Javier Fernández Lanero
Javier Fernández Lanero

Este 22 de marzo se cumplirán diez años desde que se puso en marcha en nuestro país la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, una norma que nació con el objetivo de convertirse en un instrumento eficaz contra la violencia de género, la discriminación salarial y en materia de pensiones, el mayor desempleo femenino -con la escasa presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad – y para contribuir a solventar los problemas de conciliación entre la vida personal y laboral.

Es verdad que la sociedad va evolucionando y que ya no estamos como hace doscientos años, en aquellas épocas en las que plantearse la igualdad de género efectiva era algo inconcebible, pues se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los hombres. Tampoco, afortunadamente, sucede lo que hace cuatro décadas, cuando las mujeres solteras solo podían trabajar con permiso masculino, y si se casaban ni siquiera podían trabajar. Hemos avanzado mucho en este aspecto, con hitos tan destacados -fruto de la dura lucha feminista- como el derecho al voto o la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer.

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley de igualdad, la realidad que es que las mujeres siguen presentando niveles de desempleo más elevados que los hombres en una dinámica que se intensifica con la edad: entre el colectivo de parados mayores de 45 años las mujeres son gran mayoría.

Además, el empleo que encuentran las mujeres suele estar ligado al sector de servicios, que es donde más precariedad laboral existe, por eso son las que la sufren de manera más intensa. La tasa de temporalidad femenina supera en tres puntos porcentuales a la masculina, casi el 80% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres y el salario medio femenino se cifra en el 76% del masculino (brecha salarial). Mientras, y a pesar de que las mujeres obtienen mejores resultados académicos que los hombres, éstos siguen ocupando la mayoría de los puestos de dirección.

Se sabe también que las mujeres son las más afectadas por los accidentes laborales in itínere, una circunstancia claramente ligada a la temporalidad, parcialidad y rotación en sus empleos en combinación con una mayor carga de estrés por tener que asumir simultáneamente las obligaciones laborales y domésticas. Porque, no nos engañemos, las tareas del hogar siguen siendo casi competencia exclusiva de las mujeres. Más del 90% de las excedencias por cuidado familiar el año pasado fueron solicitadas por mujeres.

Así, aunque tengamos un marco legal para la igualdad, implícitamente seguimos siendo una sociedad machista. Se percibe en mucho de lo que nos rodea, en los informativos, en el lenguaje, en los hogares, en el trabajo, en la publicidad, en el deporte, en el cine, en la religión, en las redes sociales. Ante ello, es fundamental la educación. La que recibimos en casa, pero también la de la escuela, que es un espacio que debe enseñar cómo es la sociedad en que vivimos, cómo debemos funcionar y comportarnos en ella, cómo gestionar los conflictos y cómo todos los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, oportunidades, libertades y responsabilidades.

De poco sirve una Ley de igualdad si no consigue implantarse en la realidad. Por eso, como reflexión, al cumplirse diez años de esta norma, tenemos que plantearnos darle mayor presencia e impulso, para que definitivamente pase del BOE a nuestro día a día, de tal modo que alcancemos plenamente la igualdad de oportunidades. Para ir a la escuela, a la Universidad, para acceder a un trabajo, a servicios de salud y prestaciones de Seguridad social, para desempeñar puestos de dirección y, en suma, para tener una vida libre y autónoma.

A lo largo de nuestra historia las mujeres han ido conquistando derechos en el reconocimiento de la igualdad de género, pero nos queda mucho trabajo -también y sobre todo a los hombres- para conseguir que la igualdad sea en la práctica ese principio constitucional que establece que “todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto”.

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