Para Rodríguez Braga, las medidas son fundamentales para la industria, columna vertebral de la economía asturiana
En la mañana de hoy tuvo lugar, en la sede del Consejo Económico y Social, una reunión entre FADE, CCOO y UGT con los diputados nacionales y senadores asturianos de todo el espectro político. Este encuentro, impulsado por el Secretario General de UGT, Justo Rodríguez Braga, tiene como objetivo trasladar a los representantes políticos las principales preocupaciones y problemas en materia de infraestructuras, fiscalidad y energía, cuya competencia depende de la Administración central, y pedirles que intervengan activamente desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad para impulsar su resolución.
Desde el punto de vista de UGT es fundamental “alcanzar el consenso político en torno a las medidas que se piden, que son primordiales para la economía asturiana y especialmente para la industria, que es la columna vertebral del desarrollo y el empleo” tal y como manifestó Rodríguez Braga.
En concreto, en materia de infraestructuras, los agentes económicos y sociales plantearon la necesidad de finalizar las obras de la Variante de Pajares y concluir el tramo de alta velocidad León-Valladolid, de tal manera que entre en servicios en su totalidad entre Pola de Lena y Madrid el primer semestre de este año. Además, urgen a resolver el problema de la línea marítima Gijón-Nantes, a buscar una solución a la potencial carga financiera derivada de los sobrecostes y no comprometer con ella la competitividad de El Musel y a acometer de inmediato la construcción de los accesos. En cuanto al aeropuerto, demandan un tratamiento que reconozca su papel como activo fundamental para la región.
En cuanto al sector energético, se consideran prioritarios tres elementos: la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, la construcción de la Línea de alta tensión Sama-Velilla y dar un precio competitivo y estabilidad tarifaria a medio/largo plazo para la industria asturiana.
Por último, en materia de fiscalidad, se trasladó la necesidad de evitar el dumping fiscal entre autonomías procurando una armonización fiscal real entre las comunidades que pudiera estar sustentado en un pacto de Estado.
