acelerado sus ritmos de crecimiento.

De poco sirve un crecimiento que no traslada a la ciudadanía y claramente estamos en esa tesitura. Cerramos 2017 en Asturias con 77.924 personas en paro, que son 6.200 menos que hace un año, pero siguen siendo muchísimas más de las soportables. Más de la mitad de ellas no cobra prestación por desempleo, ello sin contar que hemos perdido 17.500 activos en una comunidad como la nuestra que está entre las que presentan las más bajas tasas de actividad. Además, el 19% de la población asturiana se encuentra en riesgo de pobreza y el 40% de los trabajadores percibe salarios netos inferiores a 1.000 euros mensuales.

La situación es consecuencia de la precarización y de la devaluación salarial, fenómenos abonados por la reforma laboral. Sí, la contratación ha crecido, pero lo ha hecho sobre la endeble base de la parcialidad y la rotación. De los contratos registrados en octubre, el 44% fueron a tiempo parcial, y de éstos otro 44% es de una duración inferior al mes.

Esta precarización tiene mayor incidencia en los colectivos más desfavorecidos, especialmente las mujeres, y acrecienta la brecha salarial. Por eso es imprescindible una ley de igualdad salarial, así como el impulso, en la negociación colectiva, de planes de igualdad y protocolos para prevenir el acoso laboral.

La consecuencia clara de la precariedad es la aparición y, lo que es peor, la generalización, de la figura del trabajador pobre, denominación que describe a quienes cuentan con un empleo que no les sirve para escapar de la pobreza. La problemática no solo afecta individualmente a quien la sufre –será complicado para los trabajadores en precario acceder a pensiones dignas– sino que tendrá repercusiones generales, pues la merma de las cotizaciones amenaza la viabilidad del sistema público de pensiones. Por insistimos en que hay que derogar la reforma de 2013 de la Seguridad Social y revisar las fuentes de financiación.

Éste es el panorama general con que se cierra 2017, y nuestro análisis es que no podemos continuar con una economía en crecimiento cimentada en un mercado laboral precario y en el deterioro de las rentas del trabajo.

El crecimiento económico debe ser duradero y sostenible socialmente, y para eso tiene que apoyarse en actividades de alto valor añadido. Así que además de derogar la reforma laboral, que es el origen de la salvaje precarización, hay que sumar al cambio de política que queremos otros elementos, como un pacto de estado por la industria, porque ésta genera empleo de calidad.

En este momento, el objetivo fundamental para nosotros es la mejora salarial. Es preciso que los trabajadores –también los empleados públicos– recuperemos el poder adquisitivo perdido, más de cinco puntos entre 2010 y 2017. Por eso partimos de que los convenios colectivos recojan salarios superiores a 1.000 euros mensuales y cláusulas de garantía ante la evolución de los precios.

En este contexto, es muy positiva la subida del Salario Mínimo Interprofesional, un acuerdo que debe ser el punto de inflexión en la tendencia de devaluación salarial que venimos soportando.

En cuanto a Asturias en concreto, persisten problemas que urge abordar porque lastran la competitividad e influyen negativamente en la actividad económica, como las malas comunicaciones o las obras sin finalizar (Variante de Pajares, deficiente red de cercanías…). Están, además, las amenazas inminentes sobre sectores como el carbón, y la incertidumbre energética que se cierne sobre nuestras grandes empresas industriales por la falta de un plan claro en esta materia. Por nuestra parte, recientemente hemos reiterado la importancia de la concertación autonómica y la exigencia de que se pongan en marcha sin dilación las medidas acordadas en ella.

Era importante, en este escenario, evitar una prórroga presupuestaria, pero lamentablemente eso no ha podido ser por la incapacidad de las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo que hubiera sido beneficioso para la ciudadanía de Asturias, sobre todo porque el proyecto presentado contemplaba una fuerte inversión social.

En síntesis: queremos que en 2018 se produzcan los necesarios cambios para que el ciclo económico positivo empiece a llegar a los trabajadores y a las familias. Y la negociación colectiva va a ser un elemento crucial para lograrlo.

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