El mes de marzo arroja una caída interanual del paro registrado del 3,6% situándose el nivel de desempleo en 75.124 parados. Este descenso es inferior a la media del país (4,9%). En relación al mes anterior Asturias registra un comportamiento similar al de España con un retroceso del 1,3% y 1%, respectivamente.

En términos de afiliación a la Seguridad Social, Asturias muestra un menor ritmo de subida con un aumento del 1% en términos interanuales y por debajo de la media española con un 2,9%.

Un mes más cabe resaltar negativamente la fuerte precariedad laboral, donde el 92% de los contratos registrados es de carácter temporal, lo que arroja una ratio de 1 contrato indefinido por cada 11 temporales. En el mes de marzo se produce un nuevo desplome de la contratación indefinida que retrocede un 20% interanual por encima de la caída registrada en España (7%).

Este avance del empleo precario se constata también en el aumento de la contratación a tiempo parcial (más de un tercio de los nuevos contratos son de esta naturaleza), lo que supone que se está produciendo sustitución de empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial. A esto se añade la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de acuerdo con la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, en el año 2018 los salarios en Asturias arrojaron una caída en términos reales, situación inaceptable con tasas de crecimiento económico en torno al 2,5%.

Señalar negativamente el bajo nivel de protección frente al desempleo que se sitúa en el 48,6%, lo que implica que más de la mitad de los parados ya no cobra prestación 51%.

Otro aspecto negativo es el aumento de las diferencias de género, donde del total de la caída del paro el 80% se atribuye al colectivo masculino. Asimismo aproximadamente el 60% del paro regional total es femenino, lo que pone de manifiesto las mayores dificultades que tienen de las mujeres para acceder a un empleo.

Ante este escenario adverso es fundamental derogar la reforma laboral, al ser la principal causante de este deterioro del empleo, así que dotar de los medios económicos y humanos necesarios a los Servicios Públicos de Empleo para la puesta en marcha de políticas activas de empleo y aumentar la protección frente al desempleo. Todas estas actuaciones deben ser puestas en marcha siempre enmarcadas en el diálogo social con patronal y sindicatos.

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