El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, exigió hoy en Gijón unidad a los partidos y agentes sociales y económicos para afrontar los problemas de Asturias y pidió un Plan Industrial que apueste por actividades de alto valor añadido. Fernández Lanero hizo estas manifestaciones durante una rueda de prensa en la que presentó un análisis del sindicato sobre la realidad sociolaboral y económica de Asturias.

Tal y como recoge la agencia Europa Press, «Lanero, en rueda de prensa en el salón de actos del centro de formación de la Cámara de Comercio de Gijón, ha advertido que o todos en Asturias se ponen de acuerdo para defender lo mismo o no va a venir nadie para hacerlo.

Entre otras cosas, ha visto preciso este Plan Industrial  para Asturias, igual que se reclamó uno energético. Unido a ello, ha reclamado que haya un Gobierno en este país para, entre otras cosas,  que se apruebe el Estatuto Electrointensivo. También ha defendido la implantación del arancel medioambiental y que se acabe con el sistema de subasta eléctrica.

Y en materia energética, ha aludido a los 57 proyectos presentados de energía renovable para captar fondos de la UE y a la necesidad de que se aprueben «los máximos posibles». En este sentido, ha mostrado su deseo a que en 2020 se puedan destinar fondos ya e esos proyectos, así como el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica para que estos salgan adelante y combatir los efectos de la transición energética.

Unas medidas que quieren abordar en el marco de la concertación social, como también otras para atajar el problema demográfico y de formación adaptada a las necesidades del futuro.

Precisamente ha visto importante firmar en enero el acuerdo de concertación social, como también que haya acuerdos de Legislatura para que cada 1 de enero de cada año haya presupuestos económicos, de forma que se pueda salir de la parálisis legislativa pasada, en la que hubo prórroga dos años.

A esto ha sumado a la necesidad de que la sociedad civil, a través de sus representantes, esté representada otra vez en el Consejo Económico y Social. Es por ello, que ha dicho confiar en que con el nuevo Gobierno se busquen acuerdos con otros partidos para llevar a efecto esta cuestión.

El dirigente sindical ha incidido, también, en que no se puede estar continuamente reclamando que acaben unas infraestructuras que son de los siglos XIX y XX, sino que hay que hablar de las del siglo XXI. «El Área Metropolitana debe ser una realidad», ha conminado, como también ha apostado porque el Corredor Atlántico debe ser una auténtica vía comercial de la que Asturias salga beneficiada.

Por otro lado, Lanero ha dibujado una ‘difícil’ situación económica, de crecimiento por debajo de la media nacional, caída de la producción industrial, mayor destrucción de empleo, gasto en I+D+i por debajo de la media española y de la regional antes de la crisis, aumento de la temporalidad y bajada de la tasa de actividad económica.

ADAPTACIÓN DIGITAL

A este panorama ha sumado un estudio que alerta de que en 2030 España va a perder seis millones de empleos por no adaptarse a las nuevas tecnologías. En este caso, ha señalado en que quedan diez años por delante para prepararse. «El momento de actuar es  ahora», ha advertido.

En esta línea, ha propuesta que la jornada laboral se divida en 32 horas de trabajo y ocho de formación semanales, para adaptarse a estos cambios que llegan y acotar la brecha digital. Ha alertado, también, de que las mujeres no se están incorporando a formaciones que tienen que ver con las tecnologías, por lo que debe haber una orientación de género.

También ha enfatizado que los beneficios de esta nueva economía de momento van a ser para las empresas, ya que producen con menos trabajadores lo mismo, por lo que piden una cotización a los robots, una tasa digital, y crear un fondo de desempleo tecnológico para que no haya gente «que se quede por el camino», ha remarcado.

Unido a ello, ha visto preciso un cambio «integral» en este aspecto y actuar en la formación reglada pero también la ocupacional. A su juicio, si todos están en línea de que es una amenaza que hay en España,  lo que hay es que ponerse de acuerdo en ver cómo hacerlo. Ha considerado necesario, vinculado a ello,  tener acceso a Internet en toda Asturias.

Y si bien ha matizado que UGT no dice que lo paguen todo las empresas, quien no lo va a pagar son los trabajadores. Ha recordado, sobre esta cuestión, que las empresas se quejan mucho de que no tienen profesionales.

También ha pedido medidas contra el despoblamiento y a la dispersión de la población, a lo que ha remarcado que desde Asturias van a seguir exigiendo un modelo de financiación autonómica «solidario». A su juicio, lo importante es que todos tengan calidad en servicios públicos independientemente de donde vivan.

Otras propuestas han sido tener un nuevo Estatuto de Trabajadores, pero antes derogar los artículos más lesivos de  la Reforma Laboral; la derogación de  la reforma de pensiones, la subida a 1.000 euros del Salario Mínimo Interprofesional, una reforma fiscal «integral, justa y equitativa» con más inspectores que persigan el fraude laboral y fiscal  y una ley de igualdad salarial.

Además, ha instado al Gobierno de España a que defienda en Europa un plan de integración para los inmigrantes y  no esperar estos en un barco dando vueltas hasta que un país los acoja. Un plan que sería de asistencia en primer lugar y de integración después.

En términos económicos, ha indicado que la previsión de crecimiento es de 2,2 frente al 2,4 de la media nacional, con una caída de producción industrial cuando en España crece y en Asturias lo hizo el pasado año.

Ha apuntado, además,  que en Asturias es donde mayor destrucción d empleos hubo, con 4.800 menos que en 2018. Asimismo, el gasto en I+D+i se sitúa en el 0,8, cuando en España es del 1,2 e incluso en Asturias, en 2008, fue del 0,97.

Por otro, lado, hay 10.000 personas ocupadas menos que el pasado año y 4.000 parados más, que provoca un descenso de la población activa y una baja tasa de actividad. Según él,  51 por ciento de parados no tiene ningún tipo de prestación. Mientras que hubo una caída del 15 por ciento de los contratos indefinidos y sube un uno por ciento la contratación. Esto se traduce en un aumento de la  temporalidad.

Y si bien crecen ligeramente los salarios, lo ha achacado a la subida del SMI y por la firma del IV acuerdo de negociación colectiva.   Aún así, ha incidido en que es tan ligera esta subida que no compensa la pérdida de  poder adquisitivo. De hecho, aumenta la tasa de pobreza hasta el 21 por ciento, un 3,7 por ciento más que en 2018″.

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