Alrededor de cuarenta mil ciudadanos y ciudadanas participaron en la mañana del sábado en Gijón en la manifestación para exigir pensiones dignas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la defensa del Sistema Público de Pensiones y contra la subida de miseria decretada por el Gobierno del 0,25%, como ha venido haciendo desde 2014. Manifestaciones y concentraciones masivas similares tuvieron lugar al mismo tiempo en las principales ciudades y pueblos de nuestro país en una movilización masiva e histórica que no parará hasta alcanzar los objetivos propuestos.
Para UGT, estas manifestaciones demuestran que, una vez más, la sociedad está exigiendo al Gobierno un modelo público de pensiones eficaz, eficiente y viable, algo que resulta incompatible con la reforma que el Partido Popular aprobó en solitario en 2013 y que contiene un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo.

El Gobierno ya no tiene la mayoría absoluta de 2013, por tanto, no puede mantener, contra todos, una reforma que empobrece a los pensionistas presentes y futuros subiéndoles la pensión un 0,25%, mientras la economía crece al 3% y los precios se sitúan en el 1,1%.

Negociación y consenso

Es necesario que el Ejecutivo se ponga a trabajar y busque soluciones de manera urgente, negociada y consensuada con los agentes sociales. Para empezar, derogando la reforma puesta en marcha sin consenso en 2013, aumentando el poder adquisitivo de las pensiones y garantizando la viabilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo y del Diálogo Social.
Además, es fundamental reclamar la reforma inmediata de las fuentes de financiación, mediante una nueva recomendación del Pacto de Toledo que permita que el sistema no sólo se financie a través de cotizaciones como fuente básica y principal sino también, adicionalmente, con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización.
También, el Pacto de Toledo debe establecer que la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC como mínimo es un derecho inherente al cobro de pensión, de carácter no contributivo (se contribuye solo para generar la pensión no para la actualización de la misma) y como tal ha de financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no con los fondos de la Seguridad Social.

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