Aspecto de la reunión para cambiar impresiones y analizar la situación del programa de acogida y apoyo.

La patronal y el Estado colombiano tienen un largo historial de persecución al momento sindical. La Central Unitaria de Trabajadores CUT fundada en noviembre de 1986 tiene a la fecha más de 3.166 asesinados entre dirigentes y activistas, con una altísima impunidad.

En Colombia no se cumplen los derechos laborales, no se respeta la libertad sindical ni los derechos humanos. Hay una cultura antisindical enraizada en sectores de la patronal tanto privada como estatal, que sigue la estela de los señalamientos donde algunos empresarios, agentes de los gobiernos y mandos de la fuerza pública, expresan abiertamente que los sindicalistas son enemigos del progreso, acaban con las empresas y hasta de ser guerrilleros de civil en algunos casos. Después de un estigma como ese, el despido resulta el mal menor, pues después de los señalamientos, vienen las amenazas hostigamientos, desplazamientos forzados y asesinatos impunes de líderes y activistas, a manos de grupos paramilitares y agentes del estado.

El gobierno colombiano presidido por Iván Duque desde agosto de 2018, junto a sectores de la patronal criolla y las multinacionales presentes en el país, tienen cada una parte y responsabilidad en el genocidio en curso contra la dirigencia social, que en los últimos dos años y medio ha costado la vida a más de 600 personas valiosas en sus comunidades y en sus sindicatos. Colombia es uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer los derechos y libertades sindicales. El 89,4% de las víctimas de la violencia antisindical eran dirigentes que defendían derechos humanos y laborales, exigían garantías, denunciaban la corrupción, apoyaban la paz y participaban en huelgas, movilizaciones y protestas.

En Colombia se persigue a muerte a la persona sindicalista o en el mejor de los casos se le apresa porque desde hace años se criminalizó la acción sindical, se le da tratamiento punitivo y de orden público a los conflictos laborales, siendo las principales víctimas los sectores de la agroindustria, la minería, la energía y el sector público, algunos de estos son estratégicos para el plan de saqueo denominado por los últimos gobiernos como “las cinco locomotoras”.

A pesar de las cifras en la 108 Conferencia de la OIT que se acaba de realizar, se excluye a Colombia de la lista de los países a ser llamados ante la Comisión de Normas, dejando la impresión de que lo que ocurre en nuestro país no es más grave que en otros 24 países del mundo. Saludamos la inclusión de Brasil cuya clase obrera padece las reformas del gobierno de Bolsonaro, pero seguimos expresando que lo sucedido en la OIT este año no es suficiente para lo que   necesita y espera la clase obrera colombiana. Las denuncias contra el gobierno y el empresariado colombiano continúan. La Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional darán espacio a la CUT Colombia para expresar los ataques del gobierno Duque al proceso de paz, el incumplimiento de los compromisos laborales exigidos por la comunidad internacional y el asesinato de líderes sociales.

Agradecemos la solidaridad moral y efectiva de UGT con la clase obrera colombiana, especialmente su destacado papel solidario con el sindicalismo Colombiano en las asambleas anuales de la  OIT y el evidente apoyo en Asturias con su participación en el Programa de Derechos Humanos que cada año ampara temporalmente a personas como nosotras, que amenazadas de muerte y perseguidas por el sistema, encontramos aquí  la oportunidad de protegernos  un tiempo, intercambiar experiencias en otras dinámicas y oxigenarnos para continuar defendiendo los derechos sociales y sindicales.

Colectivo de Colombianos-as Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina”.

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