Marina Pineda y Eva Menéndez

La abogada laboralista y actualmente concejala por el PSOE en Gijón, Marina Pineda, y la profesora de Derecho administrativo de la Universidad de Oviedo, Eva Menéndez Sebastián, analizaron esta mañana en la Escuela internacional de Verano Manuel Fernández López Lito los efectos de la contratación administrativa en las relaciones laborales, un tema está generando controversia y debate social sobre todo en estos momentos de crisis económica donde “todas las miradas se giran hacia las administraciones públicas”, tal y como señaló Pineda.

En opinión de la abogada y política esto se hace, en unos casos “para aplicar estas políticas de la derecha de recorte de los servicios públicos” y en otros “para pedir que se potencie el papel de las administraciones públicas como prestadoras de servicios, de asistencia”. Así, Pineda estima que “partiendo de la necesidad de que prevalezca la gestión directa de estos servicios públicos, no puede olvidarse que una gran parte de éstos se prestan a través de la contratación pública y las normas de contratación siempre han sido muy rígidas para garantizar la igualdad de oportunidades de las empresas y la transparencia en los mecanismos de contratación”.

En su opinión “esta rigidez ha llevado a que las adjudicaciones de contratos se rijan principalmente por el criterio del precio, lo que ha traído muchísimos problemas a lo largo de los años”. En este momento la Unión Europea está promoviendo un cambio en las políticas de contratación pública partiendo de que ésta puede ser un elemento que contribuya a la cohesión social, a la dinamización económica, a la creación de empleo y a la creación de empresas por lo que, tal y como explica Pineda “se hace necesario una revisión de los criterios aplicados en nuestra legislación, una aprobación de una nueva ley de contratos del sector público, y, sobre todo, que las administraciones públicas asuman su responsabilidad social y lo hagan aplicando cláusulas sociales y garantías de introducir elementos de promoción del empleo protegido como de garantía de los derechos laborales de los trabajadores que prestan servicios indirectos para la administración pública”.

En la misma línea, la profesora Eva Menéndez Sebastián señaló que lo que tratan de lograr las actuales directivas es “utilizar la contratación, que es el 20% del PIB de la Unión Europea, para fomentar que los derechos de los trabajadores se garanticen o incluso se mejoren”. Así, cree que lo que se busca es que la administración en sus contratos “imponga una serie de medidas que cumplan con esos derechos y además se exige a los estados que controlen este cumplimiento”.

Menéndez reconoció que, no obstante, la introducción de esta normativa no es sencilla puesto que también hay que tener en cuenta la igualdad de oportunidades para las empresas. La profesora constata, por otra parte, que las administraciones no están cumpliendo con la labor de control posterior, aunque algunas la están empezando a llevar ya a cabo”. Las normativas europeas en esta materia son de 2014 y deberían haberse trasladado a la legislación española ya, pero la actual situación política con un gobierno en funciones ha entorpecido la trasposición.

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